Con la aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno, se abre el debate parlamentario acerca de la política fiscal que necesita una economía que todavía está lejos de haberse recuperado de la crisis. Este es un contexto que, en circunstancias normales, aboga por potentes estímulos a la demanda. Además, a la inversa de lo que ocurrió hace unos años, Europa ha respondido con flexibilidad.
Pero si bien estos no son tiempos de austeridad, tampoco lo son de un impulso fiscal generalizado. En primer lugar, porque la demanda latente de consumo privado y de inversión empresarial es considerable, y que por tanto el reto para la política económica es facilitar su desembolso. En la primera mitad del año, los hogares acumularon 23.100 millones de euros en excedentes y en el caso de las empresas el sobreahorro alcanzó 17.900 millones. La confianza de los consumidores se mantiene en cotas elevadas, mientras que las empresas rebosan de pedidos, a la vez que incorporan nuevos trabajadores.
Si los excedentes tardan en transformarse en más gasto y actividad es porque las fábricas se ven obligadas a frenar la producción como consecuencia de los retrasos en los suministros, que por otra parte se encarecen. En algunos casos como en la construcción y el transporte también aparecen fenómenos de escasez de personal. Los consumidores, por su parte, aplazan compras de bienes duraderos como automóviles, bicicletas y electrodomésticos, a la espera de una normalización de los circuitos de distribución. Además, la explosión de costes energéticos merma el poder adquisitivo de los sectores no energéticos. Las presiones inflacionarias surgen precisamente a raíz del desfase entre demanda y capacidad de producción a corto plazo, unido al ciclo alcista del gas y de la electricidad.
Fuentes: INE, Markit Economics y Funcas.
En suma, el principal problema no radica en la falta de demanda privada, sino en la merma de capacidad productiva a que se enfrentan grandes áreas de la economía, como la industria y los servicios más intensivos en recursos naturales. Otra cosa es la situación de actividades ligadas al turismo, la cultura y el capital humano —donde sí existe una amplia oferta ociosa e inmediatamente disponible—.
Si el diagnóstico es correcto, los próximos PGE tienen que ser expansivos en inversiones que contribuyan a relajar la crisis energética (que son aquellas orientadas a las energías renovables, hidrógeno verde y mejora de la infraestructura de red eléctrica). También se necesita un esfuerzo de adaptación del mercado laboral a las transformaciones en marcha (más capital humano, mejores políticas activas de empleo). Todo ello coincide en buena medida con el plan de recuperación financiado con los fondos europeos.
Pero la situación económica también aboga por unos PGE que se acerquen al equilibrio en materia de transferencias y gasto corriente de las administraciones: no son instrumentos adecuados para sustentar una recuperación lastrada por cuellos de botella, como tampoco lo sería un recorte de tributos.
Finalmente, la ejecución presupuestaria depende estrechamente de la puesta en marcha de reformas. Para 2022, está previsto el desembolso de 18.000 millones, pero Bruselas lo condiciona a un apretado calendario de reformas que incluye al menos cuatro hitos cruciales en materia laboral (negociación colectiva, estatuto de los trabajadores, subcontratación, y políticas activas) y dos en pensiones (cotización de los autónomos y factor de sostenibilidad). De no acometerlas, el flujo de fondos europeos se suspenderá, y el déficit se irá al 6,5% —un desvío de un punto y medio en relación a un objetivo ya de por sí voluntarista, habida cuenta del cuadro macroeconómico que sustenta los PGE—. Esto nos colocaría en posición incómoda de cara a la capacidad de influencia en el proceso de reforma de las reglas fiscales europeas, y ante la reducción gradual de las compras de deuda pública que se vaticina por parte del BCE. Nos jugamos la transformación del modelo productivo, pero también su sostenibilidad.
FONDOS EUROPEOS | Una de las claves de los PGE reside en la ejecución de las inversiones previstas en el Next Generation EU. Según el portal del Gobierno, a finales de septiembre se habrían realizado 24 convocatorias por un monto total de 4.800 millones, y otras 20, por 1.000 millones más, estarían abiertas o en vía de tramitación. Estamos por tanto lejos de alcanzar el objetivo de comprometer 27.000 millones para este año. El desvío podría compensarse en el próximo ejercicio, pero los PGE ya prevén nuevas inversiones por un monto similar a lo presupuestado para 2021.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
