En febrero de este año se publicó la información actualizada sobre la evolución de la privación material y social severa en España, elaborada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Este indicador refleja el porcentaje de individuos que no pueden permitirse al menos siete de trece ítems considerados esenciales, como mantener la vivienda adecuadamente climatizada, afrontar gastos imprevistos o participar en actividades sociales básicas. En 2024, estaba en situación de privación material y social severa el 8,3% de la población española (casi 4 millones de personas), lo que supone una ligera mejora respecto al 9% registrado en 2023, la cifra más alta desde que contamos con este indicador (gráfico 1).
La mejora de 2024 resulta modesta si se observa en perspectiva temporal y comparada. En primer lugar, y pese al crecimiento económico de los últimos años, la tasa todavía no ha recuperado el nivel previo a la pandemia (7,7% en 2019) y su relativa estabilidad contrasta con el descenso registrado en la Unión Europea entre 2015 y 2021 (gráfico 1). En segundo lugar, gracias a que Eurostat ha publicado este verano la compilación de los datos sobre privación material y social severa del conjunto de países europeos, se puede constatar que la posición relativa de España no ha cambiado: en 2023 ocupaba el quinto lugar de los 27 países de la Unión Europea ordenados de mayor a menor porcentaje de privación material y social severa, lugar que no se ha visto alterado por la mejoría de 2024 (gráfico 2). La tasa española solo se sitúa por detrás de las de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría y supera en casi dos puntos porcentuales la media comunitaria del 6,4%, así como en casi cuatro puntos las tasas de nuestros vecinos Italia (4,6%) y Portugal (4,3%). Conviene subrayar que, en un contexto en el que 20 de los 27 países lograron reducciones modestas en la tasa, la persistencia de las elevadas cifras españolas confirma dificultades para reducir este indicador de pobreza que van más allá de una coyuntura pasajera.
La comparación que permiten los datos de Eurostat pone de relieve algunas particularidades del caso español. En primer lugar, se observa que las mayores dificultades se dan en los hogares con niños o jóvenes dependientes[1], cuya tasa es superior a la correspondiente en la mayoría de los países europeos (gráfico 3). La cifra es particularmente alta entre los individuos residentes en hogares monoparentales (16,4%, casi duplicando la media comunitaria de 8,3%). Además, el hecho de que el porcentaje de población en privación material y social severa sea casi el doble en los hogares de dos adultos con niños o jóvenes dependientes que entre los individuos de 65 años o más que viven solos (5,2%) es bastante anómalo en el contexto europeo, pues solo ocurría en 7 de los 27 países comunitarios en 2024, y en ninguno la diferencia alcanza la magnitud española. Por el contrario, los mayores de 64 años presentan una situación más favorable: entre los individuos que viven en hogares formados por dos adultos (al menos uno con 65 años o más) la tasa española es similar a la europea (4,1% frente a 4%), y entre los que viven solos es incluso inferior (5,2% frente a 7,2%).
En segundo lugar, la privación material y social severa afecta de manera muy desigual a la población autóctona y a la nacida en el extranjero, un patrón común en casi todos los países europeos, pero especialmente marcado en España (gráfico 4). Entre los inmigrantes (población de 16 años o más) la tasa casi triplica a la de los auctóctonos (16,6% vs. 5,6%), y mientras que esta última es muy similar a la media europea (5,2%), la de los primeros supera claramente la del conjunto de la UE (11,4%). Esta brecha probablemente no se explique únicamente por la estructura demográfica de la población de origen foráneo —menos población mayor y mayor presencia de menores a cargo—, sino también por una inserción laboral precaria, presumiblemente en mayor medida que en otros países europeos.
En conjunto, los resultados sugieren que, pese a la mejoría observada entre 2023 y 2024, la privación material y social severa sigue afectando a una parte nada desdeñable de la población española y mantiene a España en una posición comparativamente desfavorable en la Unión Europea. Las dificultades se concentran sobre todo en los hogares con menores y en la población inmigrante, lo que refleja al mismo tiempo los retos económicos de las familias en la fase de crianza, los límites de la integración laboral de la inmigración y la robusta protección a las personas mayores a través del sistema de pensiones. Estas conclusiones apuntan a que el verdadero desafío de España no es solo reducir la tasa total de privación material y social severa, sino hacerlo de manera más equitativa, reforzando las políticas familiares y de conciliación, pero también, probablemente, a través de un crecimiento económico orientado a conseguir aumentos sostenidos de la productividad, mejorando la calidad del empleo y el poder adquisitivo de los salarios y avanzando en políticas migratorias que favorezcan una migración con mejores resultados laborales.
[1] Se consideran niños y jóvenes dependientes a los individuos de 0 a 17 años y a los de 18 a 24 si están inactivos.
