Cambios súbitos en el orden geopolítico y la disrupción tecnológica están alumbrado nuevas relaciones sociales en el siglo XXI. Sucedió en otros momentos de la historia y supuso un reto para los reguladores. Ahora, los gobiernos y autoridades de la competencia andan superados. La tecnología imperante se basa en el manejo de la información y la colaboración, con formas de organización del mercado bastante más complejas de lo que parece por la aparente observación de su actividad.
Muchos ciudadanos conciben Google como un buscador de internet que se ha convertido en parte de su vida… y poco más. Aprecian sólo un lado del mercado. Pero las nuevas industrias no tienen la relación vertical que sigue predominando en nuestras mentes: la de un comprador y un vendedor. Son mercados multilaterales donde cada consumidor aprecia sustantivamente un lado del mercado que, en muchas ocasiones, le parece gratuito. Pero los precios y beneficios de esa misma empresa tienen otros lados y facetas en los que se explota la información y no son, en absoluto, gratuitos. Y silenciosamente dominan –hasta límites insospechados– gran parte de lo que observamos y, lo que es más importante, cómo lo observamos: nuestra vida, nuestras opiniones. Sucede también que compartir datos, bien utilizado, puede traer mucho ahorro y conveniencia al consumidor, al compartir información y servicios. Esa economía colaborativa de la que ahora tanto se discute por sus efectos sobre otros órdenes industriales tradicionales. Sobre todo, en el sector servicios, como el transporte o el turismo, donde conflictos como el del taxi están muy vivos.
«El orden comienza por una adecuada protección de datos, en el uso que hacen las grandes tecnológicas (Google, Amazon, Facebook). Del mismo modo, se debe articular una fiscalidad coordinada que no siempre es sencilla porque no todas estas compañías manejan la información del mismo modo»
Como ha señalado recientemente el premio Nobel Jean Tirole, esta nueva economía digital se debe asentar sobre cuatro pilares regulatorios: competencia, relaciones laborales, privacidad y fiscalidad. Pero el desafío es considerable y se regula “a bulto”. Hay sobrerreacción que eleva –sin la debida reflexión– algunos pilares (impuestos, limitación de la competencia) y no da el adecuado tratamiento que requieren otros (protección de datos y nuevas formas de empleo). Si no se avanza de forma más coordinada entre jurisdicciones y con un mayor entendimiento de cómo funcionan estas industrias, el resultado será un freno a la innovación y la protección de sectores poco competitivos. Se generará desigualdad entre países. Brechas entre los ricos tecnológicamente y los aparentemente protegidos pero empobrecidos en digitalización.
El orden comienza por una adecuada protección de datos, en el uso que hacen las grandes tecnológicas (Google, Amazon, Facebook). Del mismo modo, se debe articular una fiscalidad coordinada que no siempre es sencilla porque no todas estas compañías manejan la información del mismo modo (Amazon vende y Google ofrece resultados de búsqueda). Sin embargo, predomina la obsesión por la fiscalidad sin la suficiente reflexión para ser eficiente (tasa Google). Sin consenso internacional deriva en aislamiento tecnológico. Y una protección de sectores no competitivos que carece de sentido para el bienestar común. Se favorece el monopolio de quien no ofrece ya un servicio adecuado a los tiempos que corren y se ignoran las fuentes del tremendo poder de mercado de los gigantes tecnológicos.
