Uno de los debates político-económicos más necesarios pero también más viciados y desvirtuados de nuestro país de los últimos tiempos es el de los sistemas de financiación territorial. Se trata de una de esos temas en los que con frecuencia se un hace uso interesado de metodologías técnicas con diferente nivel de rigor para exponer, según convenga, una posición de aparente agravio en términos de solidaridad o de reparto del pastel. Una cuestión que hay que clarificar políticamente —empezando por las conversaciones para formar un nuevo gobierno— y, sobre todo, entre administraciones públicas a diferentes niveles. En el trasfondo, aparece la realidad de un sistema que precisa una revisión urgente.
«Diferentes estudios muestran la urgente necesidad de revisar las elevadas diferencias territoriales de gasto que cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades. También revelan la importancia de adecuar los sistemas de financiación a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial».
La publicación a principios de este mes del sistema de cuentas públicas territorializadas ha sido el último motivo de discusión. Del sistema ahora cuasi-oficial se puede cuestionar algún aspecto metodológico (no hay ninguno perfecto), pero hay elementos objetivos que revelan diferencias poco justificables y difícilmente aceptables para el ciudadano informado de algunos territorios. La sensibilidad de cada uno se ve influida por su sentido de pertenencia y su experiencia, pero hay diferencias persistentemente llamativas. En mi caso, por ejemplo, soy un valenciano que ha pasado una gran parte de su vida en Andalucía y otra en el extranjero. Tres perspectivas muy distintas para evaluar la realidad financiera territorial española. Por ejemplo, se observa repetidamente que la Comunidad Valenciana es la que menor financiación recibe per cápita. Resulta difícil de entender por no emplear palabras más gruesas. Esta infrafinanciación mostrada sistemáticamente por las estadísticas no puede ni debe mezclarse de modo demagógico, como se hace con frecuencia, con otros temas como el posible castigo por una mala gestión financiera pública en los años anteriores a la crisis. También se aprecia, para hacer estas disparidades aún más difíciles de digerir, que algunos de los territorios que menos reciben son también los que más aportan. Diferentes estudios conjuntos de la Fundación BBVA e Ivie, entre otros, muestran la urgente necesidad de revisar las elevadas diferencias territoriales de gasto que cuestionan las políticas de igualdad de oportunidades. También revelan la importancia de adecuar los sistemas de financiación a los compromisos constitucionales de equidad interterritorial.
Hay otras disparidades regionales significativas. Llama la atención, por ejemplo, en materia de infraestructuras públicas, que se hayan realizado determinados proyectos del tren de alta velocidad (AVE) —que pronto serán realidad— con difícil justificación económica, mientras no existe fecha para una conexión de AVE en un eje de crecimiento como el corredor del Mediterráneo (para empezar, por ejemplo, entre Barcelona y Valencia, segunda y tercera ciudades del país). Porque con datos así ¿qué realidad se está transmitiendo a los ciudadanos de unas comunidades y otras?
Los matices de este debate merecen un análisis mucho más detallado que este artículo, pero las evidencias insostenibles pueden expresarse con pocas palabras. Guste a quien guste y para evitar un enorme coste político, económico y social a largo plazo con consecuencias imprevisibles, el debate de la financiación autonómica —junto al de determinadas inversiones públicas— no puede aplazarse ni un minuto más.
