La Inflation Reduction Act (IRA), dotada con 400.000 millones de dólares de gasto público, fue firmada por el presidente Joe Biden en agosto de 2022, e inicialmente se celebró como el más importante paso dado jamás por EE. UU. en la lucha contra el cambio climático. Pero la favorable acogida pronto cambió y Europa ha mostrado su preocupación al constatar que buena parte de esa dotación económica —unos dos tercios del total— se destinaba a créditos y bonificaciones fiscales para empresas y hogares que adquieran tecnologías y bienes de consumo producidos en el propio EE. UU. o en otros países designados por Washington.
La intranquilidad europea no solo responde a la enorme magnitud de las ayudas contempladas en la nueva regulación, sino también a su carácter de ayuda de estado, puesto que discrimina a competidores de fuera de EE. UU. La UE carece de instrumentos que le permitan habilitar ni la cantidad ni el tipo de recursos con que la IRA faculta a los fabricantes estadounidenses. Algunos países de la Unión no pueden destinar recursos hacia sus compañías nacionales, y ningún gobierno de la UE puede favorecer a empresas que operen en otros estados miembros ante el riesgo de distorsionar el mercado europeo.
Ante esta situación, ¿qué capacidad de respuesta tiene Europa? Es poco probable un nuevo acuerdo entre gobiernos para la creación de una herramienta de la envergadura y los mimbres de Next Generation EU y, aunque esta comparte con la IRA un enfoque sobre la eficiencia, la seguridad y la resiliencia energéticas, se teme que los incentivos específicos contemplados en la norma americana puedan implicar una importante desventaja competitiva para los operadores europeos. Una de las opciones que se maneja es la posibilidad de convencer a la administración estadounidense de que suprima los requisitos geográficos, o bien de que incluya a Europa entre los territorios elegibles para la producción de los bienes objeto de ayudas. Pero Biden solo se ha mostrado limitadamente transigente y es improbable que su administración vaya a cambiar de postura.
La cuestión primordial es si la UE puede fortalecer su posición tecnológica y empresarial de cara a la transición energética y a una economía poscarbono por sus propios medios. La Comisión Europea ya ha reconocido la necesidad de rediseñar las cadenas de suministro de industrias críticas de manera que se contemple una producción local más segura. En la línea de acciones a largo plazo, tanto Next Generation EU como REPower EU estaban ya en marcha antes de la aprobación de la IRA, pero aún están por comprobarse sus efectos sobre la competitividad, la innovación y la autonomía estratégica europeas.
Algunos expertos señalan que la culminación de la unión de mercados de capitales europeos podría jugar un importante papel a la hora de robustecer la transición climática del viejo continente. De hecho, el plan de acción de la propia UE aboga por aprovechar la unión de mercados de capitales para apoyar la transición ecológica y digital, dotando a las empresas europeas de una capacidad potencial de acceder a condiciones de financiación semejantes en profundidad y liquidez a las que se disfrutan en los mercados de EE. UU.
La consecución de un mercado único europeo de capitales presenta similitudes con la creación del mercado interior allá por los años 80, en el sentido de que se trata de una combinación de iniciativas regulatorias con el objetivo de reducir el coste de hacer negocios más allá de las fronteras nacionales. Y como entonces, a la hora de conformar el nuevo mercado, existen una serie de desafíos en el camino. En primera instancia se señala el reto de transformar los mecanismos y proporciones de financiación de las empresas europeas, caracterizadas por una mayor dependencia bancaria. En segundo lugar, sería preciso difuminar y homogeneizar las distintas legislaciones nacionales en diversas materias como, por ejemplo, el gobierno corporativo, los requisitos de capital o los regímenes de insolvencia. Un último desafío, no menor, residiría en modificar actitudes entre los inversores minoristas europeos —léase particulares y hogares—, poco acostumbrados a operar directamente en mercados de capitales ante la predominancia de la intermediación bancaria.
A la hora de igualar el potencial empresarial y tecnológico estadounidense, un mercado de capitales más amplio y profundo puede tener más relevancia para Europa que los meros incentivos que buscan cambiar modelos de consumo e inversión; la puesta en marcha de la IRA estadounidense puede convertirse en un revulsivo, y junto con el gasto ya comprometido a través de planes como Next Generation EU y REPower EU, el mercado único de capitales puede facilitar la transición europea hacia una economía poscarbono. Por su parte, la Comisión Europea sigue adelante con su plan, aunque para ello debe conseguir el consenso y el compromiso político necesarios que permitan activar los importantes pero ineludibles cambios regulatorios. Si lo logra, en lugar de oponerse a la acción climática de Estados Unidos, Europa podría convertirse en una alternativa para atraer inversiones al otro lado del Atlántico, tal como sucedió con la consecución del mercado interior hace 30 años.
