Desde mediados de la década de los cincuenta hasta la actualidad, la economía catalana ha registrado un notable proceso de desarrollo que ha permitido la convergencia con los países del entorno. Este crecimiento y convergencia ha ido acompañado de cambios estructurales significativos. La creciente terciarización de su tejido productivo, un intenso proceso de capitalización, la creciente integración y apertura al exterior y los cambios en el peso y composición del sector público serían algunas de las transformaciones más relevantes.
Tras una larga fase expansiva, la reciente crisis ha tenido un fuerte impacto en la economía catalana, conduciendo a un significativo retroceso en los indicadores básicos de desarrollo y bienestar. La segunda mitad de 2013, sin embargo, marcó un punto de inflexión en la coyuntura económica y desde entonces la economía catalana se ha beneficiado de la influencia positiva de factores externos e internos que han impulsado la mejora en la actividad. En el ámbito externo, la caída del precio del petróleo y de las materias primas en general, la depreciación del euro y la política monetaria aplicada por el Banco Central Europeo han tenido un papel importante en la reactivación económica. La recuperación del empleo, la finalización del ajuste en el sector residencial y una política fiscal menos contractiva han contribuido, desde el ámbito interno, a esa mejoría económica.
No obstante, el crecimiento en los próximos años se verá condicionado por diversos factores. La relativa debilidad en el crecimiento de la eurozona y el riesgo de desaceleración de las economías emergentes, el mantenimiento de un cierto riesgo de presiones deflacionistas, la elevada tasa de paro o el elevado endeudamiento, tanto del sector privado como público, son elementos que permiten augurar un crecimiento por debajo de la media de las últimas décadas. Además, el inicio de la recuperación parece reproducir algunos de los desequilibrios del pasado: la mejora del empleo conlleva caídas en la productividad y el incremento en la demanda interna eleva las importaciones y empeora el sector exterior.
«La política económica debe orientarse hacia las mejoras en la productividad y competitividad de la economía catalana, aprovechando sus fortalezas (apertura exterior, presencia de sectores de alto valor añadido o nivel de cualificación de la población)»
Ante ello, la política económica debe orientarse hacia las mejoras en la productividad y competitividad de la economía catalana, aprovechando sus fortalezas (apertura exterior, presencia de sectores de alto valor añadido o nivel de cualificación de la población) y haciendo frente a diversos retos de importante magnitud con el objetivo de lograr una senda de crecimiento sostenible a medio y largo plazo.
La consecución de aumentos en la productividad cobra especial relevancia en un contexto de caída de la población y de progresivo envejecimiento demográfico que, a medio y largo plazo, pueden significar una reducción en la capacidad productiva y en el crecimiento potencial futuro. Pero, al mismo tiempo, no cabe duda de la necesidad de una notable creación de empleo para reconducir la elevada tasa de desempleo actual. Compatibilizar el aumento del empleo y de la productividad emerge, pues, como uno de los retos fundamentales que debe afrontar la economía catalana y que debe contribuir también a la mejora en los niveles de internacionalización y competitividad de la misma. Pese a las reformas aplicadas en diversos ámbitos a lo largo de la reciente crisis, debe profundizarse en políticas que impulsen la creación de empleo, en la mejora de la formación de la población, la promoción de la inversión en innovación y la mejora en las infraestructuras que contribuyan a la eficiencia productiva. El aumento del tamaño empresarial y la mejora de las condiciones de financiación (flexibilizando el acceso a vías de financiación no bancarias) de la actividad productiva deben ser también objetivo prioritario de la política económica para impulsar la capacidad competitiva del tejido empresarial y aprovechar el activo que supone el aumento en el número de empresas exportadoras registrado en estos últimos años.
En el ámbito del empleo, es fundamental la reducción de la tasa de temporalidad y un diseño adecuado de las políticas activas de mercado de trabajo, potenciando las actividades de formación y orientación laboral y adecuando la tipología de la formación a las necesidades actuales del tejido productivo. En este sentido impulsar medidas que favorezcan el desarrollo de la formación continua y de la formación dual podría mejorar tanto la cualificación de la población activa en general como las posibilidades de ocupación de la población desempleada.
Todo ello debe contribuir a revertir la tendencia a la reducción de la renta disponible de las familias, al aumento de la desigualdad y al incremento en la tasa de riesgo de pobreza. Esto ha supuesto una fuerte presión para los sistemas de protección social y, en definitiva, para el equilibrio de las cuentas del sector público, lo que dificulta los avances en la corrección de los desequilibrios generados en un marco presupuestario en el que confluye un alto nivel de deuda, una elevada vulnerabilidad a la evolución de los tipos interés y una dependencia absoluta a la financiación del Estado otorgada por vía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La vulnerabilidad de un entorno presupuestario de esta naturaleza requiere avanzar hacia un modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a las competencias que les son propias, lo cual emerge como una condición necesaria para garantizar un crecimiento económico sólido y estable en el futuro.
Esta entrada es una adaptación del artículo « Empleo, productividad y equilibrio exterior: retos pendientes de la economía catalana», publicado en el número 148 de Papeles de Economía Española. Puede consultar los contenidos completos de la publicación aquí.
