La evolución de la pandemia, y más concretamente, la posibilidad de que surjan variantes virulentas invulnerables a las vacunas, sigue, y seguirá siendo durante mucho tiempo, un elemento de incertidumbre que va a seguir condicionando la evolución económica. Pero además de ese factor de carácter permanente, el nuevo año se inicia cargado de otras incógnitas, cuya resolución tendrá lugar, en la mayoría de los casos, en torno a la primavera, y de cuyo resultado dependerá lo que suceda a partir de entonces con la economía mundial, en general, y la española, en particular.
La primera de ellas es la relacionada con la transitoriedad de la inflación. Suponemos, o esperamos, que los precios de las materias primas y productos energéticos desciendan en la primavera, y que los cuellos de botella en la producción de suministros industriales y en el transporte marítimo comiencen a relajarse. La inflación caerá y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios. De momento, en las últimas semanas se han observado indicios de que se ha tocado techo tanto en los precios de las materias primas como en los estrangulamientos de las cadenas de valor, aunque aún queda por delante un largo invierno, con factores incluso geopolíticos por resolver —conflicto Rusia-Ucrania—.
El cumplimiento de este escenario es fundamental para la continuación de la recuperación. Si esa bajada de precios no se produce, se consolidará la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la reducción de márgenes empresariales, con el impacto negativo que ello conllevará sobre el nivel de actividad económica. Asimismo, especialmente si comienzan a observarse indicios de traslado hacia los salarios, los mercados financieros comenzarán a modificar sus expectativas de inflación. Los precios de los activos financieros podrían sufrir un reajuste y los tipos de interés a largo plazo y las primas de riesgo podrían aumentar, lo que aumentaría la presión sobre el BCE para acelerar el final de las compras de deuda y el inicio de las subidas de tipos. Este sería un escenario potencialmente muy desestabilizador.
Pero incluso aunque no se materialice el peor escenario en cuanto a inflación, en marzo finalizará, en cualquier caso, el programa de emergencia pandémica de adquisición de deuda del BCE —el PEPP—. Aunque se espera que, a cambio, se incrementen las compras dentro del programa ordinario que ya existía antes del Covid —el APP—, estas no compensarán la desaparición del programa pandémico, de modo que habrá un descenso en el volumen mensual de compras que lleve a cabo el BCE. La incógnita se encuentra en el impacto que esto puede tener sobre los tipos de interés y sobre las primas de riesgo.
También la Reserva Federal pondrá fin en torno a marzo a las compras de deuda, y ya ha anunciado que poco después comenzará a subir los tipos de interés, otro factor de incertidumbre a tener en cuenta por el impacto que habitualmente los cambios en la política monetaria norteamericana ejercen sobre las economías emergentes y el conjunto de la economía mundial.
Finalmente, ya concretamente en España, una importante prueba que deberemos superar por las mismas fechas será la llegada a término de las medidas adoptadas por el Gobierno para “congelar” las empresas y los sectores más afectados por la pandemia: a finales de febrero —salvo ampliación de última hora— finalizarán las medidas extraordinarias relativas a los ERTE, y posteriormente finalizarán los plazos de carencia de los préstamos ICO concedidos al inicio de la pandemia y la moratoria para solicitar la declaración de concurso de acreedores.
Todas estas medidas han sido muy útiles para evitar la desaparición de empresas viables, pero también han “zombificado” muchas otras, que, tras la retirada de los apoyos, no podrán hacer frente a las deudas que han acumulado. Más aún en unas condiciones en las que el mercado no ha recuperado el tamaño previo a la pandemia, especialmente en los sectores vinculados al turismo internacional. Cuando se inicie la “descongelación”, veremos cuántas insolvencias empresariales salen a relucir y cuántos trabajadores en ERTE se convierten en desempleados a lo largo de los meses posteriores. Aunque esa desaparición de empresas y de empleos solo suponga el ajuste del tamaño de la oferta al menor volumen de la demanda, podría haber un impacto sobre el PIB a corto plazo por la vía de su impacto sobre el empleo y sobre otras empresas que puedan ser arrastradas en la caída. Esto no significa que dichas medidas deban prolongarse indefinidamente, ya que el mantenimiento con vida de forma artificial de empresas que no tienen salvación perjudica la recuperación de las viables y solventes.
En suma, la primavera del año próximo será un momento clave en el que se determinará en gran medida el rumbo que tomará la economía.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
