El segundo mandato del presidente Donald Trump será aún más disruptivo para las relaciones transatlánticas que el primero. Su administración ya ha amenazado con imponer aranceles a la UE, y estos podrían ser aún más severos si el bloque no incrementa significativamente sus inversiones en defensa y sus importaciones desde Estados Unidos.
Tras las elecciones de 2024, Trump ha reiterado que Europa depende excesivamente de Estados Unidos para garantizar su seguridad y ha criticado la falta de compromiso del resto de miembros de la OTAN con el objetivo de alcanzar un gasto en defensa del 2 % del PIB En 2024, solo 23 de los 34 miembros alcanzaron ese nivel (España un 1,3%), mientras que Estados Unidos dedicó a este capítulo un 3 % de su PIB en 2023, unos 916.000 millones de dólares. De hecho, el presidente estadounidense ha endurecido su posición exigiendo al resto de socios de la OTAN un incremento del gasto militar hasta el 5 % del PIB, sin estar claro si esta demanda es una amenaza real o simplemente una estrategia de negociación.
Los líderes europeos se muestran generalmente de acuerdo en que el 2 % del PIB en defensa debería considerarse un objetivo mínimo, pero alcanzar el 5 % parece un objetivo inalcanzable. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cifró el año pasado las necesidades anuales de gasto en seguridad del bloque en al menos 500.000 millones de euros durante los próximos diez años, lo que acercaría el gasto militar de la UE al 3 %. Pero no existe un objetivo oficial ni un consenso entre los socios. Tampoco la OTAN ha marcado un objetivo. En todo caso, dado el limitado crecimiento económico de la eurozona y los altos niveles de deuda, no parece factible un aumento drástico del gasto en defensa. El contexto social y político tampoco favorece un rearme significativo. Existe una fuerte presión interna en gran parte de Europa para priorizar el gasto en otras políticas, desde las pensiones al medioambiente.
Para mitigar estos obstáculos, la Comisión está estudiando la posibilidad de excluir el gasto en defensa de las reglas fiscales de la UE, que limitan el déficit al 3 % del PIB y la deuda al 60 %; sin embargo, esta idea debilitaría la reglas fiscales europeas, recientemente aprobadas, y, en todo caso, ese gasto adicional habría que financiarlo. En una línea similar, algunos países, entre ellos España, han propuesto que el BEI financie las inversiones en defensa.
En definitiva, el segundo mandato de Trump intensifica la presión sobre Europa para aumentar su gasto en defensa, en contraposición a las limitaciones económicas y prioridades internas de los países de la Unión Europea. No hay soluciones claras a la vista, lo que aumenta el riesgo de una guerra arancelaria que no beneficiaría a nadie.
