Una consecuencia de la incapacidad en que se encuentran los principales partidos para formar un gobierno es la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. En principio, los presupuestos para 2017 deberían estar aprobados antes de finales de mes, circunstancia que parece poco probable en el contexto político actual.
Una prórroga implica la reconducción de las partidas de gasto aprobadas para el presente ejercicio y la imposibilidad de emprender nuevas iniciativas. Por ejemplo, la inversión en infraestructuras, investigación y desarrollo, la cobertura de nuevas necesidades en materia de cobertura social, la financiación de las corporaciones locales, o la revalorización de las pensiones y de los funcionarios se verían gravemente afectadas. El servicio de la deuda pública no sufriría esas limitaciones –un magro consuelo. Por el lado de la recaudación, se reconducirían los tramos impositivos, así como el sistema en vigor en materia de pagos y devoluciones.
Esta situación también podría repercutir sobre el funcionamiento de las administraciones. El presupuesto se tendría que ejecutar sobre una base mensual lo que dificultaría la actividad de los servicios públicos y acabaría por perjudicar la recuperación económica.
«Hoy por hoy, una prórroga tendría un impacto moderado sobre el déficit, poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos de reducción acordados con Bruselas. A la inflación negativa se añade la tendencia a la baja que ha experimentado la recaudación durante el presente ejercicio».
En ocasiones anteriores como en el 2012 y sobre todo durante los años 1990, la prórroga de los presupuestos ayudó a reducir el déficit. A la congelación de numerosas partidas de gasto público se unió un aumento de los ingresos fiscales provocado por el mantenimiento de los tramos impositivos en un contexto de inflación.
Sin embargo, hoy por hoy, una prórroga tendría un impacto moderado sobre el déficit, poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos de reducción acordados con Bruselas. A la inflación negativa se añade la tendencia a la baja que ha experimentado la recaudación durante el presente ejercicio. Entre enero y julio, los ingresos por IRPF cayeron un 2%. En el caso del impuesto de sociedades la recaudación se contrajo en un 39,9%, una tendencia que perece difícil de revertir en la ausencia de nuevas medidas.
Gráfico 1
(*) Excluyendo las ayudas a instituciones financieras.
Fuentes: IGAE y OCDE
Gráfico 2
(*) Total de impuestos directos que recaen sobre las empresas.
Fuentes: IGAE y OCDE
¿Como operar una prórroga sin demasiados daños colaterales? La normativa otorga cierto margen para reconducir los presupuestos con los ajustes que requieren la situación actual y los compromisos comunitarios.
Primero, se deberían adoptar medidas urgentes para mejorar la recaudación del impuesto sobre sociedades. Las estimaciones de FUNCAS apuntan a una reducción de unos 7.000 millones de euros debida a cambios en el sistema de pago y devengos operados en este impuesto. Solo con recuperar el sistema de pagos anticipados para el impuesto sobre grandes empresas permitiría recuperar en tormo a la mitad de ese monto. Esta medida facilitaría el cumplimiento del objetivo para el presente ejercicio y daría un balón de oxígeno a las arcas públicas para hacer frente a los gastos en 2017.
En segundo lugar, antes de que acabe el presente ejercicio, el gobierno en funciones o el parlamento pueden adoptar medidas de revalorización de las pensiones y de los salarios en el sector público, así como de gasto necesario para asegurar el buen funcionamiento de la administración.
Finalmente las negociaciones con las autoridades comunitarias deberían tener en cuenta las sucesivas declaraciones del Presidente del Banco Central Europeo. El BCE advierte que los estímulos monetarios requieren del apoyo de la política presupuestaria para consolidar la recuperación. También anticipa un crecimiento económico para la zona euro del 1,6% para los dos próximos años. Se trata de un resultado a todas luces insuficiente para elevar la inflación hasta el objetivo del 2% y reducir el paro. No obstante, las recomendaciones de Bruselas en materia presupuestaria siguen teniendo un sesgo restrictivo. El riesgo es que las medidas excepcionales adoptadas por el BCE (tipos de interés negativos y compra de deuda pública y corporativa) sean cada vez menos eficaces y acaben por afectar gravemente los márgenes de la banca tradicional, en beneficio de entidades que no está sometidas a la normativa bancaria –la “banca de la sombra”.
Las decisiones en materia presupuestaria no se pueden aplazar. Una prórroga conducida de forma automática perjudicaría la economía española, la cohesión social y territorial. Sería una mala noticia en un contexto internacional más incierto.
