La transición a la democracia en España trajo consigo profundos cambios en el nivel, composición y distribución por escalones de gobierno del gasto público. Entre ellos, destacan tres. En primer lugar, su vigorosa expansión, tanto en nivel absoluto como en términos del Producto Interior Bruto (PIB). En segundo lugar, un cambio en la composición. El gasto que más aumenta es el asociado al Estado del bienestar (sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo), sin olvidar el fortísimo esfuerzo inversor en infraestructuras, tanto en perspectiva histórica como comparada. Finalmente, la descentralización financiera. Con poco más de treinta años de vida, las comunidades autónomas (CC.AA.) se han convertido en los agentes principales del gasto público directo, permaneciendo los programas de transferencia de rentas en manos de la Administración central. España es hoy uno de los países del mundo con una mayor descentralización del gasto público.
«Aunque el gasto ha aumentado considerablemente, la convergencia con nuestros socios no ha sido completa. A lo largo del tiempo, la ratio del gasto público sobre el PIB ha mantenido una brecha respecto a la media de la Unión Europea y de la OCDE que la crisis ha cerrado de forma aparentemente transitoria».
Aunque el gasto ha aumentado considerablemente, la convergencia con nuestros socios no ha sido completa. A lo largo del tiempo, la ratio del gasto público sobre el PIB ha mantenido una brecha respecto a la media de la Unión Europea y de la OCDE que la crisis ha cerrado de forma aparentemente transitoria. En primer lugar, por la mayor intensidad y duración de la crisis, que han hecho mayor el tamaño del output gap y, con ello, elevado más rápidamente la ratio en España; y han disparado el gasto por desempleo y los intereses por una deuda en dinámica explosiva. En segundo lugar, por las medidas de estímulo fiscal y el retraso en el arranque de los recortes en el trienio 2008-2010. En 2011 comienzan los recortes del gasto, que se intensifican en 2013 y 2014. Y los planes del Gobierno central son continuar el ajuste del déficit por la vía de la reducción de la ratio hasta volver a situarlo alrededor del 38 por 100, de nuevo claramente por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Los últimos datos publicados por Eurostat muestran que España habría alcanzado la ratio máxima de gasto público no financiero en el año 2012 (47,3 por 100 frente a 49,0 por 100 para la UE) y que en 2014 la cifra habría bajado hasta 43,6 por 100, la más baja desde el año 2008. Por el contrario, el conjunto de la UE habría anotado su máximo en 2009 (50,3 por 100) y la reducción desde entonces habría sido menor que en España, con una ratio para 2013 de 48,1 por 100. En lo que se refiere a la composición del gasto, también existen matices a la convergencia. En términos relativos España pone el acento en orden público y seguridad, protección al medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios y actividades recreativas, culturales y religión. E incide claramente menos en educación, defensa y protección social. En el gasto en salud, servicios generales y asuntos económicos España se halla más cerca de lo esperable, teniendo en cuenta que el gasto público total es menor.
«En el caso de educación no solo gastamos menos sino que también lo hacemos de forma menos eficiente. En todas estas áreas existe margen de mejora, incluso teniendo en cuenta el contexto en el que se deben ejecutar las políticas».
El análisis de la eficiencia con la que se planifica y ejecuta ese gasto ha sido variable. Comparativamente somos más eficientes en el área de salud y menos en protección social, servicios generales y educación. En el caso de educación no solo gastamos menos sino que también lo hacemos de forma menos eficiente. En todas estas áreas existe margen de mejora, incluso teniendo en cuenta el contexto en el que se deben ejecutar las políticas. Un margen que va a ser obligado explorar si se cumplen los objetivos fijados para el gasto público español hasta el 2018, y la continuada reducción del déficit y del nivel de deuda para 2020, con recursos en términos nominales prácticamente congelados y reducciones sustanciales en términos de PIB. Además de la necesidad de mejorar en educación, el reto va a ser exigente en el frente de la sanidad, porque la posibilidad de mejora en la eficiencia es menor y los recursos financieros destinados van a verse prácticamente congelados.
Finalmente, la efectividad estimada del gasto público en la redistribución de la renta es solamente moderada. Por su parte, los problemas de déficit público e inestabilidad fiscal de España se encontrarían más en el lado de los ingresos (por la extrema prociclicidad durante el boom inmobiliario, pero también por el fraude fiscal y la insuficiencia estructural), que en el del gasto.
Esta entrada es un resumen del artículo «El gasto público en España en perspectiva comparada: ¿Gastamos suficiente? ¿Gastamos bien?» publicado en el número 147 de Papeles de Economía Española. Puede acceder a la publicación completa aquí.
