La información difundida esta semana sobre la ejecución presupuestaria en el primer semestre se presta a dos lecturas distintas sobre la marcha de la economía española.
Por el lado positivo, los datos ratifican el mantenimiento de un crecimiento vigoroso, aunque en claro retroceso con respecto al trienio de la recuperación, 2015-2017. Los desequilibrios siguen una senda de mejora. Para el conjunto de las administraciones públicas (excepto las corporaciones locales), el déficit acumulado hasta junio se elevó a 22.600 millones de euros, es decir, cerca de 4.600 millones menos que durante el mismo periodo de 2017. El esfuerzo de contención de los desfases presupuestarios representa nada menos que cuatro décimas del PIB. Además, todas las administraciones experimentan una reducción de su déficit, incluyendo a la Seguridad Social, pese al aumento tendencial del gasto en pensiones. El objetivo de reducción del déficit para este año es alcanzable, y España saldría así del incómodo procedimiento de déficit excesivo.
La recaudación avanza a un ritmo elevado, próximo a los registros de hace un año y superando las previsiones del marco presupuestario. Los recursos no financieros se incrementan a un ritmo anual del 6,6%, próximo a lo presupuestado. Destacan las entradas en concepto de IRPF y de cotizaciones sociales, sin duda por la ampliación de las bases imponibles, fruto de las revaloraciones salariales pactadas este año. Sin embargo, los ingresos en concepto de impuesto de sociedades y de IVA tienden a desacelerarse, reflejando la evolución de la actividad económica y del consumo privado.
El gasto público, por su parte, se acelera. Hasta junio creció un 3,7%, más del triple que en 2017. Las principales partidas de gasto se orientan al alza, especialmente la inversión pública (la única excepción es el pago de intereses, que se contrae gracias a los bajos tipos de interés). Como consecuencia de esta evolución, tanto el Estado como las comunidades autónomas en su conjunto exceden la regla de gasto, fijada en el 2,4% para el presente ejercicio.
«El carácter pro-cíclico de la política fiscal contribuye a explicar la persistencia de un elevado endeudamiento público. El resultado es el escaso margen de maniobra para responder a eventuales cambios en el contexto económico».
De ahí se desprende una lectura menos positiva de la política fiscal. La regla de gasto no está pensada para constreñir la acción pública, sino para acumular capacidad de financiación durante las fases de expansión, y así disponer de un potencial estabilizador para épocas de vacas flacas.
Gráfico 1
Gráfico 2
Sin embargo, en los últimos años, la política fiscal no ha jugado el papel de cortafuegos cíclico que era de esperar. Durante los peores años de la crisis, 2012-2014, los presupuestos drenaron demanda (el “saldo estructural” se contrajo en cerca de 90.000 millones de euros). Sin embargo, durante la recuperación, los presupuestos se han expandido (el deterioro del saldo estructural hasta 2017 se eleva a 25.000 millones de euros).
El carácter pro-cíclico de la política fiscal contribuye a explicar la persistencia de un elevado endeudamiento público. El resultado es el escaso margen de maniobra para responder a eventuales cambios en el contexto económico. Solo con que los intereses de la deuda repuntaran para alcanzar niveles próximos a la inflación (tipo real nulo, y no negativo como en la actualidad), el déficit se agravaría en no menos de 5,000 millones. Y no hemos de olvidar que el año que viene nos enfrentaremos a la ardua tarea de tener que renovar cerca de la quinta parte del total endeudado.
Sin duda, una contracción agresiva del déficit, con el objetivo de aligerar la deuda pública, influiría negativamente sobre la economía, especialmente en el actual contexto de desaceleración. Por lo tanto, conviene priorizar medidas estructurales que permitan ganar eficiencia tanto en la recaudación como en el gasto. Por ejemplo, el rápido aumento en las subvenciones (un 10% hasta junio), parece de dudosa utilidad. Estas medidas darían credibilidad a los objetivos de déficit y, a medio plazo, facilitarían el desendeudamiento.
Para 2019, Funcas aún prevé un crecimiento del 2,2%. Así pues, se acortan los plazos para resolver la ecuación fiscal y apuntalar la expansión.
Fuente de los gráficos: estimaciones de Funcas en base a datos de IGAE.
