El desacuerdo entre Italia y la Comisión Europea amenaza con poner la frágil economía transalpina contra las cuerdas, con graves consecuencias para la economía española. El gobierno de Giuseppe Conte se siente respaldado por el mandato democrático de estimular el crecimiento mediante unos presupuestos expansionistas. Bruselas, por su parte, acierta en considerar que esta política fiscal contraviene las reglas establecidas en el pacto de estabilidad y crecimiento, y amenaza con no aprobar las cuentas presentadas por Roma, lo que, en última instancia, podría conllevar la imposición de una sanción.
Los mercados han reaccionado, exigiendo mayor rentabilidad para sus inversiones en deuda italiana y encareciendo la financiación de la economía. Mientras que el tipo de interés sobre los bonos de referencia (los que emite Alemania a diez años) es inferior al 0,4%, los títulos de deuda italiana soportan un 3,5%. El propio ministro de hacienda Giovanni Tria concede que su país no podrá aguantar mucho tiempo un diferencial, o prima de riesgo, de tal magnitud. Por lo pronto, la economía se estancó en el tercer trimestre.
Por ahora las tensiones no están afectando la prima de riesgo española, casi tres veces inferior a la del país vecino. Pero un estancamiento prolongado de la economía italiana, el tercer mercado de exportación, tendría consecuencias económicas. El escenario de un pánico financiero a la griega, en la novena economía mundial y la tercera de la eurozona, sería peor aún.
«Al gobierno italiano no se le ha escapado que otros socios europeos han excedido reiteradamente los objetivos marcados por la normativa. Alemania, sin ir más lejos, ha infringido las reglas de déficit en siete ocasiones y Francia en trece. Por tanto, la reforma de la eurozona es una de las tareas pendientes».
Más allá de las posibles consecuencias, conviene extraer lecciones de la crisis italiana para nuestro país. La primera y más evidente: la contención de los desequilibrios presupuestarios, es una condición necesaria para evitar que sean los mercados los que obliguen a adoptar decisiones de política económica. La deuda pública española lleva cuatro años estancada en torno a un año de riqueza nacional, el mismo nivel que tenía la deuda italiana antes la crisis. Un periodo, 2015-2018, que hubiera sido favorable para la contención de los déficits.
Gráfico 1
Gráfico 2
Fuentes de los gráficos: AMECO y Funcas.
Sin embargo, y en segundo lugar, la crisis italiana también pone de manifiesto que la corrección de los desvíos presupuestarios, aunque necesaria, no es suficiente. La economía transalpina padece un estancamiento de su potencial productivo, lo que dificulta la reducción de la deuda. El principal resorte del enriquecimiento de un país, que es la productividad, se ha atascado. Desde la creación del Euro, la productividad se ha reducido un 6%, algo inaudito. Para explicar este estancamiento secular, los economistas italianos apuntan a un debilitamiento de la inversión como lo refleja el abandono escolar o la insuficiente renovación del aparato productivo. Instituciones clave para la economía de mercado han empeorado, como lo muestran las ineficiencias normativas y fiscales que dificultan el crecimiento del tamaño de las empresas, la inseguridad jurídica y la corrupción. Muchos de estos factores hacen eco de la situación que vive nuestro país, y ponen de manifiesto la importancia de emprender nuevas reformas.
La población que participa en el mercado laboral, otro impulsor del potencial productivo, apenas crece. Solo el 70% de la población en edad de trabajar está en el mercado laboral, menos que España. Ambos países comparten un envejecimiento poblacional que exige una elevación de la participación y mejoras en la calidad del empleo.
Por último, el funcionamiento de los mecanismos europeos de seguimiento de la política fiscal también está en cuestión. Al gobierno italiano no se le ha escapado que otros socios europeos han excedido reiteradamente los objetivos marcados por la normativa. Alemania, sin ir más lejos, ha infringido las reglas de déficit en siete ocasiones y Francia en trece. Por tanto, la reforma de la eurozona es una de las tareas pendientes, a la que España debe también contribuir.
La dificultad estriba en cómo hacer compatible la pertenencia a la moneda única y el respeto a los objetivos presupuestarios establecidos democráticamente por cada país. Un dilema que se complica con el crecimiento de los populismos. La respuesta, tanto a nivel nacional como europeo, está en la prevención de las divergencias económicas y sociales.
