El año pasado los tipos de interés llegaron a mínimos históricos. Así, el Euríbor a un año descendió hasta un nivel medio anual del -0,5% y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años situó su media anual en el suelo histórico del 0,35%. Pero con el despegue de la inflación, y tras la reunión del BCE de principios de febrero, quedó claro que la política monetaria se dirigía hacia la normalización y que la etapa de tipos de interés ultrarreducidos llegaba a su fin. Los mercados de futuros descontaban agresivas subidas, apuntando incluso a un retorno a niveles positivos al final del año. El Euríbor comenzó a ascender y la rentabilidad de la deuda pública española a diez años llegó a alcanzar el 1,25%, con un ascenso también de la prima de riesgo, aunque todavía lejos de la zona de peligro.
Tras la invasión de Ucrania, el panorama con respecto a la senda de la política monetaria y los tipos de interés se volvió más incierto. El impacto de la guerra es de tipo estanflacionario, es decir, eleva la inflación al tiempo que reduce el crecimiento. Esto supone un dilema para el banco central, que tiene que decidir qué objetivo es prioritario: evitar el desencadenamiento de un proceso inflacionista persistente, y por tanto endurecer la senda prevista de su política monetaria, o sostener la actividad económica y el empleo, lo que le llevaría a una relajación de la misma.
La reacción inicial de los mercados tras el estallido de la guerra fue moderar las expectativas con respecto a las subidas de tipos por parte del BCE. El Euríbor a un año frenó su escalada, y la rentabilidad de la deuda pública descendió. Lo que se esperaba, en general, era el mantenimiento de la retirada de estímulos decidida en febrero, y que, de modificar la senda prevista de la política monetaria, sería para suavizarla. Se pensaba, por tanto, que sería la preocupación por el impacto sobre la actividad económica la que más pesaría.
La decisión anunciada el jueves por Lagarde, sin embargo, ha sido la opuesta. El BCE acelerará la reducción de las compras de deuda, y podría finalizar las mismas en el tercer trimestre en caso de que las perspectivas para la inflación no hayan mejorado. Lagarde no concretó nada con respecto al inicio de las subidas de tipos, pero tras el anuncio los mercados volvieron a descontar su retorno a terreno positivo. El impacto más relevante, sin embargo, es en el mercado de deuda. La perspectiva de una próxima finalización de las compras de títulos por parte de la institución disparó las rentabilidades hasta máximos anuales, con un incremento, de nuevo, de la prima de riesgo.
“La finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal”.
María Jesús Fernández
El BCE ha considerado, por tanto, que su prioridad es evitar que la inflación se desboque y las expectativas se desanclen, lo cual no debería sorprender, puesto que el control de la inflación es su único mandato, no el sostenimiento de la actividad económica. Pese a ello, la decisión será polémica, dado el fuerte impacto económico, de magnitud aún incierta, que va a derivarse de la guerra, y dada también la poca utilidad de la política monetaria para impedir una inflación originada por un aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales. No hay que olvidar el precedente de las subidas de tipos practicadas por Trichet en 2011, cuando, en un momento de gran debilidad económica, la inflación aumentó a consecuencia del encarecimiento del petróleo, decisión de la cual se tuvo que retractar pocos meses después. Se puede alegar, no obstante, que lo anunciado por Lagarde, en realidad, no supone el inicio una política monetaria restrictiva, sino tan solo la eliminación de unos estímulos que podrían proporcionar a la economía combustible para el desencadenamiento de una espiral precios-salarios. Es decir, no se trata de rebajar los precios energéticos, sino de evitar que la inflación actual acabe perpetuándose.
Una consecuencia muy relevante del anuncio del BCE es que la finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal —por ejemplo, a través de subvenciones o bajadas de impuestos a hogares y empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía—. Si el margen de maniobra era ya reducido, ahora lo es aún más. Es más, sin el BCE actuando como demandante, existe el riesgo de que las condiciones en los mercados financieros se tensionen y comiencen a dispararse las primas de riesgo, lo que pondría a la institución en un nuevo dilema, que probablemente sería resuelto retornando al mercado a comprar títulos de deuda.
Por otra parte, la incertidumbre es máxima; no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto ni qué va a pasar en los mercados energéticos. No se puede descartar ningún escenario, ni por tanto un cambio en la valoración relativa del BCE con respecto a los riesgos para la inflación y el crecimiento. De hecho, en su comunicado dice expresamente que las compras netas podrían reanudarse si fuera necesario. No está claro, en suma, que el BCE vaya a poner fin a los estímulos de forma tan inmediata como ha anunciado.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
