Las pensiones ocupan un papel preponderante —que aumenta con el paso del tiempo— en el debate público, si bien se suele tratar con un conocimiento limitado de su realidad y de la potencial dimensión del impacto en el futuro de las principales variables de influencia.
Algunas de las ratios más utilizadas para comparar la calidad de las pensiones, construidos sobre criterios homogéneos por la Comisión Europea (The Ageing Working Group), muestran que, de media, las pensiones públicas españolas son bastante superiores a las que existen en los países de la eurozona. Ocupan el primer lugar en la tasa de reemplazo (replacement rate: pensión sobre últimos salarios del beneficiario)y la tercera posición en la tasa de sustitución (benefit rate: pensión media sobre salario medio del país).
La anterior etapa expansiva apoyada sobre una gran burbuja inmobiliaria y financiera permitió diferir casi una década la aparición de un saldo negativo en el componente contributivo de la seguridad Social, en el que se encuadran las pensiones públicas contributivas (de 2001 a 2011). Esta circunstancia ha jugado en contra de la necesaria concienciación de la sociedad española sobre la dimensión del problema, al mostrar durante este tiempo un saldo del sistema de pensiones que no se correspondía a la verdadera capacidad de la economía española de generar renta.
El actual déficit en torno al 1,5 por 100 del PIB tiene carácter estructural con el modelo de gasto e ingresos vigente en la normativa actual. El ciclo económico, por tanto, no será capaz de reducirlo. La opción de abordarlo desde los ingresos implica una aportación equivalente al 23 por 100 del IRPF recaudado o, un aumento de 3,6 millones en el número de cotizantes que eliminaría la actual tasa de desempleo, o el incremento del 17,1 por 100 de la base de cotización media de todos los actuales afiliados.
«La sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los objetivos».
La opción de traspasar el déficit desde la Seguridad Social al Estado, considerando cuota por contingencia común y profesional una parte de las cuotas por desempleo, abre el riesgo de no disponer de suficientes márgenes de actuación en la política fiscal en la próxima crisis, si no se ha avanzado en el saneamiento de las cuentas de las administraciones públicas españolas, que actualmente tienen el segundo saldo negativo estructural más alto de la Unión Europea (en torno al 2,5 por 100 del PIB). En este hipotético y no deseable escenario, no hay que olvidar que las pensiones absorben casi una tercera parte del gasto de las administraciones públicas españolas.
La sociedad española, como la del resto de los países europeos, afronta un reto en el futuro próximo generado por el progresivo envejecimiento de la población, debido a la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom.
Los trabajos de investigación mencionados en este artículo elaborados con diferentes metodologías, muestran que la aplicación íntegra de la reforma de 2011 y la derogación de la aprobada en 2013 (IRP y FS), implicaría un significativo aumento del gasto en pensiones sobre el PIB. El aumento oscila entre 3,2 y 6 puntos en 2050, dependiendo fundamentalmente del crecimiento del PIB que, a su vez, está muy influido por la población en edad de trabajar.
Un escenario demográfico deseable, pero no fácil, que consiguiera mantener el actual número de personas en edad de trabajar mediante una recuperación de la tasa de fecundidad y un saldo de inmigración alto, no garantiza el equilibrio del sistema público de pensiones, necesitando aumentar significativamente la transferencia realizada por la sociedad a los pensionistas (mínimo de 3,2 puntos del PIB en 2050 que añadir al actual déficit de 1,5 puntos).
Estos trabajos incluyen una retribución de los asalariados en línea con la productividad nominal, de manera que no cabe esperar una mejora adicional del saldo del sistema por un mayor crecimiento de los salarios. Un aumento adicional de la productividad facilitaría financiar el mayor gasto en la etapa de llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación y reduciría el impacto de una hipotética reducción de la actual tasa de reposición, pero en un sistema contributivo trasladaría a futuro un mayor gasto en pensiones.
La sociedad española se enfrenta a un trilema determinado por el mantenimiento de la actual tasa de reposición (suficiencia), la sostenibilidad financiera y la equidad entre generaciones, en el que solo se pueden cumplir dos de los objetivos.
La suficiencia de las prestaciones es un objetivo básico de un sistema de pensiones, pero el aumento de la transferencia necesaria para mantener la actual tasa de reposición (pensión sobre último salario), la más alta de la eurozona, implicará una sensible pérdida de equidad entre generaciones al trasladar una carga elevada a las siguientes cohortes, que puede limitar seriamente su renta disponible y, por tanto, su calidad de vida. El aumento de los ingresos necesarios para mantener la actual tasa de reposición de las pensiones, por tanto, incorpora el riesgo de no poder extender el principio de suficiencia a todos los ciudadanos españoles.
Conocido el fuerte proceso de envejecimiento de la población, la sociedad española debería aplicar potentes políticas que permitan mantener en el futuro la población en edad de trabajar. Esta decisión, no obstante, no agota el exigente reto al que se enfrenta en las próximas tres décadas. Además, es imprescindible mantener un debate serio y con rigor que supere las consignas simplistas como la demanda de pensiones dignas, suficientes o sostenibles socialmente, para consensuar cuál es el nivel de gasto en pensiones óptimo/razonable hasta 2050 que permita equilibrar el principio de suficiencia de las prestaciones con un nivel adecuado de equidad en el reparto de los esfuerzos y los beneficios entre generaciones.
Esta entrada es un resumen del artículo ‘Situación actual y perspectivas futuras del sistema público español de pensiones’, disponible en el número 161 de Papeles de Economía Española: Presente y futuro de la seguridad social
