En 2018, España situó su ratio Déficit/PIB por debajo del -3%, lo que permitió abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo. No obstante, las finanzas públicas españolas siguen bajo vigilancia preventiva de la Comisión Europea por su elevado nivel de endeudamiento público. En este contexto, a finales de abril, el gobierno envió a la Comisión la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), donde fijaba como meta la consecución del equilibrio presupuestario en 2022. Para lograrlo propuso unos objetivos intermedios del -2,0% para 2019, del -1,1% en 2020 y del -0,4% en 2021. La cuestión que surge ahora es si estamos verdaderamente en disposición de alcanzar, en los próximos tres años, el preciado equilibrio presupuestario. Desafortunadamente, existen serias dudas, tanto por el contexto económico internacional como por las pocas garantías de disponer, de manera inmediata, de un gobierno operativo que tenga la firme convicción de aprobar las políticas de ajuste requeridas. El informe de la Airef del pasado mayo ofrecía ya ciertas dudas sobre el logro del equilibrio en 2022, al estimar para ese año un déficit del -0.5%. Lo preocupante de la desviación no es solo el cuánto sino el cómo se tiene previsto conseguir la consolidación fiscal. La evidencia disponible reconoce que las subidas impositivas son la alternativa más costosa para sanear las cuentas públicas, tanto en términos de producción como de bienestar. Pese a ello, esta ha sido la vía elegida por los gobiernos recientes. A ese error de base hay que añadir el ingenuo optimismo recaudatorio que el gobierno asocia a esas subidas impositivas.
«La desaceleración afectará a la recaudación y, por tanto, las ganancias esperadas en este terreno deberán ser revisadas dado el nuevo contexto económico. Por otra parte, en las estimaciones del efecto ciclo el gobierno utilizaba elasticidades de recaudación al ciclo económico ciertamente elevadas que conducen a una sobreestimación de los ingresos».
El actual gobierno en funciones estimaba en el APE que los ingresos impositivos aumentarían hasta 2022 el equivalente al 1,8% del PIB. El 60% del aumento de recaudación se dejaba en manos del efecto del ciclo, un 30% a la introducción de un paquete tributario que incluía nuevos impuestos como la “tasa Google” o el impuesto sobre algunas transacciones financieras, el aumento de los tipos marginales del IRPF a las “rentas altas” y, finalmente, el 10% restante a medidas aprobadas en años anteriores. Desafortunadamente, la credibilidad de estas previsiones es más que dudosa. En primer lugar, las ganancias de recaudación son básicamente consecuencia del efecto ciclo. Sin embargo, el crecimiento está perdiendo fuelle. El INE revisó hace unos días el crecimiento del PIB de 2018 dejándolo en el 2,4%. Asimismo, el Panel de Funcas o el Banco de España han revisado recientemente a la baja las previsiones de 2019. Esta desaceleración afectará a la recaudación y, por tanto, las ganancias esperadas en este terreno deberán ser revisadas dado el nuevo contexto económico. Por otra parte, en las estimaciones del efecto ciclo el gobierno utilizaba elasticidades de recaudación al ciclo económico ciertamente elevadas que conducen a una sobreestimación de los ingresos. Por ejemplo, respecto al IRPF, el gobierno utiliza una elasticidad de 1,7 que es claramente superior a lo que sugieren estudios recientes, en el entorno del 1,4, y que usan, por ejemplo, Funcas y la Airef en sus proyecciones recaudatorias. Finalmente, el paquete tributario reportaría, según las estimaciones del gobierno, 5.600 millones adicionales; muy por encima de las cantidades estimadas por instituciones como el Banco de España, la Airef o Funcas que rebajan ese impacto recaudatorio en un rango que oscila entre 800 y 2.100 millones. En definitiva, el cóctel formado por una incertidumbre política que va camino de convertirse en crónica, la falta de una acción de gobierno decidida de saneamiento de las cuentas públicas, los errores de previsión de ingresos y la ralentización económica global hacen altamente improbable la consecución del equilibrio presupuestario en 2022. Junto a esto, la evidencia científica disponible sobre el saneamiento de las cuentas públicas a través de subidas impositivas se confirma como inadecuado. Como confirman Alberto Alesina, Favero y Giavazzi, en su reciente libro Austerity, que resume más de 30 años de investigación sobre el tema, la subida de impuestos genera precisamente los efectos que tanto temen los antiausteridad: recesión económica severa. Por el contrario, los ajustes fundamentados en reducciones del gasto público, realizados durante los últimos 30 años, al menos en los países de la OCDE, han tenido un coste en términos de crecimiento muy bajo, en media próximo a cero.
Esta entrada es un resumen del artículo publicado en Cuadernos de Información Económica 272.
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