Menudos meses llevamos en lo económico y financiero en 2025. Hace dos días se alcanzó un hito con el anuncio oficial de la Administración Trump de imponer aranceles a medio mundo. Estas idas y venidas en torno a una posible guerra comercial ya se han dejado notar en la inversión y el crecimiento, especialmente –aunque parezca sorprendente– en Estados Unidos, que podría acabar en recesión. Sin embargo, las consecuencias negativas alcanzarán a todo el comercio global. Aunque parezca que se cierra un primer episodio, el conflicto arancelario continuará.
En el ámbito financiero, destaca la evolución de la renta variable, con correcciones significativas en los mercados americanos (Nasdaq), y los europeos actuando parcialmente a modo de refugio. No obstante, en la última semana las acciones han sufrido en todo el mundo. Los mercados de renta fija también están recibiendo impactos. Centrándonos en los bonos soberanos, el comienzo de año ha traído señales inquietantes. La incertidumbre económica y geopolítica está dañando la confianza de inversores y consumidores, lo que termina afectando al crecimiento y a la calidad del crédito.
Tanto Estados Unidos como la zona euro enfrentan importantes retos. Las actuales dificultades podrían desembocar en tensiones en los mercados y obligar a replantear prioridades presupuestarias. En muchos países, el envejecimiento de la población implica mayor gasto en pensiones y sanidad, mientras la transición climática exige cuantiosas inversiones. A esto se suma ahora la urgencia de reforzar la defensa.
Estados Unidos ha mantenido durante años una política muy expansiva, generando un déficit crónico. El endeudamiento público supera el 120% del PIB, un nivel solo visto tras la Segunda Guerra Mundial. La respuesta a la pandemia implicó estímulos por varios billones de dólares, y las recientes decisiones de aumentar el gasto en infraestructuras y defensa no han mejorado los déficits. Pese a los debates sobre el techo de deuda, el Congreso ha evitado por ahora un impago, pero la tensión política recurrente mina la confianza en la estabilidad fiscal. La Reserva Federal, además, incrementó los tipos en 2022 y 2023 para contener la inflación, encareciendo el servicio de la deuda. Aunque en 2024 hubo bajadas del tipo oficial, estas se han detenido, y los tipos permanecen relativamente altos, al igual que el coste de la deuda.
En Europa, el escenario es diferente pero igualmente delicado. La zona euro, con reglas fiscales más estrictas y un BCE centrado en la estabilidad de precios, afronta tensiones internas entre países con perfiles fiscales dispares. Alemania, defensora tradicional de la disciplina presupuestaria, se ha visto forzada a aumentar el gasto militar y revisar su freno constitucional al endeudamiento tras las últimas tensiones geopolíticas. Además, el próximo Gobierno se ha comprometido con un ambicioso paquete de inversión pública –medio billón de euros– en infraestructuras. Esa perspectiva de mayor gasto e inversión pública, con los consiguientes déficits, ha encarecido los bonos soberanos alemanes. El 5 de marzo por sí solo, al conocerse el plan fiscal, la rentabilidad de la deuda a diez años aumentó más de un 12%. Un aviso para navegantes, es decir, para otros países del euro o el Reino Unido (que ya vivió un episodio de estrés financiero en octubre de 2022), con finanzas más comprometidas y un débil o nulo crecimiento. Muchos miles de millones adicionales en presupuestos ya tensos.
La Comisión Europea desea flexibilizar temporalmente las reglas fiscales para permitir el gasto en defensa, pero los desacuerdos entre miembros dificultan un enfoque unificado. Francia, Italia y España ya arrastraban altos niveles de deuda, y ahora deben compatibilizar el ajuste fiscal con la necesidad de invertir en seguridad. El caso francés preocupa especialmente por el tamaño de su economía, su bajo desempeño macro y el complejo contexto político. España, gracias a un mayor crecimiento, parece menos expuesta, pero no caben excesos de confianza.
El BCE lleva años reduciendo sus tenencias de bonos soberanos. Este año se presenta desafiante, al aumentar las emisiones de nueva deuda pública. Hasta ahora, inversores y bancos autóctonos han asumido esas ventas del BCE, pero todo tiene un límite. Este entorno más tenso podría provocar una nueva fragmentación financiera en la zona euro. Aunque el BCE cuenta con mecanismos como el Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), creado en 2022 para evitar grandes divergencias entre primas de riesgo, las dudas sobre la coherencia fiscal del bloque pueden reavivar los viejos fantasmas de la crisis de deuda soberana.
El aumento global del endeudamiento en este contexto convulso está llevando a los inversores a exigir mayores rendimientos para adquirir deuda pública, lo que incrementa la carga financiera de los Estados. En un entorno de menor liquidez, las emisiones masivas pueden desplazar la financiación privada y frenar la inversión. En Estados Unidos, crece la inquietud por el impacto y la sostenibilidad de las medidas económicas, como los aranceles. Por si fuera poco, aunque el dólar sigue siendo la moneda de reserva global, algunos analistas advierten de una posible pérdida de atractivo.
En Europa, el riesgo está más vinculado a una fragmentación financiera en una economía de bajo desempeño macroeconómico. La cuestión central es cómo financiar todo ello sin erosionar la confianza de los mercados ni imponer cargas fiscales insostenibles a las futuras generaciones. Algunos economistas proponen reformar los marcos fiscales; otros, estimular el crecimiento mediante reformas estructurales. No será fácil encontrar el equilibrio entre seguridad, desempeño económico y estabilidad financiera. El reto no es solo económico, sino también político y social.
