La política fiscal ha acaparado buena parte de la atención esta semana. Todo apunta a que este año los Presupuestos Generales del Estado serán los mismos que en 2017 y no es descartable que la prórroga se extienda al próximo ejercicio, una eventualidad inaudita.
El gobierno asegura que la prórroga de los presupuestos facilitará el cumplimiento de los objetivos de déficit. Los compromisos de gasto que vencieron en 2017 no pueden prolongarse, lo que automáticamente reduce el gasto y el déficit. Además, mientras que el presupuesto se reconduce en Euros, los precios se incrementan y la economía se expande. El resultado es una caída del peso del gasto público en la economía, un aumento de la recaudación y una reducción del desfase presupuestario.
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Además, la prórroga no impide realizar algunos ajustes. Este es el caso de las pensiones, que se revalorizan de manera automática de acuerdo con una fórmula pre-establecida. El gobierno también puede proponer mediante decreto-ley un aumento de salarios en la administración y la convocatoria de plazas de funcionario, en función del resultado de las negociaciones con los sindicatos. Y la prórroga es compatible con la transferencia de fondos a las comunidades autónomas (o entregas a cuenta), para así asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales.
Sin embargo, este ejercicio de malabarismo fiscal, que combina prórrogas con ajustes puntuales, presenta importantes inconvenientes. En primer lugar, a falta de decisiones fiscales, la mayoría de analistas prevé una reducción del desequilibrio presupuestario algo menor a lo que anticipa el gobierno. La previsión de consenso es de un déficit del 2,4% del PIB para 2018, dos décimas más que el objetivo. En cuanto a 2019, mucho depende de la regla de gasto que se adopte en julio. Esta regla es importante porque guía los presupuestos de todas las administraciones, no sólo del Estado.
Una prórroga hace más improbable la reforma del sistema de pensiones. Esta debería ser impostergable por el déficit crónico del sistema, la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones, y el largo lapso de tiempo necesario para que cualquier ajuste entre plenamente en vigor.
«Lo que es más preocupante: la actual parálisis genera incertidumbre sobre el futuro económico del país. Para prolongar la fase de expansión, se necesitan presupuestos innovadores».
La inacción daña la credibilidad de los objetivos de deuda pública. El escenario macroeconómico del gobierno prevé una reducción del ratio de deuda pública sobre PIB, superior a 5 puntos. Esto significa que la deuda caería el doble que durante los tres últimos años, cuando la economía crecía más del 3% anula –algo que parece irrepetible. Además las proyecciones se basan en hipótesis benévolas sobre tipos de interés. Si estos aumentan, como han empezado a hacerlo en los EE.UU. y en menor medida en Europa, la senda de desendeudamiento quedará en entredicho y los mercados acabarán por exigir mayores rentabilidades de sus inversiones, sobre todo para los títulos de deuda de los países más vulnerables.
En un escenario menos favorable, pero nada descartable, de tipos de interés normalizados a partir de 2019, los objetivos de deuda solo se podrían respetar comprimiendo gastos, aumentando la recaudación, o alguna combinación de ambas medidas.
Lo que es más preocupante: la actual parálisis genera incertidumbre sobre el futuro económico del país. Para prolongar la fase de expansión, se necesitan presupuestos innovadores que refuercen la educación, limiten la interinidad en la administración pública –factor de baja productividad–, impulsen la investigación y las nuevas tecnologías, y mejoren la calidad del empleo.
Estas y otras acciones prioritarias requieren de cambios estructurales tanto en las actuaciones de las administraciones públicas como en el sistema tributario. A falta de ellas, el crecimiento de la economía se irá acercando al de la población en edad activa. Una perspectiva desfavorable, teniendo cuenta del envejecimiento demográfico.
Finalmente, otros países de nuestro entorno como Alemania y Francia están anunciando importantes reformas, muchas de ellas en relación con la transformación digital. España no puede perder ese tren.
Fuentes de los gráficos: IGAE, MINHAFP y Funcas.
