Suficientes, más equitativas y sostenibles: así son las pensiones que, según el Gobierno, garantiza su nueva reforma. Tres adjetivos biensonantes derivados de otros tantos conceptos muy arraigados en el discurso político europeo sobre las pensiones, pero de los cuales se echan en falta definiciones operativas: suficiencia, equidad y sostenibilidad.
Empecemos por la suficiencia. ¿Qué significa «pensiones suficientes»? Si preguntáramos al respecto a los pensionistas, probablemente muchos responderían con buen criterio: «¿Suficientes para qué?». Y es que sin una referencia de suficiencia (por ejemplo, la capacidad efectiva para acceder a una cesta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas de alojamiento y manutención) no cabe atribuir la condición de suficiente a renta alguna. En ausencia de esa referencia, el Gobierno suele recurrir al expediente de identificar la suficiencia de las pensiones con su revalorización (incondicional) conforme al IPC. Es un recurso políticamente sencillo y electoralmente rentable (más, todavía, cuando se excluye la posibilidad de revalorizaciones negativas si desciende la inflación), pero financieramente arriesgado, puesto que puede implicar aumentos significativos e imprevistos del gasto en pensiones (según estimaciones del Banco de España, cada punto de la revalorización aplicada a las pensiones de este año cuesta en torno a 1.800 millones de euros consolidables).
Sigamos con la equidad. En un sistema de pensiones contributivas, como las más de 10 millones que ya provee la Seguridad Social, la equidad fundamental debería residir en el establecimiento de reglas de proporcionalidad justas (no discriminatorias) entre lo que se ha aportado al sistema a través de cotizaciones y lo que se percibe de él a lo largo de todo el periodo de percepción de la pensión. Sabemos por diversos análisis que esta equidad es muy imperfecta en nuestro sistema de pensiones. En efecto, aunque la mayoría de los ciudadanos lo desconozca, todos los jubilados (con carreras de cotización completas) que cobran su pensión durante algo más de diez años perciben del sistema más de lo que cotizaron a él (tanto más, cuanto más tiempo vivan). Sin embargo, algunos pensionistas consiguen mejores pensiones con menores esfuerzos contributivos y otros, peores pensiones con mayores esfuerzos contributivos (por ejemplo, los que cotizaron más años de los precisos para obtener el 100% de la base reguladora de la pensión). La nueva reforma de las pensiones no solo no corrige estas inequidades actuariales, sino que las refuerza al imponer incrementos de las cotizaciones sociales que no se incorporan al cálculo de la pensión. Esto último lo consuma a través de una triple vía: reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional (con tasas progresivamente más altas y una vigencia temporal más prolongada), elevando las bases máximas de cotización por encima de la inflación (sin un alza equivalente de la pensión máxima) y creando una «cuota de solidaridad» (que grava el importe del salario superior a la base máxima): incrementos gratis et amore para la Seguridad Social que constituyen elementos de redistribución de la población empleada –y, en particular, de los empresarios y los trabajadores mejor retribuidos (normalmente en virtud de su mayor productividad)– a los pensionistas. Por tanto, la nueva reforma debilita la equidad contributiva en beneficio de una equidad redistributiva que, en los Estados del bienestar mejor organizados, se persigue mediante instrumentos de política social financiados con impuestos generales.
Por último, detengámonos en la sostenibilidad y distingámosla del sostenimiento. Si convenimos en que es sostenible lo que se puede sostener sin que los costes para ello provoquen más perjuicios que beneficios para la comunidad, afirmar que un gasto es sostenible exigirá una valoración de los costes de sostenimiento basada en la mejor evidencia disponible. El sistema de pensiones de la Seguridad Social, cuyo porcentaje de gasto sobre el PIB ronda actualmente el 12% (alrededor de 12.000 millones de euros mensuales), ha sido sostenido financieramente desde sus orígenes, incluso cuando los ingresos por cotizaciones no han bastado para cubrir los gastos en prestaciones. Pese al déficit contributivo, continuado desde 2011, la Seguridad Social ha pagado puntualmente todas las pensiones; eso sí, al precio de vaciar prácticamente el fondo de reserva («la hucha de las pensiones») y recibir préstamos y transferencias de considerable volumen del Estado. La pregunta no es si este Gobierno y los que le sucedan van a seguir sosteniendo el gasto en pensiones, que lo harán (porque si no, sucumbirían inmediatamente); la pregunta es qué costes implicará este sostenimiento del gasto en pensiones que previsiblemente crecerá entre tres y cinco puntos sobre el PIB hasta 2050 (o más, si el PIB cayera arrastrado por una recesión).
En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron (con mayor o menor fortuna y eficacia) los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por un cambio de paradigma en la política de pensiones consistente en fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social; pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países europeos, han permanecido estables muchos años. Según el Gobierno, hay margen para semejantes aumentos de las cotizaciones, puesto que los costes laborales por hora trabajada son en España más bajos que en otros países de nuestro entorno. Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España.
La Comisión Europea ha aceptado esta reforma de las pensiones con la que el Gobierno se propone rematar el cumplimiento del componente 30 del Plan de Recuperación y Resiliencia («Sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo») y asegurarse así la recepción de los 10.000 millones de euros del siguiente tramo de los fondos Next Generation. Ha sido prudente y no ha calificado la reforma, pero más probable parece que le merezca un aval «con reservas» que una consideración de «referente internacional». Sí ha gustado, y mucho, a los sindicatos, que la celebran como el resultado de un «acuerdo histórico». En cambio, las organizaciones empresariales la perciben como un atropello inaceptable, quizá lamentando ahora haber permanecido demasiado «a la expectativa» durante estos meses.
Esta pieza final de la reforma de pensiones promovida a matacaballo por el Gobierno no supone sólo otra oportunidad perdida para generar confianza en el sistema de pensiones mejorando sus reglas de funcionamiento conforme a los conocimientos que expertos nacionales e internacionales proveen desde hace años y actualizan puntualmente. También ahonda en el conflicto político y en la devaluación del Parlamento (completamente al margen de la articulación de esta norma), en la sensación de inseguridad jurídica que albergan muchos empresarios y en la desconfianza de la población hacia la política y los políticos. Y no, la reforma no creará «un sistema muy sólido, con pensiones suficientes, muy bien financiado, muy sostenible y más equitativo», como aseveró el ministro José Luis Escrivá hace unas semanas, en medio de las negociaciones con la Comisión Europea. Quizá fuera tal su propósito, pero, con la evidencia de la que a día de hoy disponemos, esa rotunda afirmación no es más válida que su contraria.
Este artículo se publicó originalmente el el diario El Mundo.
