En un reciente trabajo sobre la deuda pública en España, publicado por Funcas, trato de conceptualizar y contextualizar los desafíos actuales en este ámbito. Sus ideas fuerza son las siguientes.
Es fundamental comprender las diferencias sustanciales entre la deuda pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su deuda. Lo que importa no es el volumen global de deuda expresado en euros, sino la ratio de deuda pública sobre el PIB. Ahí es dónde debemos centrar los análisis y las discusiones políticas. Una ratio atascada en un nivel elevado y/o una dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo porque llevará a incumplir con las reglas fiscales y, por tanto, tener que asumir las consecuencias. También porque una ratio elevada supone un mayor coste de intereses a sufragar con impuestos; debilita la posición del país en episodios de crisis de deuda soberana; y limita la capacidad de recurrir al déficit ante un choque inesperado con impacto económico, ya que cuando se parte de niveles bajos de la ratio, un aumento súbito y sustancial, pero transitorio, no es un problema mayor.
En segundo lugar, hay que tener presente que la causalidad bidireccional entre el déficit público y el PIB complica las estrategias de consolidación presupuestaria. Porque a diferencia de los procesos de desapalancamiento de una empresa privada, si el sector público trata de reequilibrarse de manera brusca puede afectar negativamente al PIB y, en última instancia, al propio éxito de la consolidación.
Desde una perspectiva histórica, la ratio de deuda pública española no está en sus máximos. Sin embargo, el contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la posibilidad de repudio y estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento supranacional. Han desaparecido los atajos.
En cuarto lugar, en la última década se producen una extensión significativa de la vida media y una reducción muy sustancial del coste de la deuda española. Estos logros son el resultado de estrategias eficaces de refinanciación y un aprovechamiento de las condiciones favorables del mercado. Hoy la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste ni en vencimientos. Pero esto está cambiando. La normalización de los tipos de interés con una ratio de deuda por encima del 100% va a elevar muy sustancialmente el gasto por intereses en los próximos años, hasta alcanzar el máximo en décadas. El impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda añade una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal futura. Se espera que eventos extremos y la transición hacia una economía baja en carbono generen presiones fiscales adicionales, lo que subraya la necesidad de integrar consideraciones ambientales en la planificación fiscal a largo plazo. En el mismo sentido, el envejecimiento poblacional va a tensionar el gasto en pensiones y en sanidad.
Quinta idea: no sería prudente ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas que nos constriñe, apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las últimas cuatro décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar reformas y asumir los costes a corto plazo de actuaciones que brindan beneficios futuros de mayor dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a parámetros fiscales como los españoles, lo que evita consolidaciones fiscales severas y poco razonables desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a que se reforzará la vigilancia y el control de su cumplimiento.
En sexto lugar: bienvenidos sean los choques positivos, como los efectos que pueda provocar la revolución de la inteligencia artificial en los próximos años. Pero tenemos que actuar sin esperar por ellos, a sabiendas que la economía política de la consolidación fiscal presenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político caracterizado por la polarización y la fragmentación parlamentaria.
A la luz de las proyecciones de la dinámica de la deuda, el corolario de todo lo anterior es la necesidad de una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo. La combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión intrínsecamente política; si bien es verdad que una reforma fiscal integral y un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de uno u otro color deberán manejar. De forma complementaria, la comunicación efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal son fundamentales para generar apoyo público y político para las medidas necesarias.
Más información en el documento “La dinámica de la deuda pública en España: presente, pasado y futuro”, de Santiago Lago Peñas.
