La evolución reciente de las emisiones de gases de efecto invernadero (que tras estabilizarse entre 2014 y 2016 no han dejado de repuntar, principalmente en las economías emergentes) y la evidencia de los primeros efectos del cambio climático han aumentado el interés en el análisis de su impacto macroeconómico.
Uno de los estudios pioneros y más interesantes sobre este tema es la evaluación de impacto que acompaña al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que incluye algunas estimaciones macroeconómicas. El PNIEC prevé una reducción de la intensidad energética primaria de un 37% en 2015-2030 y un aumento de la penetración de las renovables en la demanda final del 42%, frente al 17% actual para conseguir atajar el cambio climático.
El estudio se plantea dos escenarios: uno tendencial en el que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían un 8% respecto a 1990; y otro objetivo, en el que para 2030 las emisiones se habrían reducido un 20%. El plan estima que, para alcanzar este último, sería necesario un aumento de la inversión de 195.000 millones respecto al escenario tendencial, de los cuales un 80% correspondería al sector privado. Además, el necesario cambio del sector energético supondría, en términos macroeconómicos, un choque positivo adicional, al sustituir combustibles fósiles importados por energías renovables. Este descenso en las importaciones sería permanente e impulsaría el valor añadido generado en el país.
Ambos shocks nos dejarían un PIB un 1,8% mayor en 2030, además de un incremento del empleo del 1,7% y una reducción de la tasa de paro de entre 1,1 y 1,6 puntos. Estos efectos compensarían algunos costes, como los derivados de las desinversiones en las centrales nucleares y de carbón a partir de 2025. Por último, a pesar de que el sector público tendría que invertir 37.000 millones de euros en los próximos diez años, el efecto presupuestario sería contenido, ya que esta inversión sustituirá otros gastos (aparte de que el efecto sobre la actividad permitiría generar ingresos adicionales).
La reducción de la dependencia energética es un asunto capital para España, ya que esta ha supuesto una carga considerable sobre nuestra balanza comercial. Estimamos que la ganancia que han permitido los avances recientes en reducción de intensidad energética y aumento de generación renovable es de 15.000 millones de euros desde 2015. Si el déficit energético en volumen se hubiese mantenido en el entorno del 3% del PIB desde 2015, el saldo en la actualidad sería superior a los 32.000 millones de euros. Aunque es un impacto moderado, es recurrente, de manera que debe tomarse en cuenta como un efecto positivo asociado a la transición energética.
No obstante, queda mucho trabajo por hacer en este frente. En los últimos diez años, tanto la transición energética como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en España han estado muy determinados por la crisis y el reajuste estructural y sectorial que esta indujo. El cambio en la estructura sectorial explica una parte relativamente superior de la menor intensidad energética con respecto al área euro (un 50% frente a un 25%).
«Son necesarios esfuerzos adicionales en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución macroeconómica».
En cualquier caso, la buena noticia es que la demanda de energía en España ha cambiado de composición tanto en lo referente al consumo eléctrico como al global de consumo energético (petróleo, gas, carbón). Gracias a esto, durante la recuperación económica la demanda energética ha crecido menos que el PIB. La elasticidad energía-PIB, es decir, el cambio respectivo entre las dos variables ha pasado de 1,3 a 0,3; lo que significa que con un crecimiento de un punto de PIB, la demanda de energía crece solo 0,3 puntos, frente a los 1,3 puntos del periodo anterior. Esto se ha conseguido modernizando los procesos productivos, por un lado, pero también gracias al menor peso específico del sector de la construcción en nuestra economía que mencionábamos. La consecuencia es que el consumo de energía en toneladas equivalentes de petróleo por cada euro de PIB se ha reducido (algo que ha pasado en todas las grandes economías del euro).
El mínimo de emisiones se alcanzó en España en 2013 y posteriormente, con la recuperación económica, se han registrado oscilaciones, pero con una tendencia alcista hasta 2017. En 2018, las estimaciones que realizó el gobierno en julio apuntaban a una reducción del 2,2% respecto al año anterior, gracias a una reducción de las emisiones del sector eléctrico, compensada en parte por mayores emisiones en el sector del transporte.
Atendiendo a las emisiones por sectores, es destacable que pese al escaso peso relativo de la manufactura en España (apenas un 12,1% del valor añadido bruto de la economía, comparado con el 23,1% de Alemania o el 14,8% de Suecia) esta es responsable del 23,7% del total de emisiones, un porcentaje superior a la media de la UE. También destaca negativamente la alta contribución, absoluta y por tanto relativa, del transporte privado. Las altas temperaturas del país hacen, por el lado contrario, que la contaminación producida por la climatización de los hogares no sea particularmente elevada.
La conclusión es que son necesarios esfuerzos adicionales en eficiencia energética. Aunque el cambio climático se trata de un choque de naturaleza estructural y de efectos a medio y largo plazo, las acciones para prevenirlo van a tener cada vez una mayor influencia en la evolución macroeconómica. Lo ocurrido con la industria del automóvil europea desde la entrada en vigor de la nueva normativa de pruebas de emisiones en septiembre de 2018 es un buen ejemplo.
España tiene varias características que la colocan entre las economías de mayor exposición al impacto del cambio climático en Europa. Dadas nuestra dependencia energética y abundancia de recursos renovables, acelerar la transición hacia una economía baja en carbono es una oportunidad y una forma de asegurarse frente al impacto futuro.
Más información en el artículo “La economía española frente al cambio climático y la transición energética“, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274
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