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Residencias de mayores: componentes fundamentales del sistema de bienestar en un contexto de creciente longevidad

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Algunos de los más destacados demógrafos españoles insisten en que el rápido envejecimiento de la población que se está produciendo en las sociedades avanzadas es el resultado de un éxito reproductivo sin precedentes[1]. A lo largo del siglo XX, estas sociedades han conseguido grosso modo duplicar la esperanza de vida de sus poblaciones, de manera que la elevada natalidad ha dejado de ser una necesidad para asegurar la supervivencia de al menos una parte de la descendencia. En la consecución de tan fundamental logro humano, los españoles nos encontramos en el grupo de vanguardia mundial[2].

Pero, por incontestables que resulten, los éxitos sociales pueden originar problemas políticos. Así, el aumento de la proporción de mayores como consecuencia de la progresiva longevidad y de la baja natalidad plantea dificultades de manejo muy complejo, como la sostenibilidad de los Estados del Bienestar. En este debate, el foco central suele ponerse en las pensiones, dado su elevado  volumen de gasto y la fuerte presión al alza que van a sufrir en las próximas décadas. Aunque también se ve seriamente afectado por el envejecimiento de la población, el futuro del sistema público de salud no genera en España tanta discusión política. Y todavía menos atención suscita la cuestión de cómo se atenderá la creciente demanda de servicios de cuidados de larga duración a quienes, por su avanzada edad, pierdan la autonomía física, mental o sensorial.

«A medida que durante las últimas décadas se han ido reduciendo las capacidades familiares de cuidado a dependientes (en gran parte, por la incorporación de las mujeres al mercado laboral), ha aumentado el recurso a cuidadores profesionales domésticos y a residencias para mayores».

En la prestación de cuidados personales, el Estado español siempre se ha considerado un agente subsidiario de las familias, auténticas protagonistas en esta materia aun tras la aprobación de la popularmente denominada “Ley de Dependencia”[3]. Sin embargo, a medida que durante las últimas décadas se han ido reduciendo las capacidades familiares de cuidado a dependientes (en gran parte, por la masiva incorporación de las mujeres al mercado laboral y el consiguiente debilitamiento del esquema tradicional de división del trabajo en el seno de las familias), ha aumentado el recurso a cuidadores profesionales domésticos y a residencias para mayores. Muchas familias con mayores que sufren algún grado de dependencia se ven ante la necesidad de elegir entre una de estas dos fórmulas, una elección nada sencilla. La preferencia de los mayores por la permanencia en el hogar es generalizada. Así se desprende de los datos sobre sus formas de residencia y convivencia recogidos en el último Censo de Población y Viviendas, realizado el año 2011. Las personas de 65 o más años instaladas en residencias de mayores representaban a principios de esta década el 3,33% del total de la población de esa edad. Entre las mujeres de 90 o más años, menos de una de cada cinco (18,1%) vivía en estas instituciones; la proporción resultaba todavía menor (7,5%) entre las mujeres entre 80 y 89 años. Los hombres de esos grupos de edad presentaban porcentajes bastante inferiores (11,8% y 5%, respectivamente).

Gráfico 1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011 (www.ine.es).

A pesar de esta preferencia por el hogar familiar como domicilio y lugar de convivencia, la población de mayores que viven en residencias aumenta,  a todas luces, a buen ritmo. Entre 2001 y 2011 casi se triplicó, pasando, en números redondos, de 96.000 a 270.000 (gráfico 1). Hasta que no se lleve a cabo el próximo censo en 2021, no conoceremos fehacientemente la evolución de esta cifra, pero algunos indicadores ya apuntan un incremento sustancial. Así, las estadísticas de residencias del año 2015 arrojaban una cifra de 359.000 plazas, 20.000 más que las correspondientes al año 2011[4]. Suponiendo que alrededor de un 20% de ellas se hallara vacante[5], el número de plazas ocupadas en 2015 podría rondar las 290.000 (lo que supondría un crecimiento de alrededor del 7% entre 2011 y 2015).

«La oferta de plazas en residencias muestra una considerable diversidad interterritorial, tanto en número como en titularidad y precios».

La mayor parte de la sociedad conoce escasamente cómo se desenvuelve la vida diaria en  estas residencias. Muchas de ellas son hoy espacios abiertos durante gran parte del día a las visitas externas, donde los residentes, el personal y los familiares se comunican y se tratan a diario, estableciendo relaciones afectivas de todo tipo. Además de proveer los servicios necesarios para realizar las denominadas “actividades básicas de la vida diaria”, estas residencias suelen contar con programas de animación cultural y talleres de orientación, y en sus agendas figuran a menudo diversos eventos lúdicos para los residentes. De todo ello ofrece un testimonio elocuente el documental “Amor residente”, producido por Funcas y estrenado en mayo de 2017 en el marco de su proyecto “En clave social”.

Acusada diversidad territorial

Las residencias prestan hoy día un servicio valioso para muchas familias que buscan conciliar de la mejor forma posible el bienestar de todos sus miembros (de diferentes sexos y generaciones). Sin embargo, las familias españolas que  optan por recurrir a una residencia de mayores se encuentran a menudo con situaciones muy diferentes en función de dónde habiten.  En efecto, la oferta de plazas muestra una considerable diversidad interterritorial, tanto en número como en titularidad y precios (estas dos últimas variables están relacionadas, toda vez que el coste de las plazas privadas es considerablemente más elevado que el de las plazas públicas y concertadas)[6].

Tabla 1

Total plazas Residencias privadas (% total) Residencias públicas (% total) Ratio de plazas por 100 personas de 65 o más años
Andalucía 40.072 76 24 2,95
Aragón+* 17.699 65 32 6,38
Asturias 10.830 70 30 4,28
Islas Baleares 5.409 55 45 3,25
Islas Canarias* 6.900 48 48 2,22
Cantabria* 5.866 82 17 4,95
Castilla y León 44.266 74 26 7,43
Castilla-La Mancha 26.783 63 37 7,09
Cataluña 59.263 80 20 4,35
Extremadura 12.012 46 54 5,54
Galicia 20.048 79 21 3,06
Comunidad de Madrid* 48.660 75 24 4,51
Murcia 4.909 82 18 2,24
Navarra 48.660 69 31 5,16
Comunidad Valenciana 26.603 79 21 2,91
País Vasco 19.891 67 33 4,30
La Rioja 3.068 65 35 4,87
Ceuta 181 69 31 1,95
Melilla* 318 35 65 3,84
España 359.035 73 27 4,19
*Suma ≠100 por falta de algunos datos

Fuente: Estadísticas sobre residencias (Portal EN-RED).

La ratio de plazas residenciales por 100 personas mayores (de 64 años) oscilaba en 2015 entre dos (las Islas Canarias [2,22], la Comunidad Valenciana [2,91] y Andalucía [2,95] mostraban las proporciones más bajas) y siete (Castilla y León [7,43], Castilla-La Mancha [7,09] y Aragón [6,38], las más altas)[7] . Los archipiélagos balear y canario, junto con Extremadura, registraban las mayores proporciones de plazas públicas (entre 45 y 53%), mientras que Cantabria, Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana se situaban en el extremo opuesto (entre 17 y 20%)[8]. La acusada diversidad territorial (tabla 1) puede estar relacionada con especificidades de la demanda local, pero no parece probable que este sea el único factor explicativo de diferencias tan significativas.

"Amor residente".

Fotograma de ‘Amor residente’, documental producido por Funcas.

Ante este panorama, la importancia actual y futura de las residencias como dispositivos básicos del sistema de bienestar español para la provisión de cuidados de larga duración a una  parte de la población mayor exige investigar y medir la demanda insatisfecha de plazas residenciales, así como las características específicas de esa demanda. Solo así podrá diseñarse adecuadamente una política capaz de procurar más igualdad de oportunidades a las familias españolas que, independientemente de dónde vivan, hayan decidido confiar a las residencias el cuidado de sus mayores.

[1] En esta visión del envejecimiento de la población coinciden investigadores de dos centros de referencia en España, el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (CSIC) y el Centre d’Estudis Demogràfics (UAB).
[2] La reciente publicación de World Health Statistics 2016 (OMS) ha vuelto a poner de relieve la destacada posición de España a este respecto: tras la japonesa, suiza, singapuresa y australiana, la población española registra la esperanza de vida al nacer más alta del mundo (85,5 años en el caso de las mujeres, y 80,1 años en el de los hombres).
[3] Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, BOE 299, 15 de diciembre de 2006.
[4] Equipo Portal Mayores (2011). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de noviembre de 2011“, Madrid, Informes Portal Mayores, 128, pág. 11; Envejecimiento en Red (2015). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de junio de 2015“, Madrid, Informes en Red, 13, pág. 11.
[5] Abellán, A. (2013). “Una de cada cinco plazas en residencias de mayores está vacante”, Blog Envejecimiento[en-red], 4 (mayo).
[6] Las plazas privadas constituyen casi tres cuartas partes de todas las disponibles, de acuerdo con las estadísticas de residencias (véase la nota 4). Según el Informe publicado por inforesidencias.com, en 2014 el precio medio de una residencia de mayores en España se situaba en 1.830 euros al mes.
[7] Envejecimiento en Red (2015), 13, pág. 15.
[8] Envejecimiento en Red (2015), 13, pág. 13.

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