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El debate político sobre la garantía de rentas en España: las propuestas de los partidos y sindicatos

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El crecimiento de la pobreza durante la crisis, combinado con las insuficiencias de cobertura e intensidad protectora del sistema español de garantía de rentas, han generado en los últimos cinco años una cierta efusión de propuestas al respecto en la agenda política española. En el cuadro ajunto puede observarse una clasificación de las cuatro más destacadas en función de una sencilla tipología, que atiende a dos variables fundamentales: el grado de condicionalidad en función de la renta, y el grado de condicionalidad conductual, normalmente centrada en la conducta laboral pasada, presente o futura.

Cuadro 1. Tipología de propuestas (de partidos políticos y sindicatos) de garantía de rentas en España (2015-2019)

  Condiciones laborales o de conducta
  Fuertes Débiles
Condiciones de renta Fuertes
Renta mínima de inserción
  • Ingreso Mínimo Vital (PSOE)
  • Prestación de Ingresos Mínimos (UGT-CCOO)
Renta garantizada
  • Renta Garantizada (Podemos)
  • Prestación de Ingresos Mínimos (UGT-CCOO)
Débiles
Complementos Salariales
  • Complemento Salarial Anual (Ciudadanos)
  • Renta complementaria (Podemos)
Renta Básica Universal

La primera modalidad, que incluiría las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) y otras prestaciones asistenciales para desempleados, aunaría condiciones fuertes tanto de renta como de conducta. Relajando las condiciones laborales o de conducta, transitaríamos a un programa de Renta Garantizada (RG) en el que se mantendría la condición de renta, pero eliminando o haciendo muy laxas las condiciones de inserción laboral; también los programas de pensiones no contributivas condicionadas a la carencia de rentas encajarían en este cuadrante. A la inversa, relajando el requisito de carencia de rentas, nos dirigiríamos a una política de Complementos Salariales (CS) o créditos fiscales para trabajadores con salarios hasta un determinado umbral, que funcionan a la vez como incentivo laboral y como apoyo a los trabajadores pobres (aunque en muchos países se han extendido a familias con rentas medias). En este caso, existe una estricta condición laboral para ser beneficiario (se debe tener empleo), aunque la condición de rentas es más laxa, dado que el nivel de ingresos en que se deja de percibir el crédito puede ser relativamente generoso. La cuarta y última alternativa es una Renta Básica (RB) universal que no incorpora ninguno de los dos tipos de condicionalidad.

La irrupción sorpresiva de Podemos en el sistema político español tras las elecciones europeas de 2014 vino acompañada de un debate público sobre la propuesta de la RB universal a raíz de su inclusión destacada en el programa del partido para dichas elecciones. A pesar de que Podemos no mantuvo la propuesta como tal en su programa para las elecciones generales, situó la necesidad de una política de garantía de rentas ambiciosa en el centro del debate político y social.

«Se aprecia claramente la existencia de un margen para un gran acuerdo en materia de ampliación de la garantía de rentas en España: se daban ciertas complementariedades y coincidencias entre las propuestas analizadas que se podrían haber traducido en propuestas legislativas con un amplio apoyo parlamentario, si hubiese existido voluntad política en ese sentido y/o un clima de debate más sosegado».

Efectivamente, durante el año 2015, y con la vista puesta en las elecciones generales de diciembre, tanto el PSOE como Ciudadanos y el propio Podemos perfilaron diversas propuestas programáticas en el campo de la garantía de rentas. Los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular para el establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos, que finalmente se abrió paso hasta el Congreso de los Diputados (Congreso de los Diputados, 2016), encontrándose aún en debate parlamentario a mediados de 2019. Tanto esta propuesta como la del Ingreso Mínimo Vital del PSOE consistían en un programa de renta mínima de inserción a nivel de todo el Estado, que pretendía rellenar los huecos de cobertura de las RMI autonómicas. Por el contrario, las propuestas de Podemos y de Ciudadanos suponían un desplazamiento hacia otras casillas de la tipología: la Renta Garantizada en el primer caso, y el Complemento Salarial en el segundo. En rigor, en el caso de Podemos se planteaban medidas de ambos tipos, pues a la Renta Garantizada (sin requisitos de conducta laboral) se añadía una Renta Complementaria (RC) que, al igual que un complemento salarial, se dirigía a eliminar la trampa de la pobreza en el caso de los salarios más bajos.

Esta efusión de propuestas en el debate público no se ha visto acompañada de la adopción de medidas políticas efectivas durante este período. Tanto los gobiernos del Partido Popular como la situación de bloqueo político y el escenario de crisis fiscal y austeridad del gasto público lo han dificultado. Sin embargo, tras examinar en detalle las propuestas mencionadas, se aprecia claramente la existencia de un margen para un gran acuerdo en materia de ampliación de la garantía de rentas en España: se daban ciertas complementariedades y coincidencias entre las propuestas analizadas que se podrían haber traducido en propuestas legislativas con un amplio apoyo parlamentario, si hubiese existido voluntad política en ese sentido y/o un clima de debate más sosegado y pegado a la letra de los programas y su discusión técnica.

En efecto, la necesidad de un mayor gasto público en garantía de rentas orientado a los tramos de ingresos más bajos, así como de una mayor generosidad y cobertura nacional, parecían suscribirla tanto los sindicatos como el PSOE, Podemos y Ciudadanos (aunque este último haya reculado bastante en 2019), más allá de las diferencias en las cuantías y el diseño concreto de las prestaciones. La urgencia de aumentar las prestaciones monetarias por hijos a cargo en los hogares que están en situación de pobreza también parece susceptible de generar un amplio consenso. Aunque las perspectivas de un acuerdo amplio al respecto parecen alejarse en los últimos años, el debate parlamentario puede reavivar la centralidad de la cuestión durante la próxima legislatura. Ello sin obviar que existen también divergencias importantes, por ejemplo, en relación con la compatibilidad de las prestaciones con los ingresos por trabajo, o con la condicionalidad laboral asociada al cobro de las mismas.

Adicionalmente, en muchas comunidades autónomas se están poniendo en marcha reformas de los programas tradicionales de RMI que aumentan tanto la generosidad como la incondicionalidad de dichas prestaciones. Es de esperar que ello contribuya a arrojar luz sobre los debates más perentorios que dichas propuestas plantean.

Esta entrada es un resumen del artículo publicado en Panorama Social 29.
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