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Calidad institucional y competitividad de la economía española

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Institutions Matter es una de las etiquetas argumentales más reiteradas en el análisis económico de las dos últimas décadas, en una tendencia que se ha reforzado notablemente a partir de la gran difusión alcanzada por el libro de Daron Acemoglu y James Robinson sobre el fracaso de las naciones (Por qué fracasan los países, Deusto, 2012). La Nueva Economía Institucional (NEI) ha conseguido establecer a través de un largo recorrido intelectual una relación precisa entre configuración institucional y eficiencia económica. Desde la perspectiva de la NEI, el marco institucional –compuesto de reglas formales o informales y mecanismos de cumplimiento– es clave para entender los incentivos de los individuos en todo tipo de actividades económicas, por lo que afecta decisivamente los resultados de estas. Por ello, además de las variables económicas tradicionales, la NEI destaca la importancia de estudiar otros niveles de análisis social que incluyen las reglas políticas, legales y judiciales y la estructura de gobernanza.

En particular, son ya muy significativos los esfuerzos por buscar en ese tipo de factores las fuentes de la competitividad (junto a la innovación o el capital humano) y del crecimiento. En el presente trabajo se desarrolla ese ángulo de visión aplicándolo a la evolución de la economía española de los últimos lustros. Al estudiar las claves de la competitividad en España, la calidad institucional aparece como un determinante fundamental para entender las posibilidades de evolución económica del país.

«Como sugiere con claridad el Global Competitiveness Report, la capacidad competitiva de la economía española encuentra una de sus principales insuficiencias en la debilidad institucional».

Partimos de lo que podríamos llamar «el misterio de la baja productividad total de los factores». Como se sabe, la evolución de esta variable ha sido muy problemática en la historia reciente de la economía española. Durante la fase de expansión, la PTF cayó en España a una tasa anual de 0,7% (en tanto que aumentó un 0,4 y un 0,7% en los casos de la UE y Estados Unidos). ¿Cómo explicar esa anomalía? Las respuestas más comunes son el retraso tecnológico, que en lugar de corregirse con el tiempo, ha ido a más con la crisis, y el déficit en capital humano, que tiene que ver con las insuficiencias del sistema educativo. También suelen mencionarse otros factores, como el minifundismo de las empresas o la calidad gerencial de estas.

Probablemente todo ello sirva para esclarecer partes del problema. Pero para entenderlo en toda su dimensión es necesario ir más lejos: como sugiere con claridad el Global Competitiveness Report, la capacidad competitiva de la economía española encuentra una de sus principales insuficiencias en la debilidad institucional. Para entenderlo es necesario establecer una secuencia argumental clara. En primer lugar, en el trabajo se muestra que a partir de los años setenta se abrió una dinámica virtuosa de cambio institucional en la que el mecanismo democrático, las ganancias de eficiencia económica y la apertura fueron reforzándose mutuamente, hasta el punto de que la transición política española puede considerarse como uno de los mejores ejemplos en la esfera internacional de los efectos transformadores en lo económico del advenimiento de instituciones políticas inclusivas.

Fallo institucional multiorgánico

En segundo lugar, sin embargo, con el paso del tiempo –una vez consolidada la nueva estructura de instituciones básicos y confirmada la presencia de España en el segmento de países de economía desarrollada–, se ha ido haciendo cada vez más evidente la presencia de algunas notables debilidades institucionales. Estaríamos en presencia de lo que podríamos llamar un fallo institucional multiorgánico, que actúa como una rémora significativa para el potencial de crecimiento a largo plazo. Algunos de los principales fallos tienen que ver con el funcionamiento ineficiente del sistema judicial, con la múltiple presencia de distorsiones en la relación entre sistema política y sociedad (percepción de corrupción, etcétera), que generan un alto grado de desconfianza, y con el peso inerte de la burocracia.

«Identificar en los fallos institucionales un obstáculo fundamental para el crecimiento equivale a detectar amplios márgenes para la mejora en la capacidad competitiva de la economía española».

En tercer lugar, la evolución de los indicadores durante los años de crisis muestra que muchos de ellos (los que más inciden sobre la confianza) han experimentado deterioros adicionales, de efectos muy perturbadores. Es verdad que la grave situación económica ha implicado la exigencia ciudadana de una mayor accountability y una menor valoración de las instituciones políticas, por lo que las tendencias recientes de ciertos indicadores podrían estar forzando una interpretación excesiva de las dinámicas objetivas, pero la percepción del estado de las instituciones genera por sí misma efectos económicos, y por lo tanto la subjetividad importa.

Y en cuarto lugar, identificar en los fallos institucionales un obstáculo fundamental para el crecimiento equivale a detectar amplios márgenes para la mejora en la capacidad competitiva de la economía española: profundas reformas institucionales –quizá en primer lugar la del sistema judicial– puede esperarse que actúen como un notable factor de impulso de la economía en el largo plazo.

Esta entrada es un resumen del artículo Calidad institucional y competitividad de la economía española: Perspectiva comparada, publicado en el número 150 de Papeles de Economía Española. Puede acceder aquí al sumario de la revista.

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