Los acuerdos alcanzados la pasada semana en materia de política fiscal y de salario mínimo representan un paso en la buena dirección.
El gobierno y las comunidades autónomas han acordado una senda de reducción gradual del déficit, coherente con los objetivos de contención de la elevada deuda pública. Por otra parte, se espera un aumento de la recaudación en concepto de impuestos especiales y una reforma del impuesto de sociedades, suprimiendo desgravaciones y bonificaciones en vez de aumentar tramos, lo que hubiera perjudicado a las pequeñas empresas. A la espera de más detalle sobre los presupuestos generales del Estado, queda por ver si estas medidas serán suficientes para alcanzar el objetivo del 3,1% para 2017. Pero desde ya se descartan medidas significativas de ajuste en el gasto público o alzas en los tipos impositivos que pesan sobre las familias y las empresas.
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Fuentes: OMC, Eurostat y Funcas.
Además, se está pactando una subida del salario mínimo interprofesional del 8% para 2017, para alcanzar algo más de 707 euros al mes. Teniendo en cuenta las pagas extraordinarias, el salario mínimo representaría la mitad de la mediana salarial –que divide a los asalariados en dos grupos numéricamente iguales. La mayoría de los países europeos disponen de un salario mínimo más elevado en porcentaje de la mediana salarial. Por ejemplo, de cerca del 52% en Países Bajos y Reino Unido, y del 60% en el caso de Francia. Tan solo Alemania tiene un salario mínimo similar al español en porcentaje de la mediana.
El impacto directo de esta medida en términos de empleo será limitado. Según los datos de Eurostat, apenas menos del 1% de los asalariados adultos a tiempo completo percibe el salario mínimo. En Francia la proporción es del 9%.
Sin duda el aumento del salario mínimo se extenderá a otras remuneraciones, aunque de forma parcial y básicamente en torno a las rentas bajas. Ese suplemento en las rentas del trabajo, junto con la senda de reducción del déficit, se produce en el momento oportuno. Y así lo ha reconocido el presidente del Banco Central Europeo, preocupado por los cada vez más limitados efectos de las políticas monetarias ultra-expansivas que está llevando a cabo.
«Se deberían buscar nuevos consensos en materia de pensiones, economía digital y sobre todo educación. Se trata de cuestiones prioritarias para la prosperidad del país, y que en la actualidad sufren de graves desequilibrios»
El contexto internacional es más impredecible (presiones proteccionistas, Brexit, resultado de la reforma constitucional en Italia) y requiere mayor protagonismo de los resortes internos de la recuperación económica. Las previsiones apuntan a un débil crecimiento de los mercados europeos, principal salida de las exportaciones españolas. En cualquier caso, las empresas españolas han mejorado su posición competitiva en términos salariales. Estos últimos años los sueldos se han reducido en comparación con los otros países de la zona euro, eliminando la brecha que se había creado durante la burbuja inmobiliaria.
Por otra parte, conviene recordar que las cuentas externas presentan un importante superávit, lo que otorga un margen para la expansión de la demanda interna. En septiembre, España exportó casi 1.500 millones de euros más de lo que importó, todo un record. Y en lo que va de año el superávit acumulado supera los 21.000 millones de euros, prácticamente el 2% del PIB.
La demanda es esencial para impulsar la inversión empresarial, y así apuntalar la recuperación. La situación es favorable con respecto a los otros principales determinantes de la inversión (excedentes empresariales y acceso al crédito a condiciones favorables). En lo que va de año, las empresas invirtieron cerca de 39.000 millones de euros en el exterior. Es decir, 11.000 millones más de lo que las empresas extranjeras invirtieron en España.
Se deberían buscar nuevos consensos en materia de pensiones, economía digital y sobre todo educación. Se trata de cuestiones prioritarias para la prosperidad del país, y que en la actualidad sufren de graves desequilibrios. Cualquier decisión en este ámbito excede el horizonte de una legislatura. Por lo tanto todos los actores disponen de incentivos para dialogar. Ojalá lo acontecido esta semana prefigure una nueva etapa en las políticas públicas.
