Cuatro millones: esa es la cifra redonda de personas con discapacidad que, de acuerdo con la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía y Situaciones de Dependencia del INE, residían en 2008 en España. Las personas con discapacidad representaban entonces, hace diez años, alrededor de un 8,5% de la población total de España.[1] ¿Una de cada doce personas? Así es, aunque quizá nos parezca una proporción exagerada, que no se ajusta a nuestra percepción diaria del fenómeno de la discapacidad. Y es que la discapacidad carece de una alta visibilidad pública, entre otras razones, porque muchas personas afectadas por ella no presentan signos manifiestos, y otras, las que sufren discapacidades más graves, desarrollan buena parte de su vida de puertas adentro de su hogar. Es incluso previsible que la nueva Encuesta de Discapacidad del INE, cuya realización se halla próxima, ponga de manifiesto un aumento absoluto del colectivo de personas con discapacidad (como ya hizo, por cierto, la encuesta de 2008 respecto a la inmediatamente anterior de 1999). Esta previsión parece razonable ante el volumen creciente de personas de edad avanzada, entre las que se concentra la prevalencia de discapacidades.
Las situaciones de discapacidad son muy variadas, dependiendo del tipo (física o motora, sensorial, psíquica o intelectual), de la especificidad dentro de cada tipo y de la severidad. Esa variedad de situaciones marca diferencias importantes en las actividades practicables por las personas con discapacidad. Pero a toda ellas, por encima de esas diferencias, se les puede (y debe) suponer el deseo de ser consideradas no solo formal, sino también efectivamente, como miembros de pleno derecho de la sociedad; en definitiva, no solo como ciudadanos con derechos subjetivos a la protección de nuestro Estado del bienestar, sino también con oportunidades de acceso a las ocupaciones que estructuran la vida propia, le proporcionan un sentido y le abren un horizonte. Entre esas ocupaciones destacan la educación y el empleo.
La discapacidad carece de una alta visibilidad pública, entre otras razones, porque muchas personas afectadas por ella no presentan signos manifiestos, y otras, las que sufren discapacidades más graves, desarrollan buena parte de su vida de puertas adentro de su hogar.
Sin duda, queda un largo trecho por recorrer hasta garantizar la máxima inclusión posible de todas y cada una de las personas con discapacidad en los ámbitos educativo y laboral. En ambos, las brechas entre la población con y sin discapacidad son significativas, como reflejan los Gráficos 1 y 2.
Gráfico 1
Fuente: INE, El empleo de las personas con discapacidad, series 2009-2014 y 2014-2016. Los datos del año 2014, disponibles en ambas series, se han tomado de la serie 2014-2016. Todas las personas con discapacidad incluidas en el gráfico tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Gráfico 2
Fuente: INE, El empleo de las personas con discapacidad, series 2009-2014 y 2014-2016. Los datos del año 2014, disponibles en ambas series, se han tomado de la serie 2014-2016. Todas las personas con discapacidad incluidas en el gráfico tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
No obstante, algunos indicadores permiten concluir que los avances recientes en el ámbito de la educación han sido considerables. Así, entre 2009 y 2016 ha aumentado en casi 14 puntos el porcentaje de personas entre 16 y 64 años con discapacidad reconocida que han completado su educación secundaria: de 42,5% a 56,2% (Gráfico 3). Durante ese periodo, el aumento ha sido más modesto en la obtención de credenciales universitarias (de 13,6% a 15%); pero, en realidad, el “salto adelante” en este nivel de estudios se verificó antes, ya que, en 1999, el porcentaje de titulados universitarios con discapacidad se situaba por debajo del 4% (Huete, 2017: 97). Por tanto, en lo que va de siglo casi se ha cuadriplicado el porcentaje de personas con discapacidad que han concluido estudios de educación superior.
Gráfico 3
Fuente: INE, El empleo de las personas con discapacidad, series 2009-2014 y 2014-2016. Los datos del año 2014, disponibles en ambas series, se han tomado de la serie 2014-2016. Todas las personas con discapacidad incluidas en el gráfico tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Gráfico 4
Fuente: INE, El empleo de las personas con discapacidad, series 2009-2014 y 2014-2016. Los datos del año 2014, disponibles en ambas series, se han tomado de la serie 2014-2016. Todas las personas con discapacidad incluidas en el gráfico tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Llama particularmente la atención el esfuerzo educativo de las mujeres con discapacidad, como se aprecia en el Gráfico 4: si en 2009 las que contaban como mínimo con estudios secundarios completos representaban el 53,7% (4,3 puntos por debajo de los hombres con discapacidad), en 2016 alcanzaban el 71,6% (casi un punto por encima de los hombres con discapacidad).
Lo cierto es que la contribución de las universidades españolas a la inclusión de las personas con discapacidad destaca desde una perspectiva internacional. Así se desprende de las estadísticas de Eurostat: el porcentaje de personas de 30 a 34 años con “dificultades para la realización de alguna actividad diaria básica” que en 2011 habían completado estudios superiores en España superaba en más de diez puntos a los correspondientes porcentajes de Holanda, Dinamarca o Bélgica, y en más de veinte puntos, a los de Alemania o Italia (Tabla 1).
Tabla 1: Tasas de estudios superiores entre las personas (30-34 años) con y sin dificultades para la realización de alguna actividad diaria básica (ambos sexos, países seleccionados de la UE, 2011)
| Personas con alguna dificultad para la realización de actividades básicas | Personas sin dificultades para la realización de actividades básicas | |
|---|---|---|
| Finlandia | 36,7 | 49,6 |
| España | 34,8 | 43,0 |
| Francia | 32,6 | 48,1 |
| Reino Unido | 30,4 | 47,1 |
| Suecia | 29,7 | 51,4 |
| Irlanda | 27,5 | 50,6 |
| UE-28 | 23,9 | 35,8 |
| Holanda | 23,3 | 43,1 |
| Portugal | 22,3 | 24,7 |
| Bélgica | 19,6 | 47,0 |
| Dinamarca | 19,1 | 43,3 |
| Alemania | 14,2 | 29,8 |
| Italia | 8,8 | 20,2 |
Fuente: Eurostat
Menos alentador resulta, sin embargo, el panorama en materia de empleo. A pesar del amplio desarrollo de la legislación laboral sobre discapacidad (Alonso-Olea, 2017), solo una de cada cuatro personas de 16 a 64 años con discapacidad estaba empleada en 2016, una proporción que apenas ha mejorado en estos últimos años de recuperación económica (Gráfico 5). Aun cuando la tasa de actividad de las personas con discapacidad se mantiene en niveles muy bajos (en torno al 35%, aproximadamente 40 puntos por debajo de la de las personas sin discapacidad), su tasa de paro se sitúa significativamente por encima de la de las personas sin discapacidad (véase el Gráfico 2).
Gráfico 5
INE, El empleo de las personas con discapacidad, series 2009-2014 y 2014-2016. Los datos del año 2014, disponibles en ambas series, se han tomado de la serie 2014-2016. Todas las personas con discapacidad incluidas en el gráfico tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
No hay medio más eficaz para la integración de las personas con discapacidad adultas que el empleo. Con esta convicción, el número 26 de la revista Panorama Social, monográficamente dedicado a la inclusión social de las personas con discapacidad, ofrece varios artículos al respecto. Es claro que la oferta actual de puestos de trabajo que pueden ocupar estas personas es insuficiente. Ahora bien, no debe olvidarse que esa oferta no constituye una cantidad fija, sino extensible. Así lo demuestra el documental “Harina en las nubes”, realizado por Ander Duque en el marco del programa En Clave Social de Funcas, que, de manera tan fiel a la realidad como entrañable, relata cómo un buen proyecto, un empeño firme y una gestión eficaz pueden generar puestos de trabajo estable para personas que padecen la que probablemente sea la discapacidad más limitante para el empleo: la intelectual.
Es claro que la oferta actual de puestos de trabajo que pueden ocupar estas personas es insuficiente. Ahora bien, no debe olvidarse que esa oferta no constituye una cantidad fija, sino extensible. Así lo demuestra el documental “Harina en las nubes”, realizado por Ander Duque en el marco del programa En Clave Social de Funcas.
La situación de las personas con discapacidad es una de esas dimensiones en las que hay que fijarse para medir y valorar la calidad de una sociedad. La discapacidad es, al fin y al cabo, un asunto que nos compromete a todos; desde luego, por responsabilidad solidaria hacia quienes viven a diario con ella y sufren las múltiples dificultades que trae consigo, pero también porque constituye una contingencia de la que nadie está libre, tanto menos cuanto más aumente la longevidad y se prolonguen nuestras vidas.
Bibliografía
Alonso-Olea, Belén (2017), “El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la perspectiva del derecho interno español”, Panorama Social 26: 57-67.
Huete García, Agustín (2017), “Las personas con discapacidad en la escuela. Luces y sombras del proceso de inclusión educativa en España”, Panorama Social 26: 93-108.
[1] Téngase en cuenta que no todas las personas con discapacidad recogidas en esa encuesta del INE cuentan con una discapacidad administrativamente reconocida. El número de personas con discapacidad reconocida queda recogido anualmente en la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad. Los últimos datos publicados, correspondientes a 2015, incluían un total de 2.998.639 registros relativos a personas valoradas administrativamente y consideradas, a partir de esa valoración, como personas con discapacidad.
