España es de los países de la UE que más reservas de actividad ha establecido en las ramas de arquitectura e ingeniería. Este fenómeno se deriva en parte de la excesiva segmentación de las especialidades y titulaciones universitarias, que buscan tener sus propios ámbitos de actividad vedados al resto de especialidades o titulaciones. Hasta la reforma de Bolonia, regía una especie de «calma tensa» entre todos estos profesionales y sus Colegios, debido a que se había llegado con el paso del tiempo a ciertos acuerdos y renuncias por parte de los que se repartían las distintas funciones, de forma que todas las profesiones tuvieran un ámbito para sí mismas sin entrometerse en el de las otras (un acuerdo de reparto de mercados legalmente reconocido). Pero esta complejidad y multiplicidad se ha visto agravada tras la reforma de las titulaciones universitarias, ya que por un lado se suprimen las diplomaturas y por otro, los nuevos Grados no siempre se corresponden con las denominaciones anteriores. De este modo, es posible que para contenidos similares, existan distintos Grados con diferentes denominaciones, lo que hace más complicado aún determinar cuáles de ellos entran o no en el ámbito de una reserva de actividad. Así, existen actualmente en España 17 ramas de ingeniería (con más de 170 denominaciones distintas de grados en el ámbito de la ingeniería), resultando difícil delimitar las actividades de cada una, lo que da lugar a solapamientos e incertidumbre legal. Estas nuevas realidades han roto el equilibrio o reparto de mercado que regía anteriormente, proliferando recursos ante los Tribunales por parte de Corporaciones de arquitectos e ingenieros sobre planes de estudios, por entender que se están invadiendo competencias exclusivas propias.
TUITEA ESTOUrge una simplificación y racionalización del sistema de reservas de actividad en nuestro país. Éste no responde a los criterios de imperioso interés general y proporcionalidad que exige la Directiva de Servicios ni a las más elementales razones de eficiencia. Como consecuencia de las reservas de actividad existentes, se reduce el número de competidores y se compartimentan los mercados de los servicios de ingeniería y arquitectura sin que en la gran mayoría de ocasiones se obtenga una mayor seguridad a cambio y sí un aumento de precios, por no hablar de la falta de proporcionalidad de la medida. La conclusión resulta sencilla si comparamos nuestro sistema con los de otros países de nuestro entorno. La estabilidad de los edificios e infraestructuras no resulta peor en otros países, que sin embargo no tienen ese grado de especialización, o al menos, no ese número tan elevado de reservas de actividad. Si la seguridad o el interés público no están amenazados en esos países, queda probado que muchas de las reservas de actividad vigentes en España son innecesarias y por tanto ineficientes y perjudiciales para el interés público.
Es más, el régimen vigente de reservas de actividad perjudica notoriamente a nuestros titulados a la hora de competir con otros profesionales en el mercado comunitario. Las personas que han estudiado en nuestro país una titulación universitaria en ingeniería o arquitectura similar o incluso equiparable a la de otro país de la UE, no podrán legalmente realizar las mismas funciones que estos últimos, puesto que las reservas de actividad vigentes en España se lo impiden, por más que sea discutible que carezcan de preparación para ellas. Y no olvidemos que en aplicación de la Directiva de Servicios y de reconocimiento de cualificaciones profesionales, cuando nuestros profesionales deseen establecerse o circular libremente por otro país comunitario, sólo podrán realizar las actividades que en España se le permiten y no el resto. En cambio, cuando a nuestro país acuden esas personas que han recibido una formación similar, se les deberá reconocer capacidad para realizar todas las actividades que la titulación obtenida les permite en su país, que son más de las que pueden realizar los españoles.
Conviene una revisión de todo el sistema de reservas para las actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura, simplificando el mismo, intentando que se corresponda con el de los países comunitarios en los que nuestros profesionales deben poder competir en condiciones de igualdad, y que tenga en cuenta el EEES. En la revisión, en lugar de prevalecer los intereses corporativos o facilitar una especie de paz social entre los Colegios legitimando un posible reparto de mercados, deben priorizarse la defensa de los intereses públicos y la proporcionalidad, tal y como exige la Directiva de Servicios. Para alcanzar estos objetivos el número de reservas de actividad debería decrecer considerablemente.
