Uno de los elementos más destacables en el panorama migratorio español durante 2018 ha sido el incremento de las entradas irregulares. Este aumento ha sido tan importante que España es el país europeo que ha recibido más llegadas de este tipo en lo que va de año. En esta entrada, que sigue la serie de este blog sobre la evolución reciente de la inmigración en Europa (aquí y aquí), se analizarán los cambios en las entradas irregulares a España, Italia y Grecia.
Se trata este de un fenómeno con notable visibilidad en los medios de comunicación y notable eco en la opinión pública, aunque en términos relativos respecto al total de entradas su impacto es limitado (en 2017 representaban tan solo un 7% de las altas exteriores por variación residencial). Su relevancia social reside, por una parte, en la situación de vulnerabilidad social a la que se enfrentan las personas llegadas irregularmente y por otra (y sobre todo) en el riesgo para la vida que implican las travesías marítimas de este tipo. En lo que va de año 2.133 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo[1].
En España, la cifra de entradas irregulares se había mantenido relativamente baja desde 2006. En ese año, la llamada “crisis de los cayucos” supuso la llegada de 41.180 personas, la mayor parte de ellas a las costas canarias (gráfico 1). La alarma social que esta crisis generó condujo a la firma de acuerdos con los países de origen y de tránsito así como al fortalecimiento de la vigilancia marítima en el Atlántico. Estas medidas tuvieron como consecuencia una disminución muy significativa de las entradas irregulares, que se mantuvieron en el entorno de las 8.000 entre 2009 y 2013.
Aunque entre 2013 y 2015 se había registrado un aumento moderado de las entradas por vía terrestre, el cambio de tendencia más claro se produjo en 2017 (gráfico 1). En ese año se contabilizaron 28.707 entradas irregulares, casi el doble de las registradas en 2016 (14.605). En 2018 se ha continuado con este ritmo de crecimiento y según el último dato actualizado a 2 de diciembre de 2018, las entradas ascienden ya a 52.678 personas[2]. Este volumen de entradas irregulares a España durante 2018 es muy superior al del resto de países europeos mediterráneos: sobrepasa ampliamente la cifra de llegadas a Grecia (29.782) y supone más del doble del de llegadas a Italia (23.011).
Gráfico 1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Internacional de las Migraciones.
Nota: El dato de 2018 se corresponde al periodo 1 de enero a 2 de diciembre.
En Europa, la evolución reciente de las entradas irregulares ha estado muy marcada por la llegada de embarcaciones con refugiados sirios a las costas griegas en 2015 y 2016. Sin embargo, de los datos se deduce que desde la primavera de 2016 el foco se ha ido desplazando hacia el Oeste mediterráneo, primero a Italia y más recientemente a España (gráfico 2). Tal es así que en el tercer trimestre de 2018 España es el país europeo que más entradas irregulares recibe, superando las 8000 mensuales. En todo caso, las cifras quedan muy por detrás de las correspondientes a Grecia a principios de 2016 o a Italia hasta mediados de 2017.
Gráfico 2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Organización Internacional de las Migraciones.
Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones, entre los llegados a España predomina el grupo de africanos con nacionalidad desconocida (30%), nacionales de Marruecos (23%), Guinea Conakry (15%) y Mali (13%). Esta composición es muy distinta de la de los llegados a Grecia, donde predominan los procedentes de Oriente Medio y Asia Central (28% son sirios, 24% iraquíes y 20% afganos) o a Italia (el 21% proceden de Túnez, 14% de Eritrea y 8% de Sudán). Ni en Italia ni en Grecia tienen un protagonismo especial entre las entradas irregulares los que tienen nacionalidad desconocida. El esfuerzo del Estado español en la formalización de acuerdos de repatriación con los países de origen y tránsito puede estar detrás de este elevado porcentaje de personas que se niegan a declarar una nacionalidad y por lo tanto, evitan ser repatriados a costa de prescindir de una documentación oficial que facilite su posterior integración en España.
En 2017, año en que entraron irregularmente 28.707 personas en España, se dictaron 20.672 órdenes de devolución, de las que se ejecutaron aproximadamente un cuarto (5.272). El resto de personas fueron liberadas sin una regularización de su situación administrativa, por lo que permanecen en territorio español en una situación muy vulnerable en cuanto a sus posibilidades de integración social, administrativa y laboral. Por otra parte, la capacidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes para acoger a los recién llegados en buenas condiciones, las acusaciones de devoluciones en caliente por parte de ONGs, y las actuaciones en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla han sido objeto de debate público. De la evolución total de las entradas irregulares a Europa se desprende que la crisis vivida entre 2015 y 2017 ha pasado su punto álgido. Sin embargo, la traslación de los movimientos hacia el Occidente Mediterráneo implica para España un reto al que tendrá que hacer frente en cooperación con los países de origen y tránsito, pero también atendiendo a la integración de población en situación de vulnerabilidad.
Referencias
– González Enríquez, C., Miyar Busto, M. y Red Europea de Migraciones (2011). Medidas prácticas para la reducción de la inmigración irregular. España. Madrid: REM.
– Organización Internacional de las Migraciones (2018). Mixed Migration Flows in the Mediterranean. Ginebra: Organización Internacional de las Migraciones.
– Servicio Jesuita a Migrantes (2018). Informe CIE 2017. Madrid: Servicio Jesuita a Migrantes.
[1] Datos de la Organización Internacional de las Migraciones a 2 de diciembre de 2018.
[2] Datos de la Organización Internacional de las Migraciones a 2 de diciembre de 2018.
