En el presente año 2014 se ha iniciado la negociación para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) de régimen común. Como siempre, el debate público evidencia que los intereses de las distintas comunidades son contrapuestos. Una cuestión central en el debate es si la financiación debería distribuirse exclusivamente en función de la población o considerando otros factores como en la actualidad.
Entre 2002 y 2009, la población tuvo un peso considerable en la distribución de los recursos, pero no era el único factor. Desde la reforma de 2009 se dio un paso más en la consideración de la población. El Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales asigna el 75% de los recursos tributarios en función de la población que vive cada año en cada comunidad autónoma, aunque ajustando por factores como el envejecimiento, los grupos de edad, la superficie, la dispersión u otros. Sin embargo, existen otros fondos (de suficiencia global, cooperación y competitividad) que no responden a un criterio poblacional.
Para aportar un elemento al debate en torno al peso de la población, hemos distribuido el total de los recursos que genera el vigente sistema de financiación de las CCAA de régimen común (excepto Canarias) por los habitantes de cada comunidad a 1 de enero. La comparación de la distribución siguiendo el criterio de población con la financiación real, todo ello para la media de los años 2009 a 2011, aparece en el cuadro:
Fuente: Liquidación del sistema de financiación de las CCAA de régimen común. Minhap.
Para interpretar estos resultados, es necesario precisar lo siguiente:
- La financiación real corresponde a competencias homogéneas más los fondos de cooperación y de competitividad.
- Se excluyen los recursos no sujetos a liquidación, esto es los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, y sobre sucesiones y donaciones, tasas sobre el juego, tasas afectas a los servicios traspasados, impuesto especial sobre determinados medios de transporte e impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
- No se incluyen Canarias, Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra por las peculiaridades de sus respectivos sistemas de financiación.
La distribución de los recursos por población supondría modificar el reparto de un total de 3.571,1 millones de euros entre comunidades, lo que representa sólo el 4,32% de los recursos. Las CCAA beneficiadas serían las de Cataluña Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Madrid, en las que en 2011 vivían 30.153.773 habitantes. Las demás comunidades han venido recibiendo más recursos que los que corresponderían a su peso poblacional estricto, que era en dicho año de 11.922.442 habitantes. En consecuencia, para igualar la financiación del Estado por competencias comunes, los habitantes de las CCAA de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla y León, deberían perder 299,53 euros por habitante. Por su parte, las CCAA de Cataluña, Andalucía, Murcia, C. Valenciana, I. Baleares y Madrid recibirían en promedio 118,43 euros por habitante.
Hemos hecho un ejercicio muy simplificado que pone de manifiesto la dificultad de una total eliminación de las diferencias por habitante a corto plazo, porque para la mayoría de las comunidades afectadas el tamaño relativo del cambio sería muy significativo y afectaría a su viabilidad financiera.
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Alain Cuenca y Rosa González son investigadores de Funcas.
