La cesta de la compra se está encareciendo más de lo esperado. Durante el mes de diciembre, el índice de precios al consumo aumentó un 0,6%. Es decir, prácticamente lo mismo que el incremento acumulado durante el resto del 2016. Comparado con un año antes, los precios aumentaron un 1,6%, lo que contrasta con tasas anuales nulas o negativas experimentadas durante los últimos cuatro años.
Se aleja pues el riesgo de deflación. Pero aparecen nuevos retos. La inflación supera claramente la media de la zona euro, mientras que el diferencial había sido favorable a España desde septiembre del 2013. Los precios también repuntan en los principales países europeos, pero en menor medida que en España. Así que, la tendencia actual, de confirmarse, conllevaría una pérdida de competitividad internacional de los productos españoles.
Gráfico 1
Además, el incremento del precio de los carburantes y de la energía consumida en el país, junto con la depreciación del euro con respecto del dólar, explican el aumento de los precios. Se trata de factores externos, que encarecen la factura importadora y sustraen poder adquisitivo para las familias y las empresas.
El problema es ¿quién pagará esa factura? La revalorización de las pensiones en un escaso 0,25% deja augurar que los pensionistas perderán poder adquisitivo, por primera vez desde el inicio de la crisis.
Gráfico 2
Aumenta la presión sobre las negociaciones salariales. La caída de los precios experimentada estos últimos años suavizó el impacto del estancamiento de los salarios sobre el poder adquisitivo de las familias. Las empresas, por su parte, conseguían mantener confortables márgenes, algo que les sirvió para desendeudarse e invertir.
«Bajo supuestos relativamente favorables (estabilidad del euro y del precio del petróleo), se espera que la inflación se sitúe en torno al 2% para el conjunto del 2017. De ser así, el impacto sobre la economía y la creación de empleo debería ser moderado».
Ahora el escenario es distinto. El encarecimiento de las importaciones reduce los ingresos disponibles en las empresas en cerca de 10.000 millones de euros. Si este coste se repercute sobre los salarios, las empresas salvan sus márgenes a costa del poder adquisitivo de los trabajadores y del consumo privado. Si los asalariados consiguen revalorizaciones en línea con la inflación, las empresas reducen sus excedentes, lo que afecta su capacidad inversora. En este contexto, el diálogo social es crucial para contener la inflación y repartir su impacto.
TUITEA ESTOLas administraciones públicas también sufrirán las consecuencias del repunte de la inflación, por lo menos hasta la aprobación de nuevos presupuestos. La congelación del gasto, fruto de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, se traduce en un recorte de la capacidad de acción de los entes públicos en términos reales y no deja espacio para revalorizar los sueldos de los funcionarios.
Atención también a los impuestos. A falta de ajuste de los tramos impositivos, la carga fiscal se recrudecerá para las personas y las empresas que gozan de un aumento de sus ingresos. Todo ello podría ayudar a reducir el abultado déficit público, y así acercarse a los objetivos marcados para este año.
Con todo, bajo supuestos relativamente favorables (estabilidad del euro y del precio del petróleo), se espera que la inflación se sitúe en torno al 2% para el conjunto del 2017. De ser así, el impacto sobre la economía y la creación de empleo debería ser moderado. La economía española viene creciendo con intensidad y cabe esperar que siga haciéndolo este año.
Pero el entorno internacional es incierto. La puesta en marcha del programa económico de Donald Trump podría obligar la Reserva Federal a aumentar los tipos de interés, lo que provocaría una revaloración adicional del dólar y más tensiones sobre los precios en Europa. Asimismo, el cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados por los países productores provocaría un fuerte encarecimiento de la energía importada. En este escenario, la inflación sería más elevada y su impacto sobre el consumo y la inversión más acusado.
En definitiva, la inflación reduce el peso de la deuda y aleja el riesgo de una caída generalizada de precios que cernía sobre la zona euro. Pero el repunte de los precios, por sus características, conlleva una pérdida de poder adquisitivo, además de revelar deficiencias estructurales en la economía española. Habrá que repensar la política energética, reduciendo el peso excesivo de los hidrocarburos, invirtiendo en energías renovables y adoptando medidas estructurales para reducir el precio de la electricidad.
Fuentes de los gráficos: Ministerio de Empleo, INE, Eurostat y Funcas.
