El pasado 21 de noviembre celebramos en Funcas una jornada de debate sobre la coyuntura presupuestaria y los deberes pendientes, en la que participaron Raymond Torres (director de Coyuntura de Funcas), Bernardo Soto (jefe del servicio fiscal de la CEOE) y Desiderio Romero (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Funcas). El video de la sesión está disponible en Youtube. En esta entrada hago una síntesis personal de las ideas de una discusión en la que predominaron los acuerdos y los puntos de convergencia.
La primera idea es que la estabilidad presupuestaria es importante. Lo es, en primer lugar, porque en 2024 se reactivarán las reglas fiscales europeas y abandonaremos el cuatrienio especial provocado por la pandemia y la invasión de Ucrania. Todos confiamos en que se trate de nuevas reglas; adaptadas a las fuertes asimetrías en los niveles de deuda y déficit que se observan hoy en la Unión Europea. Porque la aplicación estricta de la regulación actual conduciría a sendas de austeridad sustancialmente más exigentes (y contraproducentes) que las que vivimos hace una década. Pero incluso en una versión adaptada, el marco europeo nos va a obligar a reducir el déficit en 2024 hasta el 3%. Con un desequilibrio presupuestario que cerrará 2023 en el entorno del 4%, el ajuste fiscal es inminente.
La segunda idea es que el objetivo de recortar el déficit no se explica solo por restricciones externas. Necesitamos recuperar margen para afrontar crisis futuras; necesitamos reducir rápidamente el stock de deuda pública para que la carga por intereses no se convierta en una losa que nos impida atender otras necesidades: con una deuda en el entorno del 100% del PIB cada punto adicional de coste medio de la deuda supone alrededor de 15.000 millones de gastos financieros; necesitamos reforzar nuestra reputación fiscal para sortear tormentas en el océano de la deuda soberana; en fin, la responsabilidad fiscal legitimará a España para liderar demandas de reforzamiento de la capacidad fiscal comunitaria para hacer frente a las enormes inversiones que en la próxima década conllevará la adaptación al cambio climático, la transición energética y la digitalización.
El tercer punto de convergencia es que debemos revisar el paquete de medidas implementadas en el último bienio para afrontar la crisis de precios. En particular, la eliminación de todas las actuaciones en el frente energético a partir del 1 de enero permitiría ahorrar alrededor de 7.500 millones de euros, lo que equivale a la mitad del ajuste fiscal preciso. Adicionalmente, sería posible ajustar otras actuaciones teniendo presente su impacto sobre la tasa de inflación, la desigualdad de rentas o su efecto sobre los incentivos a objetivos como la eficiencia energética y la movilidad sostenible. El gobierno debería examinar con rigor y de forma urgente el paquete de medidas para adelgazarlo lo más posible. Porque no hay que olvidar que los pactos de gobierno conllevan nuevos compromisos presupuestarios o que la partida por intereses en 2024 aumentará significativamente respecto a 2023.
En el ámbito tributario existe consenso sobre la conveniencia de actuar en el frente de los llamados gastos fiscales. En línea con las propuestas del Libro blanco sobre la reforma tributaria, existe un amplio margen de eliminación de bonificaciones y tratamientos especiales. Algo que permitiría aumentar la recaudación y rebajar tipos impositivos, con las consecuentes ganancias en términos de eficiencia. De forma complementaria y de nuevo alineados con lo defendido por los expertos del Libro Blanco, en el frente de la tributación medioambiental es donde existen más espacios para el avance y la mejora, desde una perspectiva comparada.
Finalmente, no solo debemos hablar de los ingresos. Es fundamental un nuevo paradigma en el lado del gasto. La evaluación ex ante y ex post de los programas, el rediseño de políticas públicas mediante pruebas piloto, el recurso a instrumentos de intervención diferentes al gasto o a los tributos… Todo ello nos conduce a preocuparnos mucho más sobre el qué hacemos con los recursos públicos, cómo podemos optimizarlos y en qué medida cumplimos los objetivos que se persiguen, y mucho menos sobre cuánto se gasta. El volumen de gasto en un área u otra no puede ser el objetivo político ni el meollo de las discusiones en parlamentos y medios de comunicación. Lo importante son los resultados. El gasto es un mero instrumento.
