El apuntalamiento del crecimiento de la economía española, asentándolo sobre bases firmes de equilibrio interior y exterior, exige cambios en la forma de producir y en la calidad de lo producido, así como la diversificación de los esfuerzos empresariales hacia nuevas actividades y productos. La industria, por su importancia en la innovación y la exportación, debe desempeñar un papel de primer orden en esta transformación del modelo productivo, recobrando parte del peso perdido en la producción durante los años de crisis, en los que se ha visto castigada con especial intensidad por la reducción de la demanda interna. Aún en este marco, su fortaleza competitiva se ha puesto de relieve en el vivo aumento de las exportaciones con el que las empresas han hecho gala de la experiencia en los mercados internacionales adquirida desde mediado el decenio de 1980.
La política industrial puede y debe desempeñar un papel importante en este proceso. Lo han puesto de relieve diversos modelos. No sólo el asiático, a menudo denostado, pero que cuenta en su haber con notorios éxitos, el último el de China. También el alemán y el norteamericano, ambos caracterizados por la pujanza y extensión de la política de innovación, sin duda el centro de atención de la política industrial en los países más avanzados. Asimismo, se deprende de diferentes estudios aplicados que evalúan la eficiencia de los apoyos a la industria. Finalmente, la globalización y los importantes retos tecnológicos a los que se enfrentan hoy las economías (la nanotecnología y la biología o la industria 4.0, con las imprentas 3D, la digitalización de productos y transacciones, los big data y la inteligencia artificial), que resultan tan amenazantes del empleo, requieren una actuación dirigida, no sólo a asegurar la difusión del progreso técnico, sino también a facilitar el tránsito que éste ha de provocar hacia estructuras productivas diferentes.
«Europa hacía suyo el discurso liberal estadounidense sin captar la realidad palpable detrás del modelo de Estados Unidos, una política favorecedora de la investigación y la innovación».
Las industrias europeas pagan hoy el precio de un notable abandono por parte de las administraciones públicas desde el inicio de la década de 1990, que, apoyado en el rechazo al intervencionismo excesivo a veces, y sobre todo mal orientado, de las décadas anteriores, adoptó pautas preferentemente burocráticas, y más raquíticas desde el punto de vista presupuestario. El rechazo lógico a una administración que aspiraba a definir qué sectores debían liderar la economía (picking winers) dejaba paso así al extremo contrario, la ausencia de guías y objetivos públicos con respecto al desarrollo industrial. Europa hacía suyo el discurso liberal estadounidense sin captar la realidad palpable detrás del modelo de Estados Unidos, una política favorecedora de la investigación y la innovación, muy cuidadosa con las pyme innovadoras y muy involucrada en grandes y costosos programas científicos. Solo Alemania entendió esta realidad que hoy resulta clara y patente.
La política industrial debe recuperar su cercanía al sector privado, sin miedo a verse involucrada en intereses espurios. Para ello, solo se requiere una administración bien formada y con claros criterios de actuación. Esta política ha de contar con agencias especializadas y organismos de cooperación público-privada que, de una parte, faciliten el conocimiento profundo de la actividad productiva a las administraciones públicas, y de otra, muestren a las empresas la gama de opciones de apoyo público realmente necesarias y eficaces, resaltando la importancia de desarrollar sus intervenciones en marcos pro-competitivos.
Cuando se analiza la realidad empresarial española, sobresale la ausencia de alianzas, de redes de cooperación, es decir de mecanismos de interacción entre las empresas y con el sector público, un extremo sobre el que alertan los organismos internacionales, sobre todo cuando se refieren a la innovación. Estas redes son la vía fundamental de transferencia de tecnología y de buenas prácticas de gestión, de transmisión de experiencias de conocimientos entre las empresas grandes y la pléyade de microempresas de menos de 10 trabajadores. El reto fundamental que posee la política industrial española reside precisamente en saber fomentar y construir tales redes.
Objetivos y ámbitos de actuación
En lo que respecta a los objetivos últimos de la política industrial, deben ser fundamentalmente dos:
- El aumento de la productividad del trabajo, un aspecto no sólo clave para la competitividad exterior de la industria, y por ende, para su crecimiento, sino también un requisito necesario para que la creación de empresas globales.
- La internacionalización de las empresas, y de la economía, tanto a través de la exportación, como de la incorporación a cadenas globales de valor o mediante la creación o adquisición de filiales productivas en otros países. Sin olvidar la atracción de multinacionales extranjeras, que no es sino parte del objetivo más general de profundizar en la internacionalización de la economía española. En particular, resulta indispensable impulsar las exportaciones, de forma que se cree holgura en la balanza de pagos para crecer e importar, generando empleo, sin incurrir en desequilibrios exteriores, antes al contrario, al tiempo que se avanza en la reducción de la deuda exterior.
«El incremento de la productividad debe cimentarse sobre la incorporación de capital humano y tecnológico al proceso productivo, o dicho de otra forma, de activos intangibles, de escaso peso aún en las empresas españolas. Este es el cambio de modelo productivo que la industria española necesita».
Mientras que la internacionalización de las empresas ha de descansar en una intensa política de promoción exterior y de creación de inteligencia de mercado (un activo con abundante externalidades positivas), que debe ser definida en cooperación entre el sector público y el privado, el incremento de la productividad debe cimentarse sobre la incorporación de capital humano y tecnológico al proceso productivo, o dicho de otra forma, de activos intangibles, de escaso peso aún en las empresas españolas (Gráfico 1). Este es el cambio de modelo productivo que la industria española necesita. En concreto, debe favorecerse el incremento de la innovación, la cualificación de los trabajadores ligada a la empresa, la calidad del capital directivo y la gestión empresarial, la creación de marca, y desde luego, la digitalización, en sus diferentes vertientes. Son todos aspectos en los que existe un gran espacio para la intervención pública, que se justifica en función de las muchas externalidades positivas que posee su acumulación. He aquí un ligero apunte sobre cada uno de ellos.
Gráfico 1
-Innovación. España no ha dejado de perder empresas innovadoras durante la crisis. Con respecto a 2007, su número se ha reducido a la mitad, de 31.000 a 15.300. Detrás de esta sorprendente evolución no sólo se esconde un escaso esfuerzo innovador en la crisis Gráfico 2), que nos aleja de los países líderes en innovación, sino también la fragilidad de su sistema de innovación. España pertenece al grupo de países “innovadores moderados”, junto con Italia, Hungría, Portugal, Grecia, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia y Eslovaquia. Resulta claro que no es el grupo que corresponde a su nivel de desarrollo.
Gráfico 2
–Capital humano. Es imprescindible dotar a nuestro sistema formativo de una mayor base empresarial, en primer lugar, alentando la formación profesional y su carácter dual, su apoyo simultáneo en las empresas y en el sistema educativo, y en segundo lugar, mediante el impulso de los gastos externos en formación de las empresas, que es España son muy reducidos Sólo el 25% de las empresas industriales gastan en formación, y dedican a ella como media un 0,2% de sus costes laborales (el gasto medio para las empresas de menos de 50 trabajadores no llega a 1000 euros al año, situándose en 12.500 euros para las empresas que ocupan a un número de trabajadores entre 50 y 200)
–Capital directivo. Determina la calidad de la gestión de las empresas. En España predominan las empresas con baja calidad de gestión, que ascienden al 71% del total, un porcentaje que se eleva en las de menos dimensión. Se trata de empresas en las que los objetivos no están suficientemente bien definidos, su cumplimiento no está controlado, los esfuerzos de información sobre nuevas tecnologías son reducidos, como también lo son los dedicados a conocer el mercado, a relacionarse con otros pares o con entidades técnicas, o a digitalizar los procesos productivos y de marketing.
-Capital de marca. Aún son minoría las empresas que potencian la marca como vía de reputación y garantía de calidad de sus productos, a pesar de sus efectos positivos sobre la cuota de mercado. La política industrial debe incentivar este aspecto, pero sobre todo, debe aprovechar el enorme potencial que poseen las marcas colectivas (denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales reconocidas y marcas de garantía), apenas utilizadas todavía. También la Marca España.
–Digitalización. Este cambio tecnológico múltiple, que avanza a un ritmo rápido en la mayor parte de sus facetas, no va a encontrar a las empresas industriales españolas muy preparadas, a juzgar por el limitado avance que muestran en los desarrollos más básicos. En efecto, aunque el dominio de Internet alcanza ya casi al 80% de las empresas, el alojamiento interno de web sólo lo hace al 30% y las ventas por la red a un porcentaje aún más bajo.
En definitiva, actuando sobre todos estos intangibles y mediante la promoción exterior, una nueva política industrial debe buscar el crecimiento de la productividad y la internacionalización de las empresas. La base de su éxito descansa en una administración pública necesariamente reformada, adaptada a los tiempos modernos, acorde con las oportunidades y amenazas que representa la globalización, de visión amplia, capaz de interaccionar estrechamente con el sector privado sin plegarse a sus intereses, de promover y coordinar iniciativas y de construir y extender las redes de cooperación entre todos los agentes involucrados.
Esta entrada es un resumen del artículo Una nueva política industrial para España, publicado en el número 257 de Cuadernos de Economía Española. Puede acceder aquí al sumario y la descarga de la revista.
