La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el visto bueno de Bruselas, los aciertos en las medidas en el frente energético, que se reflejan en los muy buenos datos de inflación en el marco europeo, el comportamiento del empleo en perspectiva histórica, las proyecciones de crecimiento del PIB español en comparación a la media de la Unión Europea (UE). En el frente económico, todo apunta a que la coalición tendrá buena salud en el 2023 y que la legislatura se agotará. Dudo mucho que los roces y discusiones sobre otras cuestiones sean suficientes para obviar todo lo anterior y renunciar a las tendencias de fondo que están reflejando los barómetros electorales.
Por eso hay que aprovechar 2023 para seguir avanzando en reformas y ajustes. También en el frente de la financiación autonómica. Cierto que las elecciones de mayo suponen un obstáculo importante para que vayan a existir consensos plurales, pero no impide hacer algunas cosas necesarias y urgentes.
En primer lugar, reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la práctica, esta herramienta deliberativa se ha convertido en el principal instrumento para la gobernanza fiscal multinivel. Seamos coherentes. Proporcionemos al CPFF los recursos humanos y financieros necesarios para hacer bien su trabajo, para resolver todos los asuntos técnicos complejos y pendientes. Reformemos el sistema de voto para que el Gobierno central no tenga garantizado siempre que su criterio se impone, que tenga que negociar y pactar. Incluyamos más asuntos en la agenda del CPFF. Desde luego, todos los que tengan implicaciones financieras para las comunidades autónomas. Exploremos cómo podemos reforzar su estatus jurídico sin tener que tocar el marco constitucional. Idealmente, lo anterior debería acompañarse por un impulso de la Conferencia de presidentes como espacio político del máximo nivel, que debería enmarcar la citada agenda.
En segundo lugar, implementar una serie de ajustes en el sistema de financiación autonómica. Aceptemos que no es el momento para una reforma completa. Orillemos todos los asuntos difíciles desde un punto de vista político porque implican revisar criterios de reparto o reasignar recursos. Centrémonos en cuestiones técnicas o en elementos distributivos que no exigen cambiar un ápice la estructura del sistema actual. En particular, garanticemos que ninguna comunidad recibe menos de lo que el modelo le reconoce, lo que supone eliminar la infrafinanciación de comunidades autónomas como la valenciana, Murcia y Andalucía; en el IRPF revisemos el sistema de retenciones y de ingresos a cuenta a los gobiernos autonómico para que el tramo autonómico del impuesto sea una herramienta efectiva de autonomía; actualicemos la normativa estatal de los tributos cedidos, hoy claramente obsoleta. El año 2023 no debería convertirse en un período de transición y sin objetivos ambiciosos.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
