La economía española atraviesa un buen momento, lo que debería facilitar la tarea del nuevo gobierno. No obstante, el ejecutivo se enfrenta a dos grandes desafíos. Primero, el de consolidar la recuperación de la economía y del empleo y a la vez, reducir el déficit público.
El crecimiento ha entrado en una fase de leve desaceleración. El petróleo se encarece y los mercados internacionales han entrado en una fase de debilitamiento, que algunos analistas consideran estructural y que frenará el incremento de las exportaciones, pilar crucial de la recuperación. Además, se anticipa que las medidas de estímulo del Banco Central Europeo se irán retirando durante la segunda mitad del año que viene, lo que elevará el coste de la deuda pública y de las hipotecas.
Aún así, el aumento del PIB podría alcanzar un sólido 2,3% en 2017 lo que permitiría crear más de 330.000 puestos de trabajo. Esta previsión se realiza bajo el supuesto de una política fiscal neutra, es decir, sin medidas adicionales a las adoptadas recientemente por el gobierno en funciones en materia de impuesto de sociedades. El déficit público se situaría en un 3,6% del PIB, medio punto por encima del objetivo pactado con Bruselas para 2017, lo que implicaría la falta de unos 5.500 millones de euros para alcanzar el objetivo fijado.
Sin duda, este importante desvío es fruto de una más que arriesgada política de reducción de ingresos llevada a cabo estos dos últimos años. Dada esta circunstancia, y para que el ajuste perjudique lo menos posible a la economía, los esfuerzos deberían descansar principalmente sobre la recaudación. Por ejemplo, en materia de impuestos especiales como los que gravan los hidrocarburos y en la eliminación de las reducciones de cuotas a la seguridad social que resultan especialmente costosas. Otra opción sería renegociar con las autoridades comunitarias una senda más realista de contención del déficit.
La situación del sistema de pensiones requiere una atención urgente. La financiación mediante cotizaciones sociales es claramente insuficiente en vista del aumento tendencial de las prestaciones y del envejecimiento de la población. Se trata pues de una cuestión menos controvertida que otras reformas y para la cual parece emerger cierto consenso, que podría resultar en un nuevo pacto entre partidos políticos, sindicatos y empresarios.
«El país se está recuperando y las perspectivas económicas son favorables en comparación con la mayoría de los países europeos, pero las cicatrices de la crisis no se han cerrado (…) Hace falta un nuevo impulso reformista».
Sin embargo, la cohesión social presenta desafíos aún más complejos. El desempleo está cayendo con fuerza. Pese a ello las desigualdades persisten. Cerca de un millón y medio de familias tienen a todos sus miembros en el paro y a día de hoy, 1,8 millones de personas siguen buscando empleo desde hace más de dos años. Sin duda, consecuencia de unas políticas activas de empleo débilmente articuladas y de impacto relativo, que llevan a muchos parados al desánimo y a la salida del mercado laboral y, por ende, a la caída de la población activa.
TABLA 1: Desafíos
| España | Eurozona | ||
|---|---|---|---|
| Deuda pública | II trim. 2016 | 100,5 | 91,2 |
| Deuda privada | II trim. 2016 | 169,2 | 164,1 |
| Crecimiento medio de productividad | 2000-16 | 0,9 | 1,0 |
| 2013-16 | 0,6 | 0,8 | |
| Riesgo de pobreza | 2015 / 2014 | 28,6 | 23,5 |
Deuda, en % del PIB. Riesgo de pobreza, en % de la población total.
GRÁFICO 1
Fuentes: INE, Eurostat, Comisión Europea, Banco de España y FUNCAS.
Las reformas laborales no han tenido éxito en atajar la dualidad en el mercado laboral. El empleo con contratos indefinidos descendió durante el tercer trimestre, mientras que el empleo temporal y los contratos de muy corta duración aumentan de forma imparable. Todo ello repercute directamente sobre la distribución de la renta, más desigual, y contribuye al estancamiento de la productividad.
Las desigualdades entre Comunidades Autónomas también se han ampliado. La crisis ha castigado con especial dureza a las Comunidades con renta per cápita más baja. Y la brecha no se ha cerrado durante la recuperación. Esta situación, que contrasta con el proceso de convergencia experimentado antes de la crisis, amenaza a la cohesión territorial. De esta manera, la financiación autonómica debería distinguir con mayor racionalidad entre el objetivo de solidaridad y la necesidad de invertir en las zonas prósperas, evitando cuellos de botella.
En suma, el país se está recuperando y las perspectivas económicas son favorables en comparación con la mayoría de los países europeos, pero las cicatrices de la crisis no se han cerrado. Los niveles de endeudamiento dejan poco margen para reaccionar ante aumentos de primas de riesgo o accidentes del mercado. La persistencia de un elevado paro de larga duración y la precarización del empleo socavan la cohesión social. Y las disparidades regionales generadas por la crisis se mantienen. Hace falta un nuevo impulso reformista.
