Pocos discuten que la gestión de la información está generando una revolución tecnológica de dimensiones descomunales. No obstante, hay muchas discrepancias sobre la necesidad de regularla. El escándalo del filtrado masivo de datos de Facebook, los accidentes recientes de automóviles de conducción autónoma o los ataques de Trump a Amazon han reavivado la polémica.
Cuando los hermanos Lumière presentaron su cinematógrafo en 1895 muchos de los asistentes abandonaron la sala despavoridos al ver cómo una locomotora de tren se les acercaba desde la pantalla. Al inicio del siglo XX, con la producción en cadena de automóviles, se produjeron aparatosos accidentes. Ni una cosa ni la otra impidieron el extraordinario desarrollo del cine o la ubicuidad de la automoción. Pero muchas modificaciones tuvieron que producirse para que estas industrias avanzaran. Hoy hay mucho en juego, porque una decisión regulatoria en la dirección incorrecta puede lastrar de forma irreparable el desarrollo tecnológico en una jurisdicción o derivar en una pérdida de libertades y derechos de privacidad sin precedentes. No es cuestión de cuánta normativa se precisa sino de cuál es la adecuada. La respuesta no es simple. Es un gran desafío tecnológico de grandes proporciones económicas y sociales.
«La regulación es necesaria en un conjunto amplio de cuestiones que van desde la protección del menor hasta la excesiva acumulación de poder de mercado en algunas de las grandes bigtech».
En el difícil equilibrio entre control de abusos y libertad innovadora, Europa anda algo desequilibrada. Llegó tarde ya hace dos décadas a la irrupción del emprendimiento digital y ahora se nota porque no hay bigtech alguna ni Silicon Valley identificable en el continente. Sin embargo, las autoridades europeas están siendo especialmente profusas en regular aquello que no se ha desarrollado en su territorio. Si se exceden, generarán un retraso aún más acusado. En Estados Unidos, la principal amenaza en la actualidad —más allá del castigo a Facebook o a Amazon— son las propuestas para reducir la neutralidad de Internet. En términos simples, se trata de hacer cada vez más pequeño el espacio de acceso libre a Internet para que los operadores más poderosos (desde la televisión por cable a cualquier otro contenido de alta gama) ocupen cada vez más el ancho de la autopista de la red, lo que hundiría ese precioso principio inspirador de que Internet es para todos. Toda una amenaza de mayor desigualdad.
Parece que la regulación es necesaria en un conjunto amplio de cuestiones que van desde la protección del menor hasta la excesiva acumulación de poder de mercado (en actividad publicitaria, por ejemplo) en algunas de las grandes bigtech. Hay tres posturas enfrentadas. La primera, los que opinan que ya contamos con reglas competitivas y de protección suficientes y lo que falta es el modo de aplicarlas de forma efectiva a estas empresas. La segunda, que la regulación es innecesaria porque, al contrario que otras industrias como la financiera, la tecnológica no tendría efectos desestabilizadores sistémicos. La tercera, que hace falta una normativa profusa y específica para estas empresas. Todas las alternativas tienen sus dificultades porque el digital es un nuevo mundo que no encaja en las reglas existentes, porque sí se están observando potenciales consecuencias sistémicas (electorales, por ejemplo) y porque puede acabar socavándose innovaciones beneficiosas socialmente.
