La Atención Primaria a la salud (AP), una parte fundamental del sistema sanitario público español, ha despertado en los últimos meses gran preocupación social por las demoras en las consultas y porque sus profesionales, especialmente los médicos y en Madrid, se han puesto en huelga. Actualmente la población con seguros privados está creciendo. Más del 30% del gasto sanitario es financiado privadamente.
En España, desde mediados de los años ochenta del pasado siglo, se ha desplegado una estructura de AP relativamente potente y bien situada en las comparaciones internacionales. Estas estructuras no existen en todos los países desarrollados sino sólo en algunos, como el Reino Unido o los países nórdicos, además del nuestro. Los problemas actuales han evolucionado en un proceso que ya dura años. Desde luego la pandemia de la COVID-19 sobrecargó y tensionó el sistema y también se denuncia la escasez de recursos y personal. Pero parece que los males son más profundos.
La AP responde a la concepción de que, idealmente, deben funcionar unos servicios multidisciplinares integrales, que, con el foco puesto en el paciente y con visión global, coordinen todas las actuaciones que le afecten, que sirvan de contacto inicial accesible con capacidad resolutiva de gran parte de los problemas de salud y que sean capaces de proporcionar “longitudinalidad asistencial” (relación estable en el tiempo entre el equipo de AP y cada uno de sus pacientes, que favorezca la promoción de su salud y la prevención y el seguimiento de su evolución a través de todos los episodios de enfermedad y supervisando sus tratamientos). Hay razones teóricas y fundamento empírico para afirmar que una buena AP se asocia con menores costes, mayor satisfacción de la población, mejores indicadores de salud y menor uso de medicamentos (véase el Informe SESPAS 2012).
El 1 de marzo pasado Funcas celebró un seminario virtual de la serie de “Economía y políticas de salud: de la investigación a la acción”, para tratar de discernir los problemas profundos de la AP, especialmente desde el punto de vista de la Economía y a la luz de las investigaciones con fundamento empírico de las diversas disciplinas implicadas. Fue ponente un gran especialista, Vicente Ortún, Profesor emérito de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y comentaristas Remedios Martín Álvarez, médico de familia en el equipo de AP de Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona) y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) y Juan Simó Miñana, también médico, del centro de salud de Rochapea-Pamplona, y editor del muy difundido blog “Salud, dinero y atención primaria”.
En la sesión se puso de manifiesto que existen problemas muy importantes de organización, política de personal e incentivos, que van mucho más allá de la escasez de recursos y tienden a ser ignorados en la discusión pública y política. Entre ellos una organización actual muy burocrática, una rara avis en el mundo, que trata a los servicios sanitarios como negociados estatales decimonónicos que debería ser sustituida por otras fórmulas organizativas, como un sistema de autonomía organizativa responsable para la AP del que ya hay experiencias (Entidades de Base Asociativa, EBA catalanas). Igualmente se propuso descargar a los médicos y enfermeras de tareas administrativas, reorganizar y compartir entre todo el equipo visitas y otras actividades autogeneradas (control de crónicos y niños sanos…), gestión de la demanda por enfermería, etc.
También se insistió en la rígida gestión de personal. Tratándose de unos profesionales de larga y compleja formación, alta especialización y elevadas expectativas, sorprende la ausencia de métodos de selección modernos, carrera profesional y evaluación del desempeño.
En cuanto a la falta de incentivos correctos se puso de relieve el probado potencial trasformador que podría tener la financiación capitativa, frente a presupuestos y salarios, y pago por acto controlado para ciertas actividades. A nivel individual los incentivos también son insuficientes, no sólo en cuanto a nivel de remuneraciones, sino también por el abandono de las demás dimensiones de la compensación laboral. Así, la Medicina Familiar y Comunitaria “cotiza a la baja”: pérdida de poder, prestigio, influencia, vocaciones… Entre los 3.000 primeros puestos MIR pocos son MFC y las administraciones tienen dificultades para incorporar a los ya formados porque la organización no hace atractivas las condiciones de trabajo.
Entre otras aportaciones Remedios Martín expuso en detalle las propuestas de los propios profesionales y Juan Simó recordó su idea del “descremado sociológico” de la AP. Los colectivos con poder de decisión (políticos y funcionarios) y creadores de opinión (periodistas) no la utilizan porque tienen regímenes privilegiados alternativos. El desconocimiento subsiguiente le priva de prioridad.
Acceda aquí al programa, al vídeo completo de la sesión y a las diapositivas del profesor Ortún.
