El estallido de los recientes shocks geopolíticos y el consiguiente alejamiento de Estados Unidos han dejado al descubierto la fuerte dependencia europea en el mercado de medios de pago: los grandes proveedores que dominan tanto los pagos con tarjeta —Visa, Mastercard— como los realizados mediante apps móviles —Apple Pay o Google Pay— son estadounidenses. Un estrecho vínculo que implica vulnerabilidad ante potenciales presiones, cambios de condiciones o incluso la supresión de los servicios prestados por las empresas.
Esa perspectiva hace que el proyecto de euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), cobre una nueva relevancia. Como señaló en abril el miembro del consejo ejecutivo del banco, Piero Cipollone, ante el comité de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo (PE), es importante para Europa contar con una moneda digital que refuerce la autonomía estratégica y que reduzca la subordinación en los sistemas de pago. Pero coincidiendo con este renovado protagonismo, han surgido asimismo voces –también en el PE, donde se tiene que debatir y aprobar su regulación– que plantean dudas en torno al uso y al impacto de la divisa digital desde, principalmente, tres ópticas: por un lado, muestran su preocupación por la posibilidad de que el euro digital pueda dar lugar a un seguimiento excesivo de la actividad financiera de los ciudadanos. Por otro, temen que la nueva divisa electrónica afecte a la estabilidad financiera a través, por ejemplo, de eventuales trasvases de dinero desde las cuentas bancarias a los monederos de euros digitales, lo que interrumpiría el canal de crédito. Finalmente, los críticos parecen abogar por soluciones alternativas desde el sector privado; bien las ya existentes u otras nuevas a escala paneuropea.
Frente a los recelos, el BCE ha elaborado un proyecto de euro digital garantista y gradual, diseñado deliberadamente como un experimento de bajo riesgo, con un alcance inicial modesto pero capaz de escalar si las condiciones lo requieren. Sobre la primera de las cuestiones, la de la privacidad, se insiste en que el uso de la moneda estará sometido a un nivel máximo de confidencialidad, de forma que tanto en los pagos online como en los offline ni los intermediarios ni el Eurosistema –las entidades financieras y el propio BCE– podrán identificar a los intervinientes en las transacciones, más que para cumplir normas, vigentes ya en la actualidad para otras operaciones, sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En cuanto al asunto de intermediación bancaria, se da por descontado que habrá límites para la tenencia de euros digitales —se habla de unos 3.000 por persona– y que, además, no generarán intereses, lo que desincentivaría la retirada de depósitos de las entidades financieras. En todo caso, el euro digital –dice la autoridad bancaria– se concibe como un medio de pago complementario a los ya existentes, tanto los privados como el propio efectivo, que posibilitaría desde su misma puesta en marcha transacciones entre consumidores y empresas en toda la zona euro.
Además de estas garantías, el euro digital presenta otros aspectos –su potencial para simplificar los pagos transfronterizos, o el respaldo de su valor por el BCE (lo que le diferencia de otras monedas digitales como las stablecoins)– que fueron más destacados en los momentos iniciales del proyecto, frente al rol, subrayado ahora, como referente de la soberanía monetaria europea. Este rasgo, junto al planteamiento de bajo riesgo que ofrece el BCE, debería llevar a que, de acuerdo con la actual planificación, culmine la actual fase de preparación y se pase a la de desarrollo en la segunda mitad de este año, estableciendo entonces su alcance y duración. En todo caso, el euro digital precisará de la adopción de una regulación aprobada por parte del PE y el Consejo antes de su emisión.
Más información en el numero de mayo de 2025 de Funcas Intelligence.
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