El déficit de la Seguridad Social crece más de lo esperado, una situación que pone en peligro la sostenibilidad de las pensiones. El déficit acumulado hasta agosto se eleva a 6,129 millones de euros. Sorprende que el “agujero” sea un 30 % superior al que se registró durante el mismo periodo del 2015, cuando se esperaba lo contrario, en consonancia con la recuperación económica. Además, el gobierno había previsto un ligero desequilibrio presupuestario para este año, algo imposible de conseguir teniendo en cuenta las tendencias observadas.
Como consecuencia, el fondo de reserva de la Seguridad Social está disminuyendo a un ritmo vertiginoso. Según las cuentas financieras publicadas esta semana por el Banco de España, la Seguridad Social disponía a finales de junio de apenas 16.829 millones de euros de activos netos, es decir, menos de la mitad que un año antes. Recordemos que en el 2009 las reservas alcanzaron un máximo histórico de más de 70.000 millones de euros. A este ritmo, la reserva se agotará por completo durante el 2017.
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Fuentes: IGAE, Eurostat y Funcas.
Para el conjunto del año, el déficit podría situarse por encima del 1,5% del PIB, frente a un ligero desequilibrio previsto inicialmente por el gobierno. Así pues, este desvío es la principal causa del incumplimiento de los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas, lo que ha obligado a que el gobierno a negociar nuevos objetivos con Bruselas y a anunciar medidas para evitar sanciones.
«El intenso crecimiento del empleo registrado durante los últimos trimestres dejaba esperar unas cuantiosas entradas de cotizaciones en las cajas de la Seguridad Social. Sin embargo, las cotizaciones sociales han crecido un ritmo decepcionante, del 2,8% frente al 6,7% presupuestado por el gobierno».
El problema radica en los ingresos que percibe la Seguridad Social. El intenso crecimiento del empleo registrado durante los últimos trimestres dejaba esperar unas cuantiosas entradas de cotizaciones en las cajas de la Seguridad Social. Sin embargo, las cotizaciones sociales han crecido a un ritmo decepcionante, del 2,8%, frente al 6,7% presupuestado por el gobierno. Sin duda, la brecha refleja los recortes de las cuotas a la Seguridad Social para la creación de empleos fijos en determinadas circunstancias, la importancia de los contratos temporales de interinidad o para la formación, con una baja capacidad de cotización, y el estancamiento de los salarios nominales en un contexto de baja inflación. A ello se añade una disminución de los ingresos patrimoniales del fondo de reserva. Un resultado lógico, puesto que el fondo está desapareciendo.
Por el lado del gasto, la evolución coincide con lo anticipado. En lo que va de año, las prestaciones sociales han crecido en un 3,3%, una tasa similar a lo presupuestado. Además, la carga que representan las prestaciones sociales para las arcas públicas se sitúa por debajo de la media europea. El gasto por discapacidad temporal y enfermedad profesional –incontenible en algunos países del norte del continente—es moderado. Sobre todo, el nivel de las pensiones por jubilación es relativamente modesto en comparación internacional. Y lo seguirá siendo: la revaloración que se deduce del sistema de cómputo actual prevé un aumento del 0,25%, inferior a la previsión de inflación para el 2017.
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Fuentes: IGAE, Eurostat y Funcas.
«La situación de la Seguridad Social exige medidas en materia de empleo, racionalización de la financiación y mejora de la productividad».
Una mayor aportación del Estado a la financiación del sistema ayudaría a cubrir el agujero —aunque sin efecto sobre el déficit público en general—. Muchos pensionistas no han contribuido lo suficiente para llegar a fin de mes, lo que justifica que el Estado les proporcione un complemento. Asimismo, las pensiones familiares o por invalidez total se otorgan esencialmente en función de criterios sociales, y no de las cotizaciones de los beneficiarios. Estas pensiones son “no contributivas” lo que justifica una financiación del Estado. Las pensiones de viudedad y de maternidad podrían obedecer a la misma lógica, como ya ocurre en otros países europeos.
Cada vez son más las personas que trabajan por cuenta propia o de forma “atípica”, lo que también aconseja una diversificación de las fuentes de financiación. Se trata de contener la presión sobre las cotizaciones sociales y los costes laborales.
En suma, la situación de la Seguridad Social exige medidas en materia de empleo, racionalización de la financiación y mejora de la productividad. Aunque grave, la situación deja todavía margen para soluciones sostenibles y no demasiado dolorosas. Pero el tiempo empieza a apremiar.
