El debate presupuestario se ha centrado en temas importantes que atañen a la gobernanza del sistema, pero que no abordan una cuestión clave: ¿cuál debería ser la estrategia fiscal para elevar las cotas de bienestar de manera sostenible?
El punto de partida se caracteriza por la indefinición, con unos presupuestos prorrogados y a falta de una propuesta para el próximo ejercicio. Ni siquiera se han aprobado los pilares básicos como el techo de gasto o la senda fiscal a medio plazo, objetivos que se han diluido en los meandros parlamentarios. Bien es cierto que algunos países de nuestro entorno comparten la misma sensación de falta de rumbo o de provisionalidad. Otros, tal Alemania, aplican con rigidez unas reglas de desendeudamiento diseñadas en un contexto de bonanza industrial que ha desaparecido.
La singularidad reside en el buen momento coyuntural de la economía española, la única entre los grandes países europeos que crece por encima de su potencial, generando una ventana de oportunidad para reducir el agujero estructural que arrastran las cuentas públicas en el último lustro. La primera parte del año se salda con la persistencia de un déficit apenas inferior al registrado el año pasado (una escasa décima menos, con datos hasta mayo del total de administraciones salvo las locales). Persiste el llamado déficit primario, es decir el que se obtiene descontando el pago de intereses de la deuda, cuando se esperaría al menos un equilibrio en este barómetro de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entre enero y junio, los pasivos de las administraciones se incrementaron en más de 51.000 millones de euros.
Además, la política fiscal debería pasar el relevo a la monetaria para estimular la economía en su punto débil, que es la inversión productiva. Se espera un gesto del BCE en los próximos días: el ajuste de los tipos de interés, aunque limitado (probablemente un descenso de un cuarto de punto), podría despejar las expectativas de inversión y al tiempo potenciar el efecto multiplicador de los fondos europeos. En todo caso, en un entorno expansivo, la coincidencia de estímulos presupuestarios y monetarios conlleva riesgos de desvío de recursos hacia actividades menos productivas o socialmente poco útiles. Esta superposición de estímulos también genera un exceso de demanda, presionando los precios, particularmente en los sectores de servicios.
Una estrategia presupuestaria más acorde con el ciclo también ayudaría a consolidar la financiación del déficit. Hasta la fecha el Estado ha logrado colocar deuda en condiciones favorables, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que se enfrenta a una prima de riesgo tensionada. Pero ojo, porque se avecina una primera prueba de estrés con el cese total de la compra de deuda por parte del BCE: el banco central ha anunciado que se deshará de todos los bonos adquiridos durante la pandemia que llegan a vencimiento a partir del año que viene (durante el presente ejercicio todavía procede a recompras parciales). Todo apunta a que, incluso en un escenario de relajación monetaria, las nuevas emisiones de deuda entrañarán un coste más elevado que la deuda que vence.
En suma, un replanteamiento de la política fiscal es ineludible (también sería coherente con las nuevas reglas europeas, si bien este no es el principal argumento). Las prórrogas presupuestarias han sido recurrentes, pero en esta ocasión el impacto de una nueva dilación será más perceptible. Las actuales cuentas se concibieron en 2022, en un contexto sanitario, monetario y geopolítico que poco tiene que ver con la situación actual. La prolongación del ciclo expansivo, y por ende el margen de maniobra para operar reformas de gobernanza, como la de la financiación autonómica, dependen de la puesta en marcha de una estrategia fiscal creíble. Los dilemas solo pueden agudizarse, de no conseguir un consenso en torno a las grandes directrices fiscales que guiarán la economía en los próximos años.
DÉFICIT | Las restricciones derivadas de la prórroga presupuestaria se están reflejando en las cuentas del Estado, con un déficit en retroceso como consecuencia de un crecimiento moderado del gasto del 2% (durante el periodo de enero a mayo, en comparación con un año antes). La incidencia es menor en el caso de las comunidades autónomas, cuyas cuentas registran un déficit al alza y un incremento del gasto del 5,9%, casi tres veces más que el Estado. Los fondos de la Seguridad Social arrojan un equilibrio financiero, tras las transferencias recibidas del Estado.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
