¿Por qué la brecha digital —y las desigualdades digitales relacionadas con ella— es una forma de desigualdad y una injusticia? La mayor parte de los artículos académicos sobre la materia, tanto empíricos como teóricos, han tratado de definir y cuantificar la brecha digital. No obstante, hemos dedicado menos tiempo a tratar de responder a la siguiente cuestión: por qué las diferencias entre quienes usan y no usan Internet (brecha digital) y entre quienes obtienen beneficios de las tecnologías y quienes no (desigualdades digitales) esconden una realidad desigualitaria.
Para dar respuesta a esta pregunta, abordamos en primer lugar la naturaleza de Internet entendida como un bien público no opcional. Como sabemos, los bienes públicos son aquellos a) que una vez producidos están disponibles para todos los agentes de la comunidad; b) cuyo uso o consumo no excluye a otros consumidores simultáneos (es decir, no rige el ‘principio de la exclusión’, característico de los bienes privados); c) cuya utilización por otros consumidores no disminuye la dotación del recurso (no rivalidad en el uso); y d) que presentan indivisibilidad de beneficios (no suponen un beneficio igual para todos pero es problemática su determinación), ya que no todos se benefician de la misma forma con su producción. Entre estos bienes, existen algunos tan relevantes como para que, como sociedad, los protejamos, regulemos y fomentemos de tal forma que todos los ciudadanos los disfruten. Un ejemplo de este tipo de bienes sería la educación básica.
Consideramos que Internet se comporta de forma parecida a la educación básica. Las Ciencias Sociales, en general, y la Sociología, en particular, han demostrado el efecto de la falta de educación básica sobre las oportunidades de los ciudadanos. Este es uno de los principales motivos por los que este tipo de educación es suministrada universal y obligatoriamente en un gran número de estados. Tal y como muestran los estudios empíricos, Internet puede generar este mismo tipo de efectos de reducción de las posibilidades reales de los ciudadanos para disfrutar de las ventajas y beneficios que ofrece la sociedad digital. Así, por ejemplo, puede considerarse una contradicción que se ponga en marcha un proceso de digitalización de la administración pública, un servicio sobre el que tienen derecho todos los españoles y que ofrece beneficios importantes, sabiendo gracias un importante volumen de evidencia empírica que un elevado porcentaje de la población no cuenta con los recursos individuales, las habilidades digitales o no percibe la utilidad subjetiva de este servicio y, por lo tanto, no lo usará.
No obstante, la mayor parte de países del mundo no realizan esta consideración y, como España, son el escenario de dos formas de desigualdad relacionadas con Internet: la brecha digital y la desigualdad digital. Sin embargo, una vez que el desarrollo de la Sociedad de la Información ha generado las infraestructuras necesarias para que cualquier ciudadano pueda usar Internet si así lo desea, ¿por qué la brecha digital o la desigualdad digital deberían ser consideradas un problema social? ¿por qué es injusto que una persona con estudios altos obtenga más beneficios de Internet que una persona con un nivel educativo bajo? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla e inmediata como pudiera parecer ya que depende, en gran medida, de la idea de justicia que manejemos.
«La desigualdad digital es injusta en la medida en que, como consecuencia de la digitalización de cada vez más servicios, podamos llegar a ser ciudadanos parciales, consumidores limitados o activistas con menos recursos para la movilización».
En este trabajo partimos de la idea de igualdad compleja de Michael Walzer, que sostiene que «ningún bien social X ha de ser distribuido entre hombres y mujeres que posean algún otro bien Y simplemente porque poseen Y sin tomar en cuenta el significado de X». Según esta idea, el disfrute de un bien no debería depender de la posesión de otros bienes como el dinero o un nivel educativo alto sencillamente porque se poseen estos recursos. El acceso y uso de cualquier bien social debería gestionarse en función de cómo es interpretado socialmente dicho bien. Es decir, debería ser distribuido en función del “significado de X”.
Autoras como Eszter Harggitai han señalado que no todos los usos de Internet son iguales. Mientras unos pueden generar, por ejemplo, mayor capital social, otros son, básica y fundamentalmente, fuente de entretenimiento. En definitiva, se trata de la diferencia entre lo que Stefano De Marco define como Usos Beneficiosos y Avanzados de Internet (UBAI) y el resto de servicios que ofrece esta tecnología.
No solo existen diversos UBAI, sino que estos pertenecen a esferas distintas. Por ejemplo, el comercio electrónico pertenece a la esfera del consumo, mientras que la administración digital y la participación política digital pertenecen a la esfera del gobierno y de la democracia. Al pensar en los usos de Internet solemos ponderar la dimensión digital de estas actividades dejando de lado, en muchos casos, que se trata de actividades políticas, comerciales o legales y que estas son, realmente, sus esferas de justicia (no Internet, sino la democracia, no Internet, sino los derechos del consumidor, etc.). La desigualdad digital es injusta en la medida en que, como consecuencia de la digitalización de cada vez más servicios, podamos llegar a ser ciudadanos parciales, consumidores limitados o activistas con menos recursos para la movilización.
Para entender bien el motivo o los motivos por los que la desigualdad digital es una realidad profundamente injusta tenemos que trasladar las dificultades que determinados ciudadanos padecen, por mor de sus recursos individuales, sus habilidades digitales o sus actitudes hacia Internet, a la esfera a la pertenecen dichos usos de Internet. Así, no estar en disposición de usar los servicios de la administración digital no es solo un problema relacionado con Internet, sino con la esfera a la que pertenece las relaciones entre los ciudadanos y la administración. Es decir, pertenece a la esfera del buen gobierno y/o de la democracia o, si se prefiere, a la esfera del estado de derecho. La desigualdad digital que afecta a la administración digital se transforma en algo negativo desde la concepción del ciudadano de un estado de derecho al que, como consecuencia de, por ejemplo, su menor nivel de capacidades digitales, se le niegan servicios a los que otros ciudadanos sí tienen derecho.
En definitiva, tratamos de abrir un debate sobre los motivos profundos por los que la brecha digital y la desigualdad digital son problemas reales para el correcto desarrollo de una Sociedad Red justa y equilibrada. En este sentido, señalando el carácter de Internet como un bien público no opcional y tratando de clarificar la esfera de pertenencia de servicios digitales beneficiosos como la administración digital, hemos tratado de dar un paso adelante en esta dirección.
Esta entrada es un resumen del artículo ¿Por qué la brecha digital es un problema social? , publicado en el número 25 de Panorama Social. Puede acceder aquí al sumario y la descarga de la revista.
