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Destino turístico seguro

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El impacto de la pandemia de la covid-19 en el sector turístico y, con ello, en la economía española ha sido terrible (según las previsiones de la OCDE, España presenta una de las peores previsiones de reducción del PIB para 2020). Esto hace plenamente comprensible la voluntad de reiniciar la actividad turística lo antes posible. Sin embargo, hay también razones para ser extremadamente cautelosos; por un lado, en términos de salud pública; y por otro, pensando estrictamente en términos de industria y negocio: el impacto de un rebrote o una mala gestión sanitaria en la reactivación turística podría ser enorme en términos reputacionales para todo el país, afectando tal vez también a la temporada del año 2021.

Así, debería estar claro que en el reinicio de la actividad turística debe primar la seguridad sanitaria por encima del tradicional objetivo del sector turístico de maximizar el volumen de negocio. En esta entrada voy a desarrollar un breve análisis económico de las características que tiene la seguridad sanitaria en relación a la covid-19 en la industria turística, aportando recomendaciones al respecto de su gestión por parte de los distintos agentes económicos, y resaltando en particular el fundamental papel a desempeñar por las administraciones públicas.

La nueva normalidad en la industria turística

Como sabemos, la ‘nueva normalidad’ en la pandemia pretende controlar y limitar la expansión de los contagios de Sars-Cov-2; para ello, las medidas adoptadas son: (i) distancia social (o, más propiamente, distancia física), (ii) rastreo de casos de posibles infectados junto a la realización de muchos test; y (iii) la adopción de toda una serie de protocolos sanitarios para evitar el contagio: limpieza, desinfección, etc. (Gans, 2020). Otro aspecto clave, más si cabe para destinos turísticos de acceso aéreo como Baleares y Canarias es (iv) la delimitación de ‘zonas verdes’, zonas libres (o con pocos casos) de contagio, y a la vez el establecimiento de ‘corredores verdes’ entre estas zonas verdes de la UE (Pradelski y Oliu-Barton, 2020). En su ausencia, las islas verían muy reducida y limitada su demanda al turismo doméstico (The Economist, 2020).

Una característica clave del producto turístico, tradicionalmente implícita, pero que la pandemia ha puesto de manifiesto, es su alto componente social tanto en la producción como en el consumo (de aquí el impacto diferencial de la pandemia en la actividad turística). Véase como ejemplo el transporte en avión o autobús; el alojamiento hotelero, y el entretenimiento en la playa, museos o parques acuáticos. Por ello, la consecuencia inmediata de aplicar las condiciones de la nueva normalidad al sector turístico son reducir la capacidad de la oferta e incrementar los costes fijos y marginales (transporte en avión o bus, alojamiento en hotel) y, en parte, reducir el valor del producto para el turista (su disposición a pagar).

La seguridad sanitaria

En parte porque la existencia de la pandemia configura una nueva y fundamental dimensión en el producto turístico: la seguridad sanitaria. Es decir, una actividad turística en la que (tanto en el consumo como en la producción) el riesgo de contagio y de exposición al coronavirus sea mínima. Las dos características clave de la seguridad sanitaria en el producto turístico son:

  • En primer lugar, como es bien sabido en toda epidemia, la presencia de efectos externos o externalidades. Una mala gestión de la seguridad sanitaria del producto por parte de una empresa incrementa la probabilidad de contagio no solamente de sus clientes y trabajadores, sino también de los trabajadores y clientes de otras empresas, y de la población en general.
  • En segundo lugar, es un atributo de confianza (Nelson, 1970): la información asimétrica entre el ofertante y el comprador es extrema; éste último no solo no observa plenamente la calidad del atributo del producto (¿cuán seguro es?) antes de comprar y consumir, sino que tampoco la observa a posteriori. Puede ser difícil para una persona (o para las administraciones públicas) saber cuál ha sido el origen de su contagio, si ha sido en el hotel, la playa o el avión. Y, en el mejor de los casos, se sabrá pasado unos días (tal vez gracias al rastreo llevado a cabo por las autoridades sanitarias).

Los límites del mercado en la seguridad sanitaria: marcas, sellos y certificaciones

Así, la presencia de externalidades y la característica de atributo de confianza de la seguridad sanitaria en los productos turísticos tiene la consecuencia que los incentivos privados de los distintos agentes (empresas, trabajadores, e incluso clientes) no estén alineados con el interés general, ni en términos de salud pública ni de negocio. Cada agente económico incorpora principalmente en sus decisiones de gestión sanitaria sus costes y beneficios privados, sin tener (suficientemente) en cuenta los efectos externos. Esto previsiblemente es así para las empresas en la asunción de sus costes de gestión de protocolos, pero muy probablemente también para los trabajadores y clientes (piénsese, por ejemplo, en un cliente joven que sale de copas por la noche, ¿será suficientemente riguroso en las medidas de distancia social?). Además, la escasez de información suficientemente creíble al respecto de los protocolos implementados por las empresas hace muy difícil que el mercado discipline a las empresas mediante efecto marca-reputación.

«Tanto por la presencia de externalidades como por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental».

Por ello, no parece ser esta una situación en la que se pueda descentralizar el cumplimiento de los estándares de seguridad sanitaria a las fuerzas del mercado, esperando que éste provea con los mecanismos e incentivos suficientes a los agentes para adoptar las medidas óptimas en términos de salud pública y de generación de valor conjunto para la industria. Aun así, el mercado puede jugar un papel (aunque limitado) en lo que es la seguridad sanitaria en el sector turístico. Los tour operadores, por ejemplo, por su gran tamaño e importante papel en la distribución, en los mercados de origen y de destino, y al integrar y gestionar distintas etapas de la cadena de valor, pueden internalizar en mayor medida que otros agentes económicos los efectos externos presentes en la epidemia y pueden, por lo tanto, jugar un papel relevante en la supervisión de la seguridad sanitaria del producto turístico (Calveras y Orfila, 2019; Hosteltur, 2020a). También están apareciendo en el mercado turístico sellos y certificaciones sobre la implantación de sistemas de prevención de riesgos para la salud frente a la covid-19, sellos específicos para el sector turístico; véase, por ejemplo, el “Safe Tourism Certified” del Instituto de Calidad Turística Española (Hosteltur, 2020b). Los sellos certificados por terceras partes son instrumentos precisamente diseñados para mejorar la transparencia y aportar información creíble al respecto de algún atributo de confianza (cuando la información aportada por la propia empresa afectada no será nunca suficientemente creíble, ni antes ni después de la transacción).

Un contexto análogo son los sellos y las certificaciones medioambientales. Estos sellos informan sobre la dimensión medioambiental del proceso productivo (atributo de confianza al igual que la seguridad sanitaria), permitiendo que los clientes que valoren tal dimensión paguen un sobreprecio, y dando incentivos a las empresas a adoptar dichas prácticas medioambientales. Sin embargo, tal y como Lyon y Maxwell (2015) explican, es poco probable que las certificaciones y los sellos aporten al mercado la necesaria transparencia. Esto es así por múltiples razones:  competencia a la baja en estándares entre una gran multitud de sellos; dudas al respecto de su rigor y la presencia de incentivos perversos en su certificación; etc. En cualquier caso, parecería claro para cualquier observador que la existencia de tales sellos y certificaciones medioambientales en el mercado no ha aportado la suficiente transparencia ni ha evitado el ‘greenwashing’ por parte de las empresas (Lyon y Maxwel, 2015).

En resumen

Tanto por la presencia de externalidades como por la enorme incertidumbre al respecto de la efectiva aplicación de los estándares de seguridad sanitaria en la actividad turística, es imprescindible la actuación directa gubernamental. El papel de los distintos gobiernos y de las autoridades sanitarias tiene que ir más allá del desarrollo de protocolos anti-covid en el sector; tienen que implicarse en asegurar su cumplimiento mediante la supervisión y el control directo, con inspecciones y multas en caso de incumplimiento.

Está en marcha el plan piloto de reactivación turística en las Baleares. Más allá de sus detalles, ejecutar un plan piloto a pequeña escala para contrastar la capacidad de gestión sanitaria ante la llegada de turistas es una buena idea. Pero después, para afrontar el reinicio turístico a gran escala con mayores volúmenes de turistas, es necesario disponer por parte de los gobiernos de la suficiente capacidad para escalar también la gestión sanitaria; y esto no debe dejarse a las fuerzas del mercado, requiere una intervención y gestión directa de los distintos gobiernos.


Referencias


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