La decisión que tomó el Consejo de Ministros el pasado viernes de elevar a rango de decreto ley el reglamento que imponía trabas a las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) daña la competencia en el transporte de viajeros. Es un paso atrás en la necesaria liberalización de estos servicios.
El reglamento se encontraba recurrido por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) porque limitaba cada licencia posible de VTC a 30 de taxi. Lo que el Gobierno pretende ahora es retirar la capacidad de las comunidades autónomas de eliminar ese tope, derogando el reglamento actual y elevando la restricción a escala nacional. El recurso de la CNMC llegó al Supremo y se espera que falle contra el tope. No obstante, si el reglamento se ha derogado para entonces, la decisión judicial será irrelevante porque el artículo recurrido ya no existirá. Prevalecerá, real decreto mediante, la decisión del Gobierno que limitará (aún más) la competencia.
«Medidas como el tope que ahora se quiere mantener —en contra de la visión del supervisor de mercados— solo pueden hacer que se perpetúen prácticas de menos calidad, rentas monopolísticas y que el taxi en España viva una falsa y descafeinada revolución.»
No se trata de un debate sobre si los operadores VTC deben ser regulados como el taxi. Eso ya lo está dirimiendo la justicia europea en Luxemburgo. Esa es una cuestión más general con derivaciones tan importantes como las exigencias que deben superar los conductores que prestan estos servicios o sus condiciones laborales, que deben mejorarse sustancialmente, tanto en el taxi como en las VTC.
De lo que realmente se trata en España es de decidir qué liberalización y competencia se quiere para un servicio cuyas prestaciones no han sido óptimas en muchas ocasiones y en el que la tecnología introdujo una competencia que estaba haciendo espabilar a parte del sector. Medidas como el tope que ahora se quiere mantener con esa decisión política —y en contra de la visión del supervisor de mercados— solo pueden hacer que se perpetúen prácticas de menos calidad, rentas monopolísticas y que el taxi en España viva una falsa y descafeinada revolución.
A medias, con generaciones solapadas de servicios que hacen que la calidad a la hora de pedir un servicio dependa del azar. Hay muchos taxistas dispuestos a coger el guante del desafío competitivo y han planteado alternativas a tener en cuenta tecnológicamente. Pero pueden ser diluidos por frentes especulativos y de propiedad masiva de licencias que no representan al conductor, sino a intereses creados bajo incentivos muy mal calculados demasiados años. Distorsiones que se pueden extender a las VTC.
El triángulo CNMC-Supremo-Gobierno ya tiene peleas abiertas por otros aspectos de dudosa legitimidad competitiva, como la restricción para la compraventa de licencias VTC antes de dos años de funcionamiento o el decimonónico y tendencioso requerimiento de cumplimentar un registro administrativo sobre cada viaje de VTC.
Hay dos mundos, el tradicional y el tecnológico, que deben aprender mutuamente lo que cada uno tiene que aportar (experiencia frente a exigencia y transparencia tecnológica, principalmente) pero decisiones del Gobierno como esta no solo son sesgadas, sino que constituyen un paso atrás cuando no andamos precisamente sobrados de competencia y de avances tecnológicos en este tipo de servicios.
