El anteproyecto de ley de reforma fiscal recientemente aprobado por el Gobierno ha vuelto a poner la atención de los análisis sobre la economía española en el sector público. Como antecedentes, recordemos que la dura recesión inicial al estallar la crisis provocó un efecto sobre los ingresos públicos que no se produjo ni de lejos en ningún otro país de la UE: una caída de casi 70.000 millones de euros. Como los gastos públicos siguieron su dinámica creciente y, además, se implementaron planes extraordinarios para contrarrestar la fuerte caída del gasto privado, siguiendo los principios orientadores entonces de la política fiscal en todo el mundo, el saldo de los presupuestos públicos pasó de un superávit del 2% del PIB en 2007 a un déficit del 11,1% en 2009, el más alto de la zona euro después de Grecia. Al estallar en 2010 la crisis de la deuda soberana en la zona euro, este enorme déficit, unido a los problemas que se barruntaban en el sistema financiero, colocó a la economía española en el ojo del huracán de la crisis. La restricción financiera se agudizó y la política fiscal tuvo que girar hacia una orientación restrictiva que no ha cesado hasta hoy con dos gobiernos de signo político diferente. Con la teoría económica en la mano, que propugna el carácter anticíclico de la política fiscal, muchos siguen pensando que este giro fue, y sigue siendo, un error. Vale. Pero lo que no nos dice la teoría económica es cómo mantener déficits tan elevados si no hay quien los financie. En el caso de España y otros países de la zona euro, la reducción del déficit público no es una opción teórica o política, sino que viene impuesta por la restricción financiera.
¿En qué fase de la consolidación fiscal estamos en estos momentos? Tras muchos y dolorosos esfuerzos, desde 2009 se ha conseguido subir los ingresos públicos en 2,7 puntos porcentuales del PIB y recortar los gastos en 1,8 puntos, lo que ha permitido que el ejercicio de 2013 se cerrara con un déficit del 6,6% del PIB (excluyendo las pérdidas por ayudas a instituciones financieras). El objetivo para 2014 se estableció inicialmente el en 5,8%, pero el Programa de Estabilidad lo ha reducido posteriormente al 5,5%. Los previsiblemente menores gastos en intereses y en prestaciones por desempleo justifican esta revisión, que podría haber sido incluso algo mayor.
(1) Datos corregidos para eliminar los efectos que provocan los anticipos de ingresos recibidos o gastos realizados sobre la tendencia del déficit.
Fuentes: Eurostat, M. de Hacienda, M. de Empleo y Banco de España.
Gráficos elaborados por A. Laborda.
Al Estado le corresponde este año reducir su déficit en 0,9 puntos porcentuales del PIB, hasta el 3,5%. De momento no ha conseguido mucho. Hasta mayo, el déficit en términos de contabilidad nacional ha sido sólo una décima del PIB inferior al del mismo periodo del año anterior. Y eso que sus ingresos han aumentado un 5,7%, tasa mucho mayor que el crecimiento nominal del PIB, lo que se explica sobre todo por los efectos de los cambios normativos (eufemismo para decir aumentos de impuestos) y en menor medida por la recuperación del consumo y de las rentas salariales. El déficit acumulado en los doce últimos meses hasta mayo es de 45.100 millones de euros, lejos del objetivo de 36.400 millones con que tiene que acabar el año.
El objetivo para el Sistema de la Seguridad Social es cerrar el año con un déficit de 9.750 millones. El acumulado en los últimos doce meses hasta mayo se sitúa en 12.200 millones. Es difícil que de aquí a final del año se cierre esta diferencia, pues los gastos en pensiones, a pesar de su moderación, siguen creciendo notablemente por encima de los ingresos por cotizaciones. No obstante, el previsible desbordamiento podría compensarse por el sistema de prestaciones de desempleo, cuya reducción supera lo presupuestado. En cuanto a las Comunidades Autónomas, este año tienen que reducir su déficit en medio punto porcentual del PIB, hasta el 1%. Hasta abril, sin embargo, su déficit era superior en dos décimas del PIB al del mismo periodo del año anterior.
Parece, en definitiva, que las administraciones públicas, a la vista de que las restricciones para financiar los déficit y refinanciar la deuda que vence se van levantando, están relajándose en el cumplimiento de sus objetivos. La tentación es grande a la vista de que 2015 es un año electoral. El problema es que la deuda se está disparando hasta niveles preocupantes que hipotecan el futuro de las cuentas públicas y de la economía en su conjunto [gráfico inferior derecho]. Por eso, cualquier reforma fiscal que se haga ahora no puede provocar una merma de ingresos. Más bien al contrario.
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Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
