Cada vez hay más previsiones macroeconómicas que apuntan a que la recuperación comenzará de un modo más intenso hacia mediados de año, una vez se avance notablemente en el proceso de vacunación. Sin euforias, pero con mayor esperanza, tras un año durísimo, de poder superar lo peor de esta crisis sanitaria y económica en unos meses. Parece necesario un último esfuerzo. Apoyar a empresas y autónomos, al menos hasta el verano, manteniendo los principales instrumentos de apoyo empresarial que se crearon para hacer frente a la covid-19 y con una apuesta decidida por ayudas directas para llegar a esa orilla que es el verano.
La mayoría de las empresas tiene problemas de ingresos, no tanto de deuda. Y lo que hay que apoyar es el mantenimiento de rentas hasta la salida de la crisis.
Santiago Carbó
Este esperado y tardío debate sobre la necesidad de ayudas directas en España —muchos países europeos llevan ya tiempo concediéndolas— ha entrado en un terreno preocupante recientemente. De un modo inoportuno, en mi opinión, el foco se ha puesto en cómo aliviar los créditos avalados por el ICO que ha concedido el sector bancario planteándose incluso quitas que, en buena parte, asumiría la entidad de crédito. Esto generaría muchos problemas e incentivos perversos. Desde una perspectiva conceptual, hablar de quitas —o incluso de condonación de deuda—, genera, por sí solo, incertidumbres innecesarias e inestabilidad financiera. Por otro lado, realizarlas ahora es una clara invitación a que otros prestatarios las soliciten, incluso para un crédito distinto del avalado por el ICO. Se daría un mensaje también de que los préstamos garantizados por agencias financieras del Estado no tienen por qué cumplirse en todos sus términos. La mayoría de las empresas tiene problemas de ingresos, no tanto de deuda. Y lo que hay que apoyar es el mantenimiento de rentas hasta la salida de la crisis.
Hay posibles consecuencias macroeconómicas de aplicar quitas hoy que me preocupan en particular. En primer lugar, debido al considerable impacto que tendrían en las carteras de los bancos, se podría producir un episodio de racionamiento de crédito por la reclasificación y efecto arrastre para el resto de los créditos de las empresas afectadas. Aún peor, el consiguiente aumento de la morosidad reduciría la capacidad del sistema bancario para otorgar nueva financiación, justo cuando más se necesita. Asimismo, la credibilidad del ICO quedaría negativamente afectada, lo que comprometería el papel de sus líneas de financiación futuras. Por último, no se han aplicado en ningún país, lo que situaría a nuestro sector financiero en una situación de desigualdad frente a los de otros países, cuyas empresas también han contado con ayudas directas y otros apoyos más contundentes desde marzo de 2020.
Una nota más constructiva al cierre: cuando comience la recuperación será el momento, tal y como ocurrió en otros procesos de reestructuración y una vez agotados todos los periodos de carencia, de estudiar y ofrecer quitas totales o parciales pari passu entre ICO y bancos. Ese sería el momento oportuno de ponerlas encima de la mesa, nunca como origen de una reestructuración, solamente como una opción más. De este modo, además se evitaría un aumento ahora —probablemente innecesario— de déficit y deuda públicos.
