Los eventos sucedidos durante los pasados días en la frontera española de Ceuta tienen un precedente muy reciente al otro lado del Mediterráneo, aunque, dada la intensidad del último año, parece ya historia antigua. Durante las semanas en las que la pandemia despegaba en los países occidentales, el gobierno turco anunció la apertura de su frontera con Europa e incluso puso autobuses a disposición de los inmigrantes establecidos en el país para su traslado a los límites con el territorio griego. Decenas de miles de personas de diversas nacionalidades acudieron a la frontera terrestre con Grecia o intentaron cruzar por vía marítima, pero fueron frontalmente rechazados por las autoridades griegas al tiempo que el gobierno heleno anunciaba la suspensión temporal del procedimiento de asilo. Durante varios días se sucedieron enfrentamientos violentos en los que las fuerzas de seguridad turcas llegaron incluso a participar activamente en el derribo de las barreras físicas instaladas por Grecia en la frontera.
Estas fuertes tensiones se disolvieron al tiempo que se imponían fuertes restricciones a la movilidad internacional en todo el mundo debido a la pandemia y concluyeron con la reubicación de los inmigrantes que se habían desplazado a la frontera. Muchas de estas personas, que habían abandonado sus casas y trabajos en Estambul tras el anuncio de las autoridades turcas, acabaron en campos de refugiados.
En aquellos días Turquía fue bastante explícita respecto a sus motivaciones: la demanda de más fondos europeos. Su estrategia partía de la declaración que había firmado con la Unión Europea en marzo de 2016, según la cual Turquía se encargaría de controlar la frontera a cambio de 6.000 millones de euros, la exención de visado para los turcos y el avance en el acuerdo comercial. Ese pacto (en realidad poco formalizado pues se trataba tan solo de una declaración) es similar al que tiene España con Marruecos (menos explícito) en la medida en que consiste en la externalización de un servicio, la gestión de los flujos que se acercan a frontera.
Las estrategias de externalización dentro del ámbito privado (una empresa de informática que externaliza las tareas de limpieza) o del público al privado (la gestión privada de un hospital público) han sido ampliamente estudiadas desde la ciencia económica y la de la gestión pública. Estas dos perspectivas aportan algunas claves que ayudan a entender los costes, beneficios y riesgos de la externalización de la gestión de los flujos que se acercan a las fronteras.
«En los procesos de externalización el éxito depende fundamentalmente de la confianza entre los agentes que intervienen, la claridad de los términos del contrato y que sea posible cumplirlos. No parece que las relaciones Grecia-Turquía y España-Marruecos satisfagan estos tres requisitos».
María Miyar
La externalización suele reportar ventajas en la medida en que implica la obtención de un servicio a un menor coste que si se produjera internamente. Este abaratamiento se produce gracias a una mayor especialización de quien presta el servicio y por la presión a la baja de los precios que genera la competencia en el mercado. Sin embargo, cuando la gestión de los flujos se deja en manos de otro país, la disminución del coste se consigue sobre todo a expensas de la “calidad del servicio”: las garantías y el trato dispensado a los inmigrantes se reducen sin que el país de destino de la inmigración tenga que asumir el coste para su reputación.
Existe además otra diferencia radical con las externalizaciones de servicios a agentes privados: la externalización no se realiza en un contexto de competencia en el mercado, sino que el tercer país posee el monopolio en la provisión del servicio. Por lo tanto, goza de una posición dominante que puede utilizar para presionar al país de destino de la inmigración.
Estos acuerdos con terceros países son, por lo tanto, soluciones inestables. El análisis económico ha puesto de relieve que en los procesos de externalización el éxito depende fundamentalmente de la confianza entre los agentes que intervienen, la claridad de los términos del contrato y que sea posible cumplirlos. No parece que las relaciones Grecia-Turquía y España-Marruecos satisfagan estos tres requisitos. Para ello sería recomendable que los socios compartieran intereses a largo plazo. Mientras que los de Grecia y Turquía son cada vez más divergentes, puede que sea más fácil coordinar los objetivos de España y Marruecos.
Este podría ser un punto de inflexión en el que España se replantee los costes, beneficios y riesgos de este modelo de gestión (tanto para el país como para los inmigrantes) y evalúe las alternativas. La gestión de los flujos migratorios dibuja desafíos muy dispares para los países de la Unión Europea, lo que dificulta los avances en una política común operativa. La puesta en común de las experiencias y retos que comparten los países mediterráneos contribuirá no solo a una mejor comprensión de lo que sucede, sino también a la posible consolidación de una posición conjunta dentro de la Unión Europea.
