La deuda pública acaba de batir un nuevo récord. En el segundo trimestre el volumen de pasivos acumulados por el conjunto de las administraciones públicas alcanzó 1.137 millones de euros, es decir 30.000 millones más que a finales del 2016. En principio, los españoles tendrían que trabajar sin cobrar durante un año entero, sólo para devolver lo que deben colectivamente.
Si el endeudamiento sigue avanzando es porque sus consecuencias son indoloras, por ahora. El Estado está consiguiendo financiación a un coste reducido, por la buena marcha de la economía. Pero también gracias a las cuantiosas compras de deuda del Banco Central Europeo. Así pues, desde el inicio de las medidas ultra-expansionistas del BCE, los gastos por intereses se han reducido. Mientras tanto, las administraciones públicas han contraído más deuda, por un total de cerca de 250.000 millones de euros. Sin el apoyo del BCE, las cargas financieras se hubieran encarecido, lo que sin duda hubiera obligado a un esfuerzo excesivo de moderación del déficit, descarrilando la recuperación.
«El FLA ha aportado un balón de oxigeno para pagar la educación, la sanidad y otros servicios castigados por la crisis. Pero el sistema también ha reducido el incentivo para reducir los desequilibrios y mejorar la calidad de los servicios prestados por las autonomías. El resultado es que su deuda sigue avanzando, a un ritmo incluso superior al de la economía».
En el caso de las administraciones autonómicas, el endeudamiento ha tenido incluso un impacto positivo. De facto, el Estado ha asumido las emisiones de deuda para cubrir el déficit de las otras administraciones –todo ello gracias al Fondo de Liquidez Autonómica (el famoso FLA). De esta forma, las autonomías se han ahorrado al menos 25.000 millones de euros.
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Gráfico 2
Así pues, el FLA ha aportado un balón de oxigeno para pagar la educación, la sanidad y otros servicios castigados por la crisis. Pero el sistema también ha reducido el incentivo para reducir los desequilibrios y mejorar la calidad de los servicios prestados por las autonomías. El resultado es que su deuda sigue avanzando, a un ritmo incluso superior al de la economía. La deuda autonómica representa un 25,1% del PIB, dos décimas más que a finales del año pasado. El porcentaje es significativamente mayor en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. Estas comunidades son también las que más han incrementado sus pasivos desde el inicio de la crisis.
El informe de expertos sobre la financiación autonómica da algunas pistas sobre cómo reformar el sistema. Se trata de asegurar la financiación de los servicios básicos, y a la vez mejorar los incentivos para la buena utilización de los recursos transferidos. Una solución sería la supresión progresiva, en un periodo razonable, de los fondos de suficiencia y de convergencia. Otra consistiría en ceder la totalidad de uno de los impuestos actualmente compartidos (por ejemplo el IRPF), de forma que cada comunidad pudiera asumir plenamente las consecuencias de una mejora de los servicios prestados. Un nuevo encaje entre administraciones centrales y autonómicas también ayudaría. Algunos de los ministerios de la administración central se podrían desplazar a otras comunidades, para favorecer la expansión de polos de desarrollo.
«Nada parece frenar el endeudamiento. Ni las entradas de impuestos conseguidas gracias al auge de la economía, ni la reducción de las cargas financieras facilitada por las medidas ultra-expansionistas del Banco Central Europeo. Las perspectivas no son favorables, teniendo en cuenta las últimas previsiones del Banco de España».
Por otra parte, la política de empleo podría convertirse en un potente instrumento de corrección de los desequilibrios territoriales y por ende de contención de la deuda, como lo demuestra la experiencia de Estados federales como Canadá. En España, el camino pasa por una refundación de las políticas activas junto con un fortalecimiento del seguro de desempleo y de la red de oficinas de empleo.
Finalmente, y como contrapartida a lo anterior, la mutualización de la deuda debería tener una contrapartida en materia de contención del déficit y de mejoras de estructura. La normativa en vigor, que prevé condiciones para el acceso a los mercados en condiciones favorables, tiene que aplicarse.
Nada parece frenar el endeudamiento. Ni las entradas de impuestos conseguidas gracias al auge de la economía, ni la reducción de las cargas financieras facilitada por las medidas ultra-expansionistas del Banco Central Europeo. Las perspectivas no son favorables, teniendo en cuenta las últimas previsiones del Banco de España, que apuntan a una desaceleración en los próximos meses. Paradójicamente, el conflicto en Cataluña añade urgencia a una reforma ineludible por motivos macroeconómicos, la de la financiación autonómica.
