La crisis económica ha llevado la cuestión de la sostenibilidad de las pensiones al primer plano por dos razones. Primero, porque el sistema pasó de tener un amplio superávit a un déficit creciente. Segundo porque, más por las presiones de la Comisión Europea que por una necesidad real, se han realizado reformas estructurales que han cambiado de forma drástica las perspectivas futuras de los pensionistas.
Los problemas coyunturales se han afrontado limitando la revalorización de las pensiones y, cuestionablemente, utilizando el Fondo de Reserva y otros excedentes para cubrir el déficit. Si el objetivo era aguantar durante la crisis y esperar que la recuperación restableciera el equilibrio financiero del sistema de pensiones, es poco probable que se logre. Las cotizaciones crecen lentamente mientras que las pensiones y demás prestaciones siguen aumentado a mayor ritmo. Y el Fondo de Reserva y los demás excedentes se agotarán en pocos años. Salvo que haya un crecimiento económico muy alto o una inflación muy elevada (que reduzca mucho el valor real de pensiones) en pocos años habrá que dotar de más recursos al sistema o hacer una nueva rebaja de pensiones.
«Se ha introducido unos de los mecanismos de ajuste más duros de la UE que, en los contextos más plausibles, disminuirá automáticamente el valor real de las pensiones existentes durante muchos años».
Las reformas estructurales del sistema (2011 y 2013) podían haber dotado al sistema de más recursos, recortado las pensiones o una combinación de ambas. En esta disyuntiva, han optado por mantener los ingresos y recortar las pensiones. A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial y el tiempo durante el que la cobran. Además se ha introducido unos de los mecanismos de ajuste más duros de la UE que, en los contextos más plausibles, disminuirá automáticamente el valor real de las pensiones existentes durante muchos años. Por ello los jubilados verán que el valor real de su pensión es menor a medida que son más ancianos. El resultado final será un recorte promedio de las pensiones de más del 30 por 100 que, además, será mayor para los más ancianos.
Estas reformas han logrado el objetivo de sostenibilidad por la vía de bajar las pensiones. Según las estimaciones, a pesar de que cada la población va a envejecer hasta un 70 por 100 más en el 2050, durante los próximos 50 años el gasto en pensiones (en porcentaje del PIB) va a permanecer esencialmente constante. De esta forma, todo el coste del envejecimiento se traslada a los jubilados vía pensiones más bajas. Ciertamente se garantiza que va a haber alguna pensión en el futuro, pero no está claro que vaya a ser suficiente.
«La economía genera recursos más que suficientes para pagar pensiones significativamente más elevadas que las que se derivan del modelo actual. Lo único que hay que hacer es aceptar que las pensiones, además de con cotizaciones, se paguen con otros ingresos. Fundamentalmente impuestos».
El recorte de las pensiones como único elemento de ajuste financiero del sistema no solo es cuestionable por sus efectos, sino también porque se basa en el supuesto de que, independientemente de lo que hayan cotizado, los trabajadores no tienen derecho a ningún nivel de pensiones. Bajarán lo necesario para equilibrar el sistema. En cierta forma el Estado, que ha obligado a los trabajadores a participar en el sistema público de pensiones, se está desentendiendo de los resultados. Si el trabajador ha nacido en una generación amplia que vive mucho debe afrontar las consecuencias. Esto es más que cuestionable especialmente porque, para muchos, el objetivo de las pensiones públicas es garantizar determinados niveles de bienestar en la jubilación. Máxime cuando la economía genera recursos más que suficientes para pagar pensiones significativamente más elevadas que las que se derivan del modelo actual. Lo único que hay que hacer es aceptar que las pensiones, además de con cotizaciones, se paguen con otros ingresos. Fundamentalmente impuestos.
Una vez se acepta esto, se puede pasar del modelo actuarial vigente (en el que los ingresos por cotizaciones determinan los gastos) a un modelo social de pensiones en el que el nivel de pensiones se determina colectivamente y este nivel de pensiones deseado (el gasto) determina los ingresos que debe tener el sistema. Un nivel razonable de pensiones sería dar a los trabajadores prestaciones similares (aunque no iguales) a las que ellos están ayudando a pagar con sus cotizaciones.
Para pasar de un sistema actuarial a un sistema social, se deberían tomar las siguientes medidas:
Gasto
- Extender la jubilación a los 67 años a toda la población.
- Eliminar las jubilaciones anticipadas.
- Establecer una pensión contributiva para cualquiera que haya cotizado (aunque sea menos de quince años). No debería ampliarse más el número de años en la base reguladora.
- Eliminar el factor de sostenibilidad.
- Eliminar el índice de revalorización introducido en la reforma del 2013 y sustituirlo por el IPC.6. Establece una cota mínima a la tasa de sustitución definida en términos netos (pensión después de impuestos/salario después de impuestos).
Ingreso
- En el corto plazo los recursos del sistema se incrementarían con:
- Un aumento de las cotizaciones a cargo del trabajo de tres puntos y del empresario de un punto. Se debería eliminar el tope de las cotizaciones (sin aumento de prestaciones). A los trabajadores se les compensaría este aumento con el compromiso (3).
- La creación de una Contribución a la Solidaridad (que gravaría los patrimonios personales y las ventas de las grandes empresas) cuyos recursos se afectarían al sistema de pensiones.
- Lo que se obtuviera con estos ingresos financiaría las pensiones y el exceso se acumularía en el Fondo de Reserva.
- El Fondo de Reserva puede utilizarse coyunturalmente. Cualquier disposición antes del 2030 debe ser repuesta. El objetivo debería ser llegar, al menos, al 20 por 100 del PIB. Este fondo podría dotarse con ingresos ordinarios o extraordinarios (venta de activos, cobro de préstamos, etc.).
- Compromiso de financiar con impuestos generales cualquier déficit del sistema que surja ahora o en el futuro. En todo caso, cualquier reducción de cotizaciones empresariales será compensada con una aportación permanente al sistema de pensiones.
- Se debe reducir el fraude en las cotizaciones. En el largo plazo, cuando sea posible, se pasarán cotizaciones de desempleo a pensiones.
- Si es viable según los acuerdos de estabilidad vigentes con la UE a partir del 2030, parte de las pensiones se deberían financiar emitiendo deuda.
Esta entrada es un resumen del artículo «Las pensiones en España: situación y alternativas de reforma» publicado en el número 147 de Papeles de Economía Española. Puede acceder a la publicación completa aquí.
