El despliegue de las redes de nueva generación (denominadas NGA por sus siglas en inglés) que permiten conexiones ultrarrápidas a Internet está revolucionando el sector de las telecomunicaciones y teniendo un impacto importante en el crecimiento económico de algunos países.
¿Cómo está la situación de España en relación al despliegue, accesos y uso de las redes de nueva generación en los últimos años? La respuesta es que recientemente las operadoras de España han realizado un importante esfuerzo y como consecuencia de ello el número de accesos NGA ha crecido de manera importante en los últimos dos años (aunque el nivel de uso de estos accesos es aún muy bajo). Siendo esto cierto, el diagnóstico no puede ser complaciente dado que no ocupamos un lugar destacado en Europa, ni Europa en su conjunto es un líder mundial en NGA. Esto nos lleva a una segunda cuestión, que consiste en analizar los incentivos de las operadoras a invertir y competir en NGA. En cuanto a los mismos se reconocen tres características fundamentales del mercado actual que a nuestro juicio son determinantes de la estrategia de inversión y competencia de las operadoras: 1) las posibilidades de diferenciación recaen en el mercado de contenidos, 2) el empaquetamiento de servicios y, 3) la compartición de infraestructuras.
Este es el punto de partida para discutir los principales desafíos regulatorios que se deberían acometer en el futuro en este mercado tan dinámico. Del análisis de la regulación existente se deduce cierta incertidumbre sobre los incentivos que tienen los operadores a mantener el ritmo actual de las inversiones y se advierte que existe el riesgo de que el ritmo de despliegue de la fibra se ralentice cuando se haya completado el despliegue de las NGA en las zonas más pobladas (de hecho, las disparidades regionales actuales en cuanto a posibilidades de acceso son marcadas). La regulación actual se puede resumir en dos ideas fundamentales. La primera es que se obliga a las empresas a que faciliten a las competidoras el acceso a las infraestructuras de obra civil y el acceso vertical a los edificios (acceso desde el portal del edificio a cada uno de los consumidores). Aunque es difícil calibrar las condiciones de acceso que garantizan una retribución justa de los costes incurridos por las empresas establecidas y no suponen una barrera para la entrada de nuevos competidores, estas regulaciones de acceso son difícilmente rebatibles. Carecería de sentido duplicar el acceso a los abonados dentro de los edificios y tiene sentido explotar las economías de escala en obra civil que suponen una gran parte del coste total de la infraestructura. La segunda idea es distinguir entre zonas donde la densidad de población permite que exista competencia en infraestructuras, y otras donde no se espera que vaya a haber dicha competencia. En las primeras no impone condiciones de acceso, mientras que en las segundas sí se establecen condiciones de acceso que permitan competencia en servicios. En particular, la CNMC ha identificado nueve municipios españoles (Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Málaga, Móstoles, Sevilla y Valencia) en los que hay evidencia de que existe competencia en infraestructuras porque existen al menos dos redes de fibra óptica y una red de cable. En estos municipios no existirían restricciones regulatorias de acceso a las redes de fibra óptica más allá de los accesos a la obra civil y accesos verticales. Sin embargo, en el resto de las zonas si se obliga a facilitar un acceso «virtual» a los competidores. Surge la duda de si esta regulación genera los incentivos suficientes para que se produzca el despliegue de las NGA en zonas no densamente pobladas. Podríamos tener la paradoja de que la regulación protegiese la competencia sobre una infraestructura que la propia regulación no incentiva a desplegar.
“Este nuevo marco regulatorio debería tener en consideración que los incentivos de las empresas a invertir en redes de NGA y su comportamiento competitivo en el mercado dependen, en gran medida, de su posicionamiento en el mercado de contenidos y las posibilidades de empaquetamiento de servicios”.
Destacan entonces dos importantes retos regulatorios. Por un lado, diseñar una regulación que prolongue el esfuerzo inversor actual en las NGA, y por otro, conseguir un nivel de competencia suficiente que genere además ofertas comerciales atractivas a los consumidores, que aumenten la tasa de uso de las NGA y que ayuden a aprovechar la capacidad instalada en NGA.
La principal conclusión de este artículo es que hay que repensar el actual marco regulatorio no solo para promover más incentivos a la inversión en las zonas menos densamente pobladas, sino también porque la competencia en infraestructuras no siempre será factible y deseable dado el tamaño de la inversión. Por último, este nuevo marco regulatorio debería tener en consideración que los incentivos de las empresas a invertir en redes de NGA y su comportamiento competitivo en el mercado dependen, en gran medida, de su posicionamiento en el mercado de contenidos y las posibilidades de empaquetamiento de servicios.
Esta entrada es una versión reducida y editada del artículo “Retos regulatorios en el despliegue de las redes de nueva generación en España”, publicado en el número 145 de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA.
