Las crisis bancarias y las soluciones para salir de ellas tienen repercusiones que se trasladan en el tiempo. A las autoridades de nuestro país de aquel entonces (2008-2012) les costó mucho reconocer la enorme magnitud de los problemas de insolvencia que había en un buen puñado de entidades, muy expuestas al mercado inmobiliario que se hundió en esos años. Finalmente, se acometió la reforma financiera en 2012. Permitió dejar atrás, incluso más rápidamente de lo esperado, con un esfuerzo considerable, lo peor de la crisis bancaria. La constitución de la Sareb fue, sin duda, uno de los ejes fundamentales y, por ello, estuvo reflejada en el Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno español firmó para poder recibir la ayuda financiera.
Crear sociedades que gestionen activos deteriorados es una solución habitual tras grandes crisis financieras. Estas entidades —popularmente conocidas como bancos malos— nacen con una vocación clara de minimizar pérdidas. Al fin y al cabo, cae sobre ellos la complicada misión de reducir el coste con que se financia la adquisición de esos activos y créditos, buena parte de ellos, dañados. La Sareb recibió unos 200.000 activos por valor de casi 51.000 millones de euros. El 80% eran préstamos y el 20% activos inmobiliarios. La mayor parte del capital de esta sociedad (55%) están en manos privadas, mientras que el 45% pertenece al Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Asimismo, en el pasivo de la Sareb estaban los bonos avalados por el Estado entregados como contrapartida para las entidades que transferían los activos.
A la Sareb se transfirieron los activos problemáticos para gestionar sus riesgos y liquidarlos en un horizonte de 15 años (hasta 2027). Ha pasado más de la mitad del tiempo y el proceso de venta y liquidación de activos ha ido algo por detrás de lo esperado, completándose solamente en torno a un tercio de las colocaciones. Podría llevar a una crítica fácil. Sin embargo, esta sociedad gestora ha tenido un papel importante como creador de mercado en un contexto muy difícil y cambiante del sector inmobiliario español, incluida una pandemia. Es mejor ir por detrás en los objetivos de venta que realizarlas de forma excesivamente acelerada. Una gestión profesional y prudente, sin ventas precipitadas, son menos quebrantos y deuda para todos. Si se hubieran vendido muchos activos con mayor descuento, tal y como estaba el mercado, habría más pérdidas irrecuperables. Buena parte de ellas son latentes por cambios de valoración. Sin embargo, según se estipuló en el decreto aprobado por el Gobierno en diciembre de 2016, las minusvalías generadas en los procesos de revisión de la cartera no deben recogerse contra resultados sino contra el patrimonio. En estos momentos, hay que dar un paso más y convertir en deuda pública aquellos bonos avalados. Es una etapa más para conciliar la espada de Damocles del plazo pendiente de vida del banco malo con la diligencia debida para la minimización de pérdidas. Llegados a este hito y confrontada la realidad, se continúa, de algún modo, reestructurando la institución que nació para eso mismo.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
