La crisis ha transformado el mapa territorial del empleo. No solo porque las desigualdades entre comunidades se han agudizado. La tasa de paro de las comunidades más castigadas por la Gran Recesión ronda el 20%, 10 puntos más que las comunidades que ostentan mejores resultados, cuando el diferencial era de 6 puntos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Además, han aparecido tres dinámicas distintas en el mercado laboral. En primer lugar, pese al vigoroso crecimiento registrado durante la actual etapa de recuperación, la mayoría de comunidades autónomas sigue padeciendo un grave déficit de empleos —obviamente más acusado en el sur peninsular y Canarias— que en la capital, o el noreste. Las comunidades que no avanzaran en la reabsorción del déficit de puestos de trabajo correrían el riesgo de estancamiento secular, como ocurre con el Mezzogiorno italiano.
Gráfico 1
Por otra parte, en algunos territorios empiezan a aparecer situaciones de escasez de mano de obra. La tasa de paro en Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, La Rioja y Baleares se acerca a niveles pre-crisis y se prevé que, a finales de 2019, se sitúe por debajo del 10%. Ante la perspectiva de un déficit de trabajadores, las empresas no tienen más remedio que elevar su productividad. Algo que abre la vía a mejoras salariales y favorece la movilidad de personas que buscan empleo desde otros lugares. De lo contrario, la expansión tocará techo en estas comunidades.
Gráfico 2
Un caso distinto es el de amplias zonas rurales y del interior peninsular, que se enfrentan a un problema de despoblación. Aunque el empleo crece poco, la caída de la población activa se traduce en una notable disminución del desempleo. Lugo y Soria, por ejemplo, son de las provincias con menos tasa de paro. Para estos territorios, el desafío está en retener población y a la vez atraer nuevos activos jóvenes.
«La movilidad es una solución […] pero no es la panacea. Tiende a agravar los problemas de despoblación y de envejecimiento de la España vacía. Y la emigración de personas cualificadas erosiona el potencial de crecimiento de las comunidades que intentan converger».
Así pues, la coexistencia de estos tres déficits territoriales —de empleos, de trabajadores y de población activa— podría convertirse en uno de los principales desequilibrios del mercado laboral español, y limitar los avances en la lucha contra el paro. Otro riesgo es la elevada temporalidad del empleo, que comparten todas las regiones, aunque con más o menos intensidad.
La movilidad es una solución, y es un hecho que va en aumento. Según el último informe de movilidad del Servicio Público de Empleo Estatal, la movilidad inter-autonómica se incrementó más de un 60% entre 2013 y 2017. Además, las comunidades receptoras son las que más oportunidades de empleo ofrecen. Sin embargo, el coste de la vivienda en estas comunidades y la inadecuación de cualificaciones entre mano de obra disponible y demanda de las empresas siguen actuando como frenos. España carece de los potentes incentivos monetarios a los desempleados que cambian de residencia en países nórdicos y Reino Unido. Tampoco se ha aprovechado todo el potencial de la tecnología digital para mejorar la interconexión entre oficinas de empleo, de modo que las vacantes se den a conocer con rapidez en todo el país.
Pero la movilidad no es la panacea. Tiende a agravar los problemas de despoblación y de envejecimiento de la España vacía. Y la emigración de personas cualificadas erosiona el potencial de crecimiento de las comunidades que intentan converger, como se ha visto en los Lander del este de Alemania.
Por tanto, conviene complementar la movilidad del trabajo con estrategias de desarrollo local, que consisten en atraer inversión en capital físico y humano. Asturias, Galicia y Valencia han reducido la desocupación con iniciativas de modernización del tejido productivo. Cádiz y Málaga, pese a estar enclavadas en una comunidad con mucho paro, ostentan el récord de creación de empleo desde el inicio de la recuperación (después de Baleares), con un crecimiento acumulado de cerca del 30%, prácticamente el doble de la media nacional. La política territorial tiene que ser multi-dimensional para que los desequilibrios regionales no lastren el crecimiento de la economía.
Fuentes de los gráficos: Ministerio de Trabajo (Afiliación), INE (EPA) y Funcas (previsiones).
