En 2019, el precio de gasolina y el gasóleo se encontraba en niveles próximos a 1,3 euros por litro. Tras la crisis energética de 2021-2022 y la posterior estabilización, los precios medios de ambos carburantes se asentaron cerca de los 1,5 euros por litro. Ahora, en los quince días transcurridos desde el inicio del conflicto con Irán (28 de febrero), el precio de la gasolina ha aumentado alrededor de 15 céntimos de euro frente a los 42 del gasoil, hasta llegar respectivamente a 1,71 y 1,84 euros el día 15 de marzo (gráfico 1). En este mismo período, el precio del barril de Brent ha escalado desde 80 hasta 102 dólares. Parece que las tensiones en el precio del crudo se mantendrán en el corto plazo, por lo que no es descartable que el precio de ambos carburantes alcance pronto los 2 euros por litro. No obstante, al menos por el momento, la curva de precios a futuro muestra una tendencia decreciente, situándose el precio del barril en alrededor de 75 dólares para finales de 2026.
Seguidamente, se analiza el impacto de la escalada en precios de carburantes sobre los hogares y en la recaudación impositiva (de mantenerse el IVA en el 21%). Se han comparado tres escenarios: (i) el previo al inicio del conflicto, (ii) la situación a 15 de marzo de 2026 y (iii) una hipotética situación donde los precios de gasolina y gasoil alcancen 2 euros/litro.
Impacto para los hogares
En promedio anual, los hogares consumen alrededor de 850 litros de carburantes -450 litros de gasolina y 400 litros de gasóleo (53% de gasolina y 47% de gasóleo) (INE, 2025). Como muestra el cuadro 1, este consumo supone unos 1.200 euros de media por hogar. Entre finales de febrero y el 15 de marzo, llenar un depósito mediano de 60 litros se ha encarecido en media en 20 euros. En promedio, la factura anual de combustibles se ha encarecido en este período en 225 euros. Si el precio de gasolina y gasoil escalaran hasta los 2 euros por litro, llenar el depósito de 60 litros supondrá alrededor de 33 euros adicionales. En este escenario, la factura de carburantes aumentaría en promedio unos 400 euros anuales.
El aumento en la recaudación
Los carburantes, gasolina y gasóleo de automoción, soportan un impuesto especial de hidrocarburos, además del 21% de IVA. El impuesto especial es una cantidad fija por litro, que actualmente está situada en 0,4731 y 0,3804 euros/litro, para la gasolina y para el gasóleo respectivamente. El gráfico 2 muestra la carga fiscal de gasolina 95 y gasóleo en los tres escenarios analizados. Combinando esta información con el consumo anual de carburantes mostrado en el cuadro 1, se ha calculado el impacto recaudatorio ligado al aumento de los precios de los carburantes. Los resultados mostrados en el gráfico 3 indican que, de mantenerse los precios vigentes a 15 de marzo de 2026 y el IVA al 21%, el impacto recaudatorio en términos anuales estaría próximo a los 500 millones de euros, pero rondará los 1.100 millones de euros si los precios alcanzan los 2 euros por litro. Estos incrementos recaudatorios son atribuibles al IVA. El motivo es que la recaudación de accisas disminuirá, muy probablemente, al caer la demanda de carburantes en respuesta al aumento de los precios.
La conveniencia (o no) de medidas fiscales para compensar el alza de precios
El shock en el precio de los carburantes está generando un intenso debate público sobre la conveniencia de aplicar medidas que compensen el coste para los hogares. Las posibles medidas fiscales descansan en la rebaja temporal de impuestos indirectos (IVA y/o accisa) y en la aplicación de bonificaciones sobre el precio de lo carburantes. Ambas medidas tienen un elevado componente regresivo al beneficiar en mayor medida a los hogares de mayor capacidad económica. Como muestra el gráfico 4, el consumo de carburante está claramente relacionado con el gasto total de los hogares[1].
Este tipo de medidas tiene, además, un elevado coste recaudatorio. El Banco de España ya estimó que la bonificación de 20 céntimos a los carburantes —vigente entre abril y diciembre de 2022— tuvo un coste recaudatorio próximo a los 3.100 millones de euros, beneficiando especialmente a los últimas tres deciles de renta. Existe además evidencia de que de las bonificaciones a los carburantes son parcialmente absorbidas por los distribuidores. Esta serie de inconvenientes, unido a las obligaciones de cumplimiento de las reglas fiscales, desaconsejan desde un punto de vista técnico la utilización de medidas fiscales generalistas como las descritas. Por el contrario, el previsible repunte de la inflación hace necesario insistir en la deflactación del IRPF —tanto de la tarifa como de todas las desgravaciones del impuesto expresadas en euros— para corregir el problema de la progresividad en frío.
[1] El gasto total es una variable proxy de la renta de los hogares